Un maestro del Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó a la institución reconocerle en su salario un plus por supuestamente haberse sometido a una capacitación de 780 horas en siete cursos virtuales que, según los certificados aportados, recibió entre el 1.° de octubre y 1 °. de noviembre del 2020.
Una simple matemática arroja que es prácticamente imposible que haya participado en tales cursos durante esos 31 días, pues, si todo fuera cierto, el educador habría tenido que vivir días de 25 horas (y no de 24, como el resto de los mortales) para completar las 780 horas, eso sí, sin tiempo para dormir, comer o reposar.
Para el MEP es evidente que la intención del docente fue inflar su salario con un hecho falso pues, por cada 40 horas de capacitación, se le otorga un punto de carrera profesional. Cada punto equivale al pago de ¢2.273. Así, este funcionario obtuvo por esas supuestas capacitaciones 19,5 puntos de carrera profesional, los cuales se convierten en ¢44.323 adicionales a su salario mensual.
Este caso terminó de confirmar las sospechas del MEP de que algo irregular pasa con las capacitaciones de educadores, tal y como lo dejó ver una denuncia planteada el 21 de junio por otro empleado a las autoridades del Ministerio. Él fue muy honesto y directo: dio a conocer que educadores compran títulos de cursos de capacitación que nunca recibieron.
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Fue esa alerta la que hizo al MEP correr al Ministerio Público, el 25 de junio, para pedir una investigación contra dos empresas que se promocionan en redes sociales y también contra funcionarios de la institución.
“El MEP denunció, ante el Ministerio Público, supuestas anomalías en la emisión de títulos por capacitación, a docentes, para ser utilizados como respaldo al reconocimiento de puntos de carrera profesional. Además de la denuncia, el Ministerio procedió a dar instrucciones a la Dirección de Recursos Humanos para aumentar los controles a la hora de certificar la validez de los títulos presentados por los docentes para dicho reconocimiento”, aseveró Steven González, ministro de esa cartera.
Advirtió que, de demostrarse la ilegalidad, los docentes implicados enfrentarán denuncias penales, procedimientos administrativos, y gestiones para recuperar las sumas pagadas de más.
Las pesquisas por este caso están a cargo de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen, por los delitos de enriquecimiento ilícito y uso de documento falso.
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Con la entrada en vigencia de la ley N° 9635, denominada Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas (9635), de 2018, la forma de reconocimiento de los puntos de carrera profesional cambió. Ahora, solo se reconocen los cursos que han sido sufragados por el mismo funcionario, no los impartidos por alguna Institución pública ni por el patrono, como ocurría antes.
Denuncia
De acuerdo con el funcionario denunciante, luego de darse cuenta de la cantidad “desmedida” de certificados de cursos para reconocimiento de puntos de carrera profesional presentados por otros trabajadores le surgieron dudas. Movido por la desconfianza, averiguó sobre las gestiones para la recepción y trámite de ajustes de carrera profesional.
Así, por ejemplo, encontró que los títulos que presentaban los interesados como prueba de que realizaban los cursos, cumplían, en apariencia, con los requisitos para ser recibidos y ganar los puntos.
Consultó los contactos de una de las dos empresas en el país que dan esos cursos virtuales a los empleados del MEP para capacitarse. La firma, le envió una lista de cursos y él seleccionó algunos de su interés.
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“Cuando ya contaba con la contraseña y la clave, los comencé a hacer, pero observé que la forma de resolver los formularios contaba con un ‘error’ muy evidente, el cual consistía en que, al contestar la primera pregunta de cada formulario, se le da clic a enviar dicho formulario y el mismo sistema te da de regreso todas las respuestas resueltas, y brinda la oportunidad de sacar fotografías de las mismas y con las tres opciones que se tienen para enviar el formulario lleno, ganar el curso se facilita, pues ya se tiene las fotografías para resolver.
“Seguí realizando los cursos y en menos de dos horas, de 7 p. m. a 9 p.m., tenía aproximadamente 1.200 horas resueltas. Al día siguiente, terminé el resto de las horas para completar un total de 2.240 horas en menos de cuatro horas. Al comunicarle al encargado de la capacitación, no dedica tiempo en consultarme cómo había resuelto en tan poco tiempo todos los cursos y me pregunta dónde podía entregarme los certificados, que si podía venir a mi casa y le brindé mi dirección”, detalló el funcionario en la denuncia que la Fiscalía tramita bajo el expediente: 21-002033-0175-PE.
Afirmó que al día siguiente recibió una llamada del encargado de la empresa para indicarle que ya estaba frente a la vivienda con los certificados. Se los entregó, aunque él le informó que no tenía el dinero completo. Le consultó si era posible pagar en partes. Lo que obtuvo por respuesta fue que pagara los ¢224.000 cuando pudiera.
“Al revisar título por título realmente comprendí lo que días antes no me dejaba tener paz. Observando de forma tangible las fechas al azar descritas en cada certificado, fechas del año 2020, fechas de principio de este año (2021), fechas de abril, mayo… que es claro que no coincidían con lo que en realidad sucedió”, detalló el denunciante.
El funcionario le dijo al encargado de la empresa que si podía ir a su oficina para hacerle el pago. Al llegar, el empleado de la firma le pregunta qué le habían parecido los cursos.
“Le dije que no podía recibirlos (los títulos) ni mucho menos presentarlos, que tengo mucho que perder, que ya son muchos años en mi puesto, que tengo una confianza que por mi naturaleza me la he ganado de parte de mis superiores y, sobre todo, mi integridad y ética, que estaba claro que soy consciente del gasto en que incurrió la empresa en cartulina, tinta y tiempo, que de deberle algo me indicara. Simplemente me respondió que no me preocupara, que no era nada. Sentí mucha paz, esa paz que ya había perdido. Regresé a mi trabajo y una vez más veía cómo seguían desfilando las personas con tantos certificados, en mis adentros ya conocía la forma en que posiblemente la mayoría de estas personas realizaban dichos cursos”, relató.
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Estas compañías se promocionan con anuncios como: “Invierta en capacitaciones y mejore sus ingresos el próximo año. Compañero que se capacitó con una oferta de 1.200 horas sube 30 puntos en carrera profesional y subió 2,56 puntos la nota en concursos (de Servicio Civil). Subió ₡78.794 en puestos por jornada, subió ₡126.071 en puestos por lección y subió ₡105.059 en puestos por horas. Tenemos una oferta de 1.920 horas de cursos de aprovechamiento, por solo ₡145.000. Pagás de contado con el salario escolar”. Eso dice uno de los múltiples anuncios sobre los cursos que están en redes.
Negocio redondo
Con esta información, el MEP comenzó a buscar más casos y los encontró. Aparecieron muchos más docentes que habían solicitado el reconocimiento de puntos de carrera profesional por cursos virtuales, principalmente de dos empresas que se dedican a ello.
Entre los cursos estaban:
- Introducción a las Necesidades Educativas Especiales, de 120 horas.
- Aplicaciones y Redes Móviles en Educación, de 120 horas.
- Estrategias Didácticas Innovadoras para la Docencia, de 50 horas.
- Instrumentos de Evaluación de los Aprendizajes, de 80 horas.
“Existen funcionarios que presentaron capacitaciones realizadas en un mismo mes hasta por 780 horas, que si bien es cierto desde el marco legal aplicable a los documentos, cumplen con los requisitos legales, la realidad es que es muy difícil cubrir las horas alegadas durante los periodos señalados en los documentos de cita”, explicó el MEP en la denuncia ante la Fiscalía.
Encontraron casos de funcionarios que presentaron cursos de más de 600 horas, 300, 80 entre otros.
El 22 de junio del 2021, otra funcionaria encargada de recibir los certificados para reconocimiento de puntos de carrera profesional denunció ante sus superiores las raras situaciones que veía.
“Entre ayer y hoy nos han ingresado cuatro certificados del curso ‘Evaluación de los Aprendizajes en el Ámbito Educativo’, los cuales certifican 200 horas efectivas del 10 de junio al 21 de junio, lo que significa 18 o 20 horas diarias contando fin de semana. Si le excluimos el sábado y domingo, nos da un promedio de 22,2 horas diarias.
“Para efectos de la revisión que nosotros realizamos para avalar el certificado cumple con todas las indicaciones requeridas. Sin embargo, consideramos un robo o estafa al Estado, por cuanto estos funcionarios están en periodo de descanso, con el salario al 100% y además realizan cursos que, en apariencia, no reciben en su totalidad las horas certificadas por la academia. Le solicito nos indiquen cuál es el accionar correcto ante esta situación. ¿Se avalan o no?”, preguntó la funcionaria a sus superiores.
El 25 de junio, otra funcionaria del MEP, de apellido Morales, denunció que la presentación de títulos de capacitación para reconocimiento en carrera profesional “se ha disparado considerablemente”. Por ejemplo, en enero de 2021 hubo 450 ajustes a los puntos mientras que en julio, 1.800 ajustes. “Detectamos probables inconsistencias pues eran demasiadas las horas dedicadas para capacitarse”, dijo.
Explicó que si todo fuera cierto, a mitad del 2021, las dos empresas habían “dado” a docentes del MEP 6.557 cursos virtuales, que representaban 615.000 horas de capacitación. Esas horas correspondían a 15.375 puntos de carrera profesional y un monto de dinero a pagar a los funcionarios de ¢35 millones por mes. De hecho, advirtió que el presupuesto “no alcanzaría para tramitar la cantidad desproporcionada de ajustes de carrera profesional. La Ley 9635 (...)abrió un portillo para la presentación desmedida de cursos de capacitación”, manifestó Morales.
Debido a esta lluvia de certificaciones y pedidos de ajustes, el MEP presentó la denuncia penal. “Con fundamento en los hechos expuestos en líneas anteriores es que respetuosamente solicitamos iniciar una investigación para determinar la comisión del algún delito por parte de funcionarios del Ministerio de Educación Pública o de las empresas que brindan los cursos de capacitación”, fue la petitoria del MEP.
La Fiscalía confirmó a La Nación que cuatro personas están siendo investigadas.
“La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José informó que la causa 21-002033-0175-PE se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. Dentro del expediente se registran cuatro personas de apellidos Araya Vega, Madrigal Vargas, Navarro Aguilar y Zúñiga Urbina, a quienes se les investiga por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y uso de documento falso”, explicó.
La denuncia, sin embargo, no detuvo la venta de estos cursos. En setiembre del 2021, un funcionario del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios dijo que a la hora de cuestionarles a los funcionarios las supuestas capacitaciones que solicitan se les reconozcan en el salario, las empresas acomodan los requisitos a conveniencia.
“Acomodan las horas como les venga en gana, cuando no se les reconoce por improcedentes y claro manifiesto de ser ‘montadas’, las vuelven a montar de forma tal que les calce. Son miles ya de horas, yo no sé sí se ha hecho ver el peso presupuestario de esto a un futuro cercano, para el pago vía ordinaria de miles de miles de horas más, especialmente a partir del otro año, yo seguiré las indicaciones, a sabiendas, como todos los funcionarios, de la clara y manifiesta manipulación, pero sí creo conveniente solicitar a las Autoridades a que actúen de la forma más diligente a fin de que frenar esto ante los Tribunales de Justicia y analizar la posibilidad legal de hacerlo administrativamente”, detalló el funcionario.