Panamá acusa a Nicaragua por actividades políticas de Ricardo Martinelli desde la embajada

En una nota diplomática enviada a Nicaragua, Panamá presentó un enérgico llamado de atención en virtud de las acciones y comunicaciones realizadas por el señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede de la embajada nicaragüense en Panamá.

La misiva acusa a Nicaragua de permitir a Martinelli publicar mensajes en sus redes sociales con el propósito de incidir en la política doméstica panameña, a pesar de que las normas y convenios internacionales prohíben expresamente este tipo de actuaciones.

Martinelli ingresó a la embajada de Nicaragua el 7 de febrero, solicitando asilo político, el cual fue concedido de inmediato por el gobierno de Ortega, después de perder el último recurso para evitar una condena a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales.

Dos días después, el gobierno panameño rechazó proporcionarle el salvoconducto para viajar a Nicaragua al exmandatario derechista de 71 años. Martinelli, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014, aspira a volver al poder en los comicios de mayo próximo.

Desde la embajada en Ciudad de Panamá, Martinelli no dejó de emitir mensajes políticos en las redes sociales, a pesar de las advertencias del gobierno panameño a Managua sobre las posibles consecuencias diplomáticas.

En la nota, publicada por medios locales, Panamá critica la actitud permisiva de la embajadora nicaragüense, Consuelo Sandoval.

La carta diplomática expresa el rechazo de Panamá ante la actitud permisiva de la jefa de misión frente a las reiteradas declaraciones y otras acciones públicas realizadas por su huésped.

Nicaragua tiene la ineludible responsabilidad de no permitir la práctica de actos contrarios a la tranquilidad pública y, por tanto, de asegurar que la conducta de Martinelli se mantenga dentro de los límites establecidos, sin intervenir en los asuntos internos de Panamá, agrega la carta.

Desde el pasado jueves pesa sobre Martinelli una orden de detención provisional, pero aún no fue inhabilitado como candidato presidencial por el Tribunal Electoral, ya que la sentencia de prisión todavía no está en firme, aunque ya no le quedan recursos.

La Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años de prisión o más.