Opositores de Vladimir Putin tienen tres destinos: muerte, cárcel o exilio

‘Muerto en prisión’

Navalni, principal opositor de Putin durante más de una década, a lo largo de su vida fue acosado, envenenado y encarcelado. Finalmente murió, a los 47 años, en una colonia penitenciaria del Ártico, donde cumplía una pena de 19 años de prisión por "extremismo".

Este activista contra la corrupción, exabogado moscovita, fue víctima en 2020 en Siberia de un grave envenenamiento que atribuía al Kremlin, que siempre lo negó. A su regreso a Rusia en enero de 2021 después de una convalecencia en Alemania, fue detenido y su organización anticorrupción FBK fue cerrada por “extremismo”.

‘Asesinados’

El exviceprimer ministro Boris Nemtsov se convirtió en uno de los principales detractores de Putin en la década de 2000. Menos de un año después de oponerse a la anexión de Crimea, Nemtsov fue asesinado en febrero de 2015 con cuatro balas en la espalda en un puente a pocos metros del Kremlin. Tenía 55 años.

Sus partidarios acusan al dirigente checheno Ramzan Kadirov de dar la orden, lo cual él niega. Cinco chechenos fueron condenados por este asesinato, sin que se identificara oficialmente al autor.

Diez años antes, en octubre de 2006, Anna Politkóvskaia fue asesinada en el vestíbulo de su edificio en Moscú. Esta periodista de Novaya Gazeta, principal medio de comunicación independiente del país, documentó y denunció durante años los crímenes del ejército ruso en Chechenia.

‘Encarcelados’

Otros críticos fueron encarcelados o corren el riesgo de serlo, como Oleg Orlov, figura de la defensa de los derechos humanos y de la emblemática ONG Memorial, cuyo nuevo juicio se abrió el viernes en Moscú. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión por sus denuncias de la ofensiva militar en Ucrania, inciada en febrero de 2022.

Vladimir Kara Murza, de 42 años, antiguo opositor, afirma haber sobrevivido a dos envenenamientos. En abril de 2023 fue condenado a 25 años de cárcel en un juicio a puerta cerrada, por difundir “información falsa” sobre el ejército ruso. Está cumpliendo su condena en Siberia.

Ese mismo mes, Ilia Iachin, de 39 años, fue condenada en apelación a ocho años y medio de cárcel por denunciar ”el asesinato de civiles” en la ciudad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, donde el ejército ruso fue acusado de atrocidades, lo que Moscú niega.

Acusada de “crear una organización extremista”, Ksenia Fadeieva, de 31 años, exdiputada aliada de Navalni, también fue condenada a finales de 2023 a nueve años de prisión. En junio de 2023, Lilia Chanicheva, primera colaboradora de Navalni en ser juzgada por crear una “organización extremista”, fue condenada a siete años y medio de reclusión.

‘Exiliados’

La mayoría de los principales opositores que permanecen en Rusia están encarcelados. Los demás huyeron o se exiliaron, como el excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.

Mijaíl Jodorkovski, exmagnate del petróleo, pasó diez años en la cárcel por haberse opuesto a Putin a principios de los años 2000. Después de su liberación en 2013, el exoligarca se instaló en Londres, desde donde financia plataformas de oposición.

Muchos partidarios de Jodorkovski, pero también de Navalni, abandonaron Rusia a partir de 2021, año que marcó una fuerte aceleración de la represión, acentuada desde la ofensiva en Ucrania. Moscú también aumenta la presión sobre los disidentes en el exilio. En febrero se abrió una investigación en Rusia contra el escritor Boris Akunin, exiliado desde 2014 en Londres, por “difusión de informaciones falsas” sobre el ejército y “llamamiento al terrorismo”.

‘Agentes del extranjero’

Cientos de activistas de derechos humanos, opositores y periodistas fueron ertiquetados de “agentes del extranjero”.

Fue el caso en febrero de Oleg Orlov, del exprimer ministro exiliado Mijaíl Kasianov y del redactor jefe de Novaya Gazeta, Dmitri Muratov.

Pilar de la defensa de los derechos humanos en Rusia, la ONG Memorial, coganadora del Premio Nobel de la Paz 2022, fue disuelta por la justicia rusa a finales de 2021, por violar la ley sobre los “agentes del extranjero”, que impone estrictas obligaciones administrativas.

La justicia rusa ordenó también la disolución de varias asociaciones con opiniones críticas por organizar en Rusia acontecimientos fuera de su “zona de actividad” geográfica. Así ocurrió en agosto con el Centro Sájarov y anteriormente con el Grupo Helsinki de Moscú y el Centro Sova.