AFP. 18 julio
Familiares y amigos sepultaron este miércoles 18 de julio del 2018 a Érick Jiménez López, de 15 años, asesinado por fuerzas gubernamentales en Masaya, Nicaragua.
Familiares y amigos sepultaron este miércoles 18 de julio del 2018 a Érick Jiménez López, de 15 años, asesinado por fuerzas gubernamentales en Masaya, Nicaragua.

Managua. Opositores nicaragüenses denunciaron este miércoles un intento de criminalizar las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega tras la aprobación de una ley de terrorismo, que sanciona con hasta 20 años de prisión a quienes participan o apoyan las protestas.

“Quieren amedrentar a las personas que han estado protestando y apoyando” las manifestaciones antigubernamentales, dijo el líder estudiantil Jean Carlos López, uno de los delegados opositores en el diálogo con el gobierno.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó el lunes una polémica reforma legal que castiga con entre 15 y 20 años de prisión el terrorismo.

La legislación define como "terrorista" a toda persona que "cause la muerte o lesiones a personas que no participan directamente en situaciones de conflicto armado, destruya bienes" o cometa otros delitos con el propósito de "obligar a un gobierno" a hacer o dejar de hacer un acto.

La iniciativa fue promovida en medio de las protestas que sacuden al gobierno de Ortega desde hace tres meses, que han dejado unos 280 muertos.

La reforma "viene a criminalizar las protestas sociales del pueblo que son pacíficas, y coarta nuestra libertad de movilización y expresión", criticó Carlos Jarquín, un opositor.

“La ley causa temor, pero no va a detener las protestas”, aseguró una mujer que se disponía a participar en un plantón en Managua.

El abogado y exdiputado opositor José Pallais expresó que la reforma “confunde el delito de terrorismo con elementos políticos de rebelión y motín”.

La reforma se “aparta de la definición doctrinaria de terrorismo que es provocar terror entre la población y hace énfasis en la destrucción de bienes públicos” y otros delitos en el marco de conflictos no armados, indicó.