Barcelona. El gobierno español de Pedro Sánchez celebró este viernes un excepcional consejo de ministros en Barcelona, que los independentistas tacharon de “provocación” y recibieron con protestas que se saldaron con carreteras cortadas, manifestaciones y algunos enfrentamientos con la Policía.

“Lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto, de aprecio a Cataluña” y Barcelona, dijo la portavoz del ejecutivo socialista, Isabel Celaá, al concluir el consejo de ministros.

Sánchez quiso reunir a su gobierno en Barcelona para rebajar tensiones con el ejecutivo regional catalán, en manos de los independentistas. El jueves mantuvo un encuentro con su jefe, Quim Torra, que según Celaá buscó “encauzar políticamente la salida del conflicto en Cataluña”, el cual tuvo su corolario en la fracasada tentativa de secesión del año pasado.

La acogida del independentismo fue hostil, con manifestaciones pacíficas, pero también choques entre separatistas y policías que se saldaron con 13 detenidos y 62 heridos, 35 de ellos agentes, según las autoridades regionales.

Durante la jornada, manifestantes encapuchados lanzaron contenedores, piedras, vallas, huevos, botellas y petardos a los agentes, constató la AFP. En uno de los incidentes, estos replicaron con pelotas de goma.

Con lemas como “desbordémoslos” o “seremos ingobernables”, distintos grupos independentistas habían convocado acciones para bloquear Barcelona. Durante el día, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron varias carreteras en Cataluña, y por la tarde 40.000 independentistas colmaron el Paseo de Gracia de Barcelona, bajo el lema “Tumbemos el régimen”.

En medio de la multitud, enormes letras amarillas y blancas formaban las palabras “Freedom” (libertad) y “Peace” (paz).

Hace tiempo que “deberíamos haber dado un golpe sobre la mesa, parar el país (económicamente, en referencia a Cataluña). Nosotros no tenemos armas, lo único que podemos hacer es tocarles el bolsillo”, dijo Joan Ventura, un jubilado de 72 años que participó en la manifestación.

“Mientras dure la represión, el gobierno español no es bienvenido en nuestro país”, manifestó desde la tarima el actor Pep Planas.

Consejo excepcional

El excepcional consejo se celebró en el palacio de la Llotja de Mar, cerca del litoral mediterráneo, en medio de un fuerte dispositivo policial destinado a mantener alejados a los manifestantes.

En él se aprobaron para el año próximo dos medidas de fuerte calado social: un incremento del salario mínimo del 22%, y una subida de los sueldos de los funcionarios del 2,25%.

Igualmente hubo guiños a Cataluña. El gobierno decidió que el aeropuerto de Barcelona-El Prat pasará a llamarse “Josep Tarradellas”, en honor de quien fue presidente catalán en el exilio durante el franquismo, y primer presidente regional con la democracia.

El gobierno de Sánchez también condenó el consejo de guerra que en 1940, en la dictadura franquista, decidió el fusilamiento de Lluís Companys, expresidente catalán quien en 1934 proclamó infructuosamente la independencia.

“Venir a Barcelona para cambiar el nombre del aeropuerto (...) a lo mejor no hacía falta”, le reprochó la portavoz del gobierno regional, Elsa Artadi.

La reunión del gobierno tuvo lugar justo a un año de los comicios regionales que revalidaron la mayoría separatista en el Parlamento regional, disuelto en octubre del 2017 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy tras una infructuosa declaración unilateral de independencia.

Un día antes, Sánchez se reunió con el presidente catalán, Quim Torra, quien mantiene su ambición de hacer realidad una república catalana independiente de España.

Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a “un diálogo efectivo” para “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”.

El encuentro fue enérgicamente criticado por la oposición conservadora. Pablo Casado, líder del Partido Popular, dijo que “parecía una cumbre entre dos gobiernos de dos países distintos”, y lo tachó de “acto de traición a España”.

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, respondió a las críticas de la derecha afirmando que el derecho a la autodeterminación planteado por Torra “no existe”. “No cabe en nuestro ordenamiento jurídico, además de no resolver el problema de fondo”, asostuvo.

A pie de calle, los ánimos también se volvían contra el ejecutivo independentista catalán por este diálogo que, según se anunció, continuará en enero con otra reunión."El diálogo para mí es un paso atrás. Ahora ya no es el momento de intentar dialogar, ese momento ya ha pasado", expresó la manifestante Mariona Godia, una administrativa de 35 años.