El gobierno de Daniel Ortega se levantó de la mesa de negociación por segunda vez. Esta reciente ruptura del diálogo entre el régimen y la coalición opositora Alianza Cívica abre una nueva fase en la crisis política de Nicaragua, la cual empezó desde el 18 de abril del año pasado, y cuyo final parece estar cada vez más lejos.
Las discusiones fueron interrumpidas la semana pasada por el gobierno al alegar “la ausencia definitiva de la otra parte”. Sin embargo, los integrantes del bloque opositor consideran que la razón del cierre de las conversaciones corresponde más al rechazo por parte de este bloque de seguirle el juego a Daniel Ortega y mantener la exigencia de observadores internacionales que garanticen el cumplimientos de los acuerdos.
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“Hemos tenido la experiencia de negociar con un régimen acostumbrado a tratar con actores que le han favorecido durante los últimos años. A Daniel Ortega la negociación con la Alianza Cívica le ha resultado incómoda en el sentido que estaba acostumbrado a negociaciones con partidos políticos que le hacían el juego”, asegura Max Jerez, uno de los representantes del sector estudiantil que es parte de la coalición opositora.
Otro de sus compañeros, Edwin Carcache, considera que aunque al gobernador nunca le ha interesado el diálogo, es fundamental retornar a la mesa de conversaciones con las garantías aseguradas para alcanzar reformas que permitan un adelanto de elecciones presidenciales.
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Carcache permaneció nueve meses preso por manifestarse contra el régimen. El joven fue liberado el 11 de junio con base en una ley de amnistía con la que el Ejecutivo cedió de forma parcial a la liberación de presos políticos. Según los opositores, aún quedan al menos 120 personas en prisión que fueron detenidas solo por protestar.
El gobierno había anticipado el fin de las negociaciones durante el acto por el 40.° aniversario de la Revolución sandinista, el 19 de julio, cuando el mandatario dijo que dialogaría con campesinos, obreros y gremios productivos, sin mencionar al bloque opositor.