El juez Ernesto Rodríguez, de Managua, declaró culpable a Brandon Lovo y Glen Slate la noche del lunes por el asesinato de Gahona, el 21 de abril en la ciudad caribeña de Bluefields. La pena se dará a conocer el 30 de agosto, pero ya la defensa anunció que apelará el fallo.
Gahona, de 42 años, murió tras recibir disparos en la cabeza mientras realizaba una transmisión en Facebook Live de las protestas contra una reforma a la seguridad social, que derivaron en una demanda política para la salida del poder del presidente Daniel Ortega.
Lovo y Slate, ambos afrodescendientes, fueron encontrados culpables de los delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas y municiones, y asesinato frustrado de un policía.
Familiares de Gahona y de los procesados niegan la responsabilidad de los jóvenes en los hechos y han demandado su libertad.
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La Fiscalía solicitó una pena máxima de 25 años para cada acusado y 20 más por un supuesto intento de asesinato de un policía.
El comunicador es uno de los más de 300 muertos en el contexto de la violencia que afecta a Nicaragua desde el 18 de abril, donde también se contabilizan más de 2.000 heridos, decenas de detenidos y miles de personas que han huido del país por temor a represalias.
El proceso judicial, en el que no se permitió el acceso a periodistas de medios no oficiales ni organismos de derechos humanos, se realizó en Managua, aunque los hechos sucedieron en Bluefields.
La directora ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, consideró parcialiazado el juicio, en el que se presentaron "pruebas contundentes" de que los disparos no fueron realizados por Lovo y Slate.
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Las pruebas presentadas por la Fiscalía, con más de 35 vídeos, demuestran que los jóvenes no estaban en el lugar en el momento de los disparos, "y se evidenció que quienes estaban cerca de Gahona eran miembros de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional", argumentó Sierra.
“No podía esperar otra cosa de este Poder Judicial, pero se logró evidenciar que en Nicaragua la Justicia está totalmente parcializada”, aseveró la directora del Cenidh.
Hechos sin demostrar
Amy García y Maynor Curtis, abogados defensores, sostuvieron que en ningún momento el Ministerio Público logró demostrar los hechos imputados a los jóvenes y, por tal razón, solicitaron al juez Rodríguez absolverlos con base en el principio de la duda razonable.
En declaraciones consignadas por la edición web del semanario Confidencial, Curtis argumentó: "El Ministerio Público presentó muchos testigos, pero ninguno de los testigos que estuvieron en el lugar de la escena del crimen vio disparar a Brandon, ni a ninguna otra persona, y tampoco vieron a Glen darle el arma hechiza a Brandon”.
Otra inconsistencia, según Curtis, tiene relación con el arma que usó Brandon Lovo para ultimar al periodista, expuesta por la Fiscalía. “Ellos traen un arma que encontraron en el mar. Esa arma no tiene huellas digitales. A Brandon y Glen no le encontraron restos de pólvora en las manos. No hay nada que vincule esa arma hechiza con los muchachos”, señaló.
Organismos de derechos humanos calculan que unas 300 personas han sido detenidas y más de 100 enfrentan cargos de terrorismo y crimen organizado par participar en las protestas contra Ortega
