La Escuela de Barbilla, en Matina de Limón, no solo carga con tres órdenes sanitarias de cierre emitidas por el Ministerio de Salud desde el 2015, sino que incluso existe una recomendación para demolerla por ser una edificación “ruinosa e insalubre”.

Este centro educativo de 100 estudiantes es uno de los 72 que reiniciarán el curso lectivo 2021, el lunes 12 de julio, con una orden de cierre.

La mayoría se ubican en la provincia de Limón, donde hay 31 con orden de clausura. Le siguen Puntarenas (13), Alajuela (11), San José (8), Guanacaste (7), Heredia (1) y Cartago (1), confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

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En el caso de la Escuela de Barbilla, los representantes de la Junta de Educación acudieron en marzo a la Sala Constitucional para exigirle al MEP una solución y evitar el riesgo que representa para sus estudiantes.

El MEP informó a Salud de que han tenido problemas para encontrar un lugar apropiado para trasladar el centro educativo, y que los alumnos permanecerán en dichas instalaciones hasta que la Junta busque una opción que cumpla con los requisitos mínimos de reubicación.

El 19 de marzo, mediante la resolución Nº 05847 - 2021, la Sala le ordenó a la ministra de Educación, Giselle Cruz, y a Catalina Salas, de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento (DIE), solventar “de forma definitiva” el problema de infraestructura de dicho centro en un plazo de 12 meses.

De esta forma, los alumnos serán recibidos el lunes próximo 12 en las instalaciones “insalubres y ruinosas” que dejaron el 24 de mayo tras la pausa de medio año.

Las mismas congojas sufrirán los alumnos de las otras 71 escuelas y colegios, considerados en categoría “roja” de “riesgo para la vida humana”.

Por ejemplo, la Escuela Clemente Marín, en Cuatro Esquinas de Pital, San Carlos, Alajuela, fue clausurada desde el 12 de agosto del 2019. El cierre del centro educativo obedeció al mal estado de las instalaciones, en donde estudian 400 menores.

Su edificio de madera fue atacado por una plaga de termitas, tiene filtraciones de agua en el laboratorio de cómputo, además, de problemas en el cielorraso de las oficinas. El Ministerio de Salud también comprobó la presencia de larvas del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika y chikunguña.

Las autoridades sanitarias dieron un plazo para que el centro educativo realizara mejoras, sin embargo, por falta de recursos no se pudieron efectuar.

Esta escuela también seguirá en la lista de centros con orden de cierre que la DIE tiene pendientes de atender.

Otros centros educativos con orden de cierre son:

–Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago.

–Colegio Técnico Profesional de Acosta, en San José.

–Colegio Boca Tapada, en San Carlos de Alajuela.

–Escuela Monte Sion, en Limón.

–Liceo Rural Alto Comte y Escuela Santa Rosa, en Puntarenas.

–Escuela Rodolfo Peters Scheiders, en Heredia.

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En algunos casos, los alumnos se mantienen recibiendo clases en los centros educativos con orden de cierre por la necesidad de continuar brindando el servicio educativo, dijo Catalina Salas, de la DIE. Agregó que, en otros, el MEP busca una solución temporal.

“Actualmente, se alquilan 40 instalaciones temporales para centros educativos. Además, hay Asociaciones de Desarrollo que han realizado préstamos de instalaciones para albergar a estudiantes mientras se desarrollan proyectos”, manifestó Salas.

Esas instalaciones “temporales” pueden durar años y no necesariamente mejoran la situación de los estudiantes. Por ejemplo, la escuela Barrio Limoncito, en Limón, fue clausurada por el Ministerio de Salud en 2017 y tenía 14 órdenes sanitarias desde antes del 2005.

Como no poseían un edificio adecuado, los niños fueron trasladados. Sin embargo, los llevaron a otro lugar inadecuado: un parqueo de una iglesia, en aulas hechas de paredes removibles con latas de cinc, en las cuales, los 30 grados Celsius se sienten aún más intensos por la humedad. Para los 580 alumnos, hay solo dos servicios sanitarios y cuatro lavamanos.

A pesar de que los alumnos estudian en condiciones insalubres e infrahumanas, esta escuela no aparece en el listado de los 72 centros educativos con orden de cierre pues, su edificio original, ya fue cerrado.

Sin dinero

El MEP clasifica las órdenes sanitarias en rojo, verde y amarillo. Según Salas, las rojas son aquellas que presentan la mayor urgencia, pues el centro educativo tiene una orden de cierre o “un riesgo a la vida humana”.

Las catalogadas en amarillo tienen problemas en cumplimiento de normativa, requieren arreglos mayores para solventar problemas en sistema eléctrico y mecánico de la institución.

Las verde son las que se pueden resolver por mantenimientos menores por parte de las Juntas de Educación o bien no representan aspectos de riesgo.

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Contando las órdenes sanitarias rojas (72), más las de condición amarillo y verde (802), el MEP tiene pendientes de atender, en total, 874 centros educativos con problemas de infraestructura.

Sin embargo, Catalina Salas asegura que no tienen los fondos para atender por completo las órdenes sanitarias de 728 centros educativos.

“Hay 728 casos que requieren financiamiento para resolver la orden sanitaria, algunos están en diferentes etapas. Hay unos que se van a financiar con el presupuesto actual y el del otro año de la DIE y otros sí requieren un financiamiento mayor. Estamos tocando puertas” a instituciones, dijo.

Por ejemplo, acudieron a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para que destine fondos del canon del megapuerto de APM Terminals a tres proyectos.

Además, esperan un financiamiento por $123 millones para 60 proyectos en zonas de extrema pobreza.

Añadió que también buscan alianzas público-privadas para financiar infraestructura educativa, pero eso va más lento.

El presupuesto de la DIE de este año es de ¢21.000 millones. Para el 2022 se espera que también ronde ese monto. Actualmente, los funcionarios de esa dirección trabajan en ejecutar los cerca de ¢100.000 millones que las Juntas de Educación tienen depositados en sus cuentas de caja única, algunas desde hace varios años.

Uno de los centros educativos en condición amarilla es el Liceo de Coronado, San José, donde estudian 900 alumnos. Lilliam Vargas, presidenta de la Junta de Educación, dijo que el edificio tiene 52 años y, por alguna razón, dejaron de darle mantenimiento y eso pasó la factura.

“El deterioro fue creciendo. Los baños están colapsados, son pequeños para toda la población, están dañados, tienen 52 años. Los arreglos que se han hecho no surtieron efecto. El sistema de aguas negras también está colapsado. No tenemos canoas; el cielo raso se estaba cayendo. Lo que optó la Junta fue por quitarlo del todo. En el caso de lo eléctrico, en los 22 años que estuve trabajando allí no se hizo nada en esa parte”, dijo Vargas.

La presidenta de la Junta agregó que en una primera etapa para la reparación de la infraestructura les van a liberar ¢75 millones que tenían depositados en su cuenta desde hace cerca de 10 años. Pero eso no alcanza para todo. Ahora la DIE les debe indicar cuáles áreas deben priorizar.

Conforme pasan los meses, aumenta la cantidad de órdenes sanitarias por atender.

Actualmente, hay 874; en diciembre del 2020, el MEP registró 751; en 2018, 662 centros educativos tenían ese tipo de directriz y en marzo del 2017, 440. El MEP tiene 4.500 escuelas y colegios.

Quejas ante la Sala IV

Los representantes de los centros educativos con órdenes sanitarias acuden a la Sala Constitucional para que obliguen al MEP a buscar una solución, pero, para el Ministerio, no es tan fácil.

Catalina Salas afirmó: “Le hemos llevado a la Sala los cronogramas de cumplimiento que podemos realizar. Hay plazos que no se pueden cumplir en tan corto tiempo, es imposible cumplir un proyecto en seis meses. Le hemos dado los cronogramas reales para resolver. Hemos tenido que alquilar instalaciones. La obra es pública y no pudimos ir en contra de los plazos de ley por limitaciones presupuestarias”.

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Prácticamente, los magistrados resuelven un recurso de amparo por semana para obligar al MEP a la atención de la infraestructura paupérrima de los centros educativos.

Por ejemplo, esta semana la Sala IV comunicó de la resolución de dos recursos de amparo contra el Ministerio por infraestructura educativa.

En el primer caso (Res. Nº 2021013195) fue del Colegio Técnico Profesional (CTP) Vázquez de Coronado.

Los recurrentes se quejaron de que, desde junio de 2016, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) realizó la valoración de riesgo de las instalaciones del colegio tras un deslizamiento que se dio en el costado norte de la propiedad.

Recomendaron mantener restringido el paso en el sector norte para evitar que algún estudiante pueda verse afectado por algún desprendimiento de terreno. También solicitaron a la DIE realizar una obra en el límite norte del centro educativo que garantice la estabilidad del talud para proteger la estructura del colegio y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Sin embargo, en el recurso de amparo denunciaron que no se ha realizado ninguna obra de mitigación y los desprendimientos de terreno han aumentado con respecto a la visita anterior.

Agregaron que, desde el año 2017, la Junta Administrativa del colegio cuenta con la aprobación y presupuesto para atender lo dispuesto por la CNE, pero que el proceso de construcción está detenido debido a que la DIE no ha nombrado arquitecto o ingeniero.

En el segundo caso (Res. Nº 2021013260), el recurrente manifestó que, desde el año 2015, el Cindea Sardinal Satélite el Coco, en Guanacaste, comparte las instalaciones del Liceo de Playas del Coco. Indica que, no obstante, que esa infraestructura se encuentra sumamente deteriorada y colinda con una quebrada que en uno de sus lados es utilizada como búnker por los vendedores y consumidores de drogas.

“Aduce que, inclusive, en octubre del año 2019, en una balacera que hubo entre policías y delincuentes, un estudiante fue herido. Señala que la institución carece de cierre perimetral que brinde seguridad, tanto a los estudiantes como al personal”, se lee en la resolución.

El recurrente, en reunión del 10 de marzo de 2020, dijo que la DIE se comprometió a acondicionar –cuando iniciara la remodelación del Liceo de Playas del Coco–, una oficina y un comedor, así como el cierre perimetral y la iluminación de la institución por ser un colegio nocturno. Sin embargo, nada se ha resuelto.

La Sala ordenó al MEP que coordine para que dentro de 24 meses se brinde una solución definitiva al problema de infraestructura y seguridad que sufre el Cindea Sardinal Satélite el Coco.