Caracas. El gobierno venezolano enfrentó este martes el reclamo de la comunidad internacional para que aclare la muerte de un concejal opositor que, asegura, se suicidó en prisión, pero que según sus copartidarios fue asesinado.

El cuerpo de Fernando Albán, de 52 años, fue llevado a la sede del Parlamento –de mayoría opositora–, para rendirle honores. Sus ancianos padres y una hermana lloraron ante el féretro cubierto por una bandera de Venezuela.

Más tarde, fue trasladado a una capilla ardiente en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó de abogado.

“Mi papá murió por luchar por la democracia y la libertad en Venezuela”, escribió en Twitter su hijo, Fernando Albán Osio.

Diputados y miembros del Partido Primero Justicia, al que pertenecía Albán, insistieron en que el hecho, ocurrido el lunes en los temidos calabozos del servicio de inteligencia (Sebin) en la capital, no fue un suicidio sino un crimen.

El Parlamento aprobó este martes un acuerdo en el que "responsabiliza" al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte del concejal, y pedirá a Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) la designación de expertos "independientes" para que participen en la investigación.

Sin embargo, las decisiones del Legislativo son consideradas nulas por el Poder Judicial, que lo declaró en desacato y en la práctica ha sido sustituido por una Asamblea Constituyente oficialista.

Enfatizando que el Estado tenía la "obligación de garantizar" la integridad de Albán, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una "investigación transparente".

"Existen informes contradictorios sobre lo ocurrido”, declaró una vocera del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en Ginebra.

El concejal había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cargado con C-4 cerca de la tarima donde Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.

Versión oficial

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, de línea oficialista, Albán "solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez". Esperaba para ser trasladado a los tribunales, dijo el gobierno.

"¡Asesinos!", escribió en Twitter el diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia, quien también fue vinculado por el gobierno al presunto atentado y está exiliado en Colombia.

Según el parlamentario, el cuerpo de Albán "fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin". Maduro no se ha referido al tema.

Durante las honras en el Parlamento, el abogado de Albán, Joel García, denunció "secretismo" en torno al caso. "No se nos permitió ingresar al Sebin para corroborar las circunstancias, tampoco el acceso a la morgue para presenciar la autopsia", sostuvo.

La Unión Europea (UE) también exigió una "investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte", la segunda de un opositor preso en el último año.

"Esperamos que el gobierno venezolano respete los derechos humanos de todos los detenidos", indicó en un comunicado la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, que urge también a la liberación de "todos los presos políticos".

En tanto, la embajada de Estados Unidos en Venezuela afirmó que la de Albán es una muerte "sospechosa" y constituye una violación de los derechos humanos.

La Arquidiócesis de Caracas, a cuya labor social estuvo vinculado el concejal, también planteó dudas sobre la versión del suicidio.

"Hasta ayer (domingo) se conoció que estaba sereno y tranquilo. Inclusive, envió directrices a su equipo para que se mantuviese trabajando en favor de los pobres", subrayó en un comunicado la Arquidiócesis, fuerte crítica del gobierno.

El concejal del municipio Libertador, de Caracas, formaba parte de la treintena de detenidos por el presunto ataque contra Maduro, que dejó siete uniformados heridos.

El presidente denuncia ese hecho como un "magnicidio en grado de frustración" y responsabiliza como autores intelectuales a Borges y al exmandatario colombiano Juan Manuel Santos.

Albán había viajado a Nueva York la semana pasada para visitar a sus hijos y acompañó a Borges a Naciones Unidas.

La muerte de Albán se suma a la del también concejal de Primero Justicia Carlos García, en setiembre de 2017, por un accidente cardiovascular tras diez meses de detención en los calabozos del Sebin en Guasdualito, estado Apure. El partido denunció que le negaron la atención médica.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió en Twitter que la muerte de Albán es "responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida".

La noche del lunes, decenas de personas con velas realizaron una vigilia frente al Sebin. "Esto no es suicidio, esto es homicidio", gritaron ante agentes policiales.

En Venezuela hay unos 236 presos políticos, según la organización Foro Penal.