Por la ausencia de información sistematizada y los “débiles” mecanismos de control en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, la Contraloría General de la República considera que la gestión de las Juntas de Educación es “una especie de caja negra”.
El ente contralor sostuvo que la forma como se gestionan dichas juntas en la actualidad es “riesgosa” para la Hacienda Pública.
Señaló que a pesar de la gran cantidad de recursos que administran, solo es posible conocer con exactitud los fondos que reciben del Gobierno Central y, de ellos, no se tiene claridad sobre el monto finalmente presupuestado y ejecutado.
Así lo indicó la Contraloría en un informe publicado este miércoles sobre la gestión de estas 4. 554 organizaciones, conformadas por ciudadanos que trabajan “ad honorem”, y que son un órgano auxiliar del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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A las juntas, cuyos miembros son nombrados por las municipalidades, les han sido asignadas diversas funciones.
Se encargan de aspectos generales que van desde “el cuido y vigilancia” de la buena marcha de los centros educativos, hasta el desarrollo de proyectos de infraestructura, administración de comedores escolares y entrega de subsidios para transporte.
Reciben recursos de diferentes fuentes. Solo del Presupuesto de la República, en 2019 percibieron transferencias por ¢289.530 millones, monto que representó el 0,8% del producto interno bruto (PIB) de ese año.
Para setiembre del 2020 tenían una asignación de ¢233.714 millones y para 2021 el Proyecto de Ley de Presupuesto incorpora para estos órganos ¢203.287 millones.
La Contraloría detectó, en una revisión a una muestra de 1.441 juntas, que había diferencias de hasta ¢211 millones en los ingresos, egresos y registros auxiliares para detallar la fuente de los recursos.
Además, no le fue posible conocer la ejecución real versus los montos presupuestados, pues la información trimestral que presentan las juntas ante las Direcciones Regionales del MEP no está sistematizada ni estandarizada.
“Las cuentas bancarias son otro punto álgido. Según información suministrada por los bancos, al mes de junio de 2019 había 10.634 cuentas comerciales a nombre de Juntas, de las cuales 989 tenían estado ‘cerrada o inactiva’ , las cuales registraban en conjunto a junio del 2019 un saldo de alrededor de ¢146 millones, y no se observó algún control o monitoreo sobre ellas.
“Se identificaron 42 casos con más de 5 cuentas registradas; inclusive, se determinó una Junta con 57 cuentas bancarias”, señala el informe.
Según la Contraloría, la asignación de recursos en las juntas y la toma de decisiones se da mediante procesos manuales. Tal es el caso de la matrícula en los centros educativos.
“A pesar de ello, en 2019 se transfirieron ¢186.969 millones distribuidos según este criterio, cifra que representa el 65% del monto trasladado a las juntas ese año”, añadió el informe.
Transferencias
La mayor asignación de dinero que reciben las juntas de educación proviene de los Programas de Equidad del MEP, los cuales comprendieron el 53,6% de las transferencias realizadas en el 2019.
Los comedores escolares son el principal rubro: por este concepto se transfirieron ¢117.106 millones en 2019 y se asignaron ¢115.290 millones para 2020.
Otras erogaciones relevantes son las de infraestructura educativa (construcción, mantenimiento y reparación y compra de terrenos), también por parte del MEP, con ¢21.295 millones transferidos en 2019 y ¢22.890 asignados para el 2020.
Las juntas tienen otras fuentes de financiamiento adicionales al Presupuesto Nacional, como la subvención establecida en la Ley N° 7552, que estipula el traslado del 10% del monto recaudado por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.
Dicha transferencia es realizada directamente por los gobiernos locales hacia las juntas.
Por otra parte, el ente contralor señaló las direcciones regionales no están ejerciendo el control presupuestario adecuado; por ende, no se tiene pleno conocimiento de la cantidad total de recursos que son gestionados por las juntas.
“Al comparar la totalidad de los saldos en cuentas comerciales y en la Caja Única del Estado que poseían las juntas de la muestra al cierre de 2017, se identificaron 132 centros educativos en los que el presupuesto aprobado para 2018 no contempló la totalidad de los fondos disponibles en tales cuentas, con diferencias que incluso superaron el 90% en nueve centros educativos.
“Se estima que los montos no presupuestados para el periodo 2018 oscilan entre ¢562,9 milllones y ¢3.963 millones. De acuerdo con lo externado por las diferentes direcciones regionales y miembros de juntas consultados, por lo general los recursos que no se incorporan al presupuesto corresponden a infraestructura educativa.
“La práctica usual es incluirlos hasta que la DIE (Dirección de Infraestructura del MEP) apruebe el inicio del proyecto y así no reflejar un ‘superávit permanente’. No obstante, es usual que se den atrasos en la aprobación de los proyectos”, indica la Contraloría.
Al 8 de diciembre del 2020, dichas organizaciones tenían engavetados ₡112.000 millones en sus cuentas de Caja Única.
Características de los miembros
A pesar de que manejan millones de colones en recursos públicos, para ser miembro de una junta no se requieren conocimientos sobre el manejo de la Hacienda Pública, como control interno, financiero o aspectos de contratación administrativa.
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Con el fin de ahondar en este tema, de abril a junio de 2019, la Contraloría aplicó un cuestionario a 331 juntas.
Los resultados muestran que el 38,4% de las personas consultadas tienen escolaridad de primaria completa o inferior y solo el 8% reportaron formación universitaria completa. Sin embargo, las funciones técnicas y operativas asignadas por parte del MEP demandan conocimientos especializados
Al respecto, el 39% de las personas consultadas indicaron no haber recibido capacitación sobre las tareas que debían desempeñar.
“El esquema de trabajo actual requiere que las juntas estén en capacidad de realizar procedimientos de contratación administrativa en diferentes modalidades, desde compras por medio de caja chica hasta licitaciones públicas para el desarrollo de obras de infraestructura, así como contrataciones a proveedores de alimentos.
“En cada caso, se deben atender las especificaciones técnicas para garantizar el servicio”, explica el informe.