Daniela Cerdas E.. 4 julio
La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE), agrupa a todo el sector docente debido a que es obligatorio para los funcionarios del MEP afiliarse cuando son contratados y aportar a esta entidad el 5% del salario. Foto: John Durán
La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE), agrupa a todo el sector docente debido a que es obligatorio para los funcionarios del MEP afiliarse cuando son contratados y aportar a esta entidad el 5% del salario. Foto: John Durán

La Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE (Caja de ANDE), destinada a brindar servicios financieros al Magisterio Nacional, acordó no volver a dar préstamos a los docentes que cuenten con menos de ¢200.000 de salario líquido.

Caja de ANDE explicó que la medida obedece a la entrada en vigencia de la nueva ley de usura, publicada el 20 de junio anterior, que prohíbe a las entidades financieras otorgar préstamos a los accionistas cuyo salario líquido sea menor a esa cantidad.

En un comunicado a los afiliados, la entidad manifestó que, de no acatarse esta disposición, podría ser multada con el 1% o 2% de su patrimonio por cada incumplimiento. Cerca de ¢10.000 millones, precisaron.

“Ante tal situación, la Junta Directiva dispuso acatarla y no exponer a la institución de esa posible multa y, por lo tanto, no otorgará créditos que no cumplan con los alcances mínimos establecidos en el artículo 44 ter que se incluye en esa ley. Lamentamos tener que aplicar tal disposición pero se hace en resguardo del patrimonio propiedad de todos los accionistas, construido con su aporte durante más de 75 años de existencia de esta gran institución”, dijo Caja de ANDE en un comunicado.

Añadieron que la Junta Directiva de Caja de ANDE, en coordinación con los gremios representados por dicha junta, como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE) y el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), están explorando “todas las posibilidades legales que conlleven a la aplicación de dicha ley, sin causar afectación de su artículo 44 ter, exactamente en lo que concierne a la prohibición que limita el otorgamiento de crédito a las personas que perciben montos inferiores al salario mínimo legal establecido”.

En 2018, La Nación publicó que hay miles de docentes en el Ministerio de Educación Pública (MEP) que están ahogados en deudas. De hecho, en este entonces, el 60% (50.593) de los 84.322 funcionarios tenía comprometido el 50% de su salario o más, según datos de la institución.

Entre ese 60%, había 18.701 docentes que recibían menos del 20% del sueldo, o sea, los compromisos le consumían un 80% de sus ingresos.

La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de ANDE) es la principal acreedora ya que agrupa a todo el sector docente debido a que es obligatorio para los funcionarios del MEP afiliarse cuando son contratados y aportar a esta entidad el 5% del salario

Por montos recibidos, había 24.946 docentes que percibían menos de ¢200.000, cifra muy pequeña si se considera que la remuneración promedio entre los educadores es de ¢1 millón mensual sin las deducciones de ley.

Se reportaron 6.914 educadores que recibían menos de ¢50.000 y 3.187 que les llegaban menos de ¢20.000.

El MEP contabilizó casos aún peores; 338 docentes que recibía un salario mensual menor a ¢1.000.

Esta semana, BAC Credomatic también informó, mediante un comunicado que, como resultado de la entrada en vigencia de la ley de usura, que aplica topes a las tasas de interés para las operaciones financieras, comerciales y de microcréditos, suprimirán 187.526 tarjetas de crédito a 79.789 clientes, cuyas operaciones se vuelven deficitarias para la empresa.

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