Buenos Aires. Dos años de contracción del PBI. Pérdida de reservas. Caída de depósitos en dólares. Inflación de 53,5% en los últimos doce meses. El 35,4% de la población bajo la línea de pobreza y el 7,7%, en situación de indigencia. Un desempleo que afecta al 10,6% de las personas económicamente activas.

Rigidez del gasto público (más de 60% corresponde a rubros sociales). Ajuste de tarifas atrasado. Riesgo país clavado en 2100 puntos. Vencimientos de deuda que superarán los $33.000 millones en el 2020 y mercados financieros cerrados.

El escenario de crisis económica que atraviesa la Argentina hace más de un año, factor clave en el resultado electoral, configura a la vez la herencia y el condicionante para el próximo gobierno.

Con dificultades para generar divisas que permitan superar las restricciones externas, Alberto Fernández, elegido el domingo presidente de los argentinos, enfrentará limitaciones. ¿Hay margen para políticas expansivas del gasto y la actividad? ¿Se puede avanzar hacia la heterodoxia fiscal y, a la vez, atraer inversores y refinanciar la deuda? ¿Hay margen para alejarse de la ortodoxia?

El principal dilema tiene que ver con el punto de partida en factores claves, como el patrimonio del Banco Central o la inflación. Desde las elecciones primarias en agosto y hasta el viernes pasado, la caída de reservas del Banco Central fue de $22.806 millones.

La inflación, en tanto, había comenzado a ceder hacia mediados de año, pero la fuerte devaluación posterior a esos comicios para escoger candidatos presidenciales la llevó nuevamente a una tendencia creciente en estos meses.

El escenario macroeconómico muestra, sin embargo, algunas variables que ofrecen mejores perspectivas respecto de diciembre del 2015. “Hay algunas cuestiones saneadas que permiten pensar en el crecimiento”, sostiene la economista María Castiglioni, socia de CyT Asesores.

El tipo de cambio real multilateral que difunde el Banco Central, por caso, quedó en su nivel más alto desde enero del 2010, algo que aporta a la competitividad del país. Con una combinación de exportaciones en alza e importaciones en fuerte caída por la recesión, la balanza arrojó un superávit comercial de $9497 millones en los nueve primeros meses del año y, según estima Ecolatina, podría ser de $12.500 millones este año.

“Otra cuestión importante es que se hicieron inversiones y se produce energía para crecer”, dice la economista, quien destaca también la evolución de los números fiscales (baja del déficit).

Las alzas de tarifas de servicios públicos -incluso con el congelamiento de los últimos meses- permitieron corregir en buena medida la situación heredada por Macri y reducir los subsidios estatales.

Tarea: sanear las finanzas

La búsqueda del equilibrio fiscal aparece en la agenda como un tema central. Incluso referentes económicos del Frente de Todos, como Guillermo Nielsen, dijeron verlo así. “El nivel de deuda exige que el país tenga superávit fiscal primario. Tendrá que ser una gestión ajustada en el gasto”, explicó en agosto el exsecretario de Finanzas a la revista brasileña Valor Económico.

Cualquier revisión del gasto tuvo y tendrá limitaciones, por ejemplo, por la inflexibilidad del gasto social (jubilaciones y planes que se ajustan por ley a la inflación pasada) o por los compromisos de la deuda.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es otro factor de peso en la herencia. Aún sin definirse la llegada de la cuota de $5400 millones pendiente del megapréstamo de $57.000 millones aprobado en el 2018, la devolución, de no haber cambios, sería en la próxima presidencia y el grueso se concentraría en el 2022 y el 2023 (unos $45.000 millones).

Esto puede cambiar si se negocia una reprogramación de los pagos. Una renegociación podría incluir la transformación del acuerdo stand-by en un programa de facilidades extendidas, que el FMI asigna a países con dificultades de mediano plazo en la balanza de pagos.

Este tipo de préstamo, cuyos plazos de devolución pueden ser de hasta una década, implica como condición hacer “reformas estructurales”, vinculadas con lo tributario, lo fiscal y lo previsional.

¿Y habría lugar, con esta herencia, para medidas de impulso al consumo? Gabriel Caamaño, socio de la consultora Ledesma, prevé que habrá un esquema moderado y un sendero de menor aumento de servicios públicos.

En cuanto a los movimientos de capitales, la nueva gestión podría encarar regulaciones más estrictas en temas como los plazos para liquidar exportaciones y la existencia de un mínimo de permanencia para las inversiones financieras.

La permanencia (o ampliación) de las restricciones cambiarias estaría garantizada. Con un tipo de cambio real más alto como punto de partida, el sector agroexportador y la minería quedan entre los mejor posicionados en el corto plazo.

La lupa está puesta en la evolución de las retenciones. El impuesto podrá variar, pero continuará. Lo dijo, al menos, semanas atrás Nielsen: “Con el problema fiscal que deja el gobierno de Macri está muy claro que no podemos poner fin a las retenciones por algún tiempo”