Texas. La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora tras la presidencia de Donald Trump, dio el mayor revés al derecho al aborto en 50 años, al negarse a bloquear una ley del estado de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas.
El presidente Joe Biden criticó este jueves la decisión advirtiendo que amenaza con provocar “un caos inconstitucional”, mientras los opositores al aborto festejaban y los defensores de los derechos reproductivos se preparaban para nuevas demandas.
La Corte Suprema, que reconoció en 1973 el derecho de las mujeres a abortar en su emblemática sentencia “Roe v. Wade”, decidió el miércoles por la noche dejar en vigor la restrictiva normativa de Texas, que incluso no contempla excepciones por violación o incesto.
El tribunal, al que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y asociaciones de planificación familiar habían solicitado el lunes detener la aplicación de la normativa, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley.
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Sin embargo, citó “antecedentes procesales complejos y nuevos” para permitir que rija mientras la batalla judicial en su contra continúa.
Biden denunció el fallo como “un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer”.
“Desconocidos ahora tendrán el poder de meterse en las decisiones de salud más privadas y personales que enfrentan las mujeres”, expresó el presidente demócrata, prometiendo “ver qué pasos puede tomar el gobierno federal para garantizar que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos seguros y legales”.
‘Victoria rotunda’
La decisión de la Corte Suprema fue tomada por cinco de sus nueve magistrados, tres de los cuales fueron elegidos por Trump, quien durante su mandato consolidó una mayoría de 6 a 3 de tendencia conservadora en el panel.
Por lo tanto, fue vista como un gran logro para el expresidente republicano y sus aliados conservadores, que se mostraron jubilosos este jueves.
¡Es “una victoria rotunda para los pro-vida!”, tuiteó Dan Patrick, el vicegobernador republicano de Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos.
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Para el grupo antiabortista Texas Right to Life, fue “una victoria masiva para el movimiento Pro-Vida” y un golpe al “fallo injusto de Roe v. Wade”, que espera replicar “en todo el país”.
En cambio, las organizaciones en defensa de los derechos reproductivos no ocultaban su alarma.
“Estamos devastados. Nuestras pacientes están asustadas, confundidas y desesperadas por averiguar dónde pueden abortar”, afirmó Amy Hagstrom Miller, directora de Whole Woman’s Health.
“Decir que estamos molestos es quedarse corto, pero (...) vamos a seguir luchando”, señaló en Twitter la asociación Fund Texas Choice.
‘Odiosa ley’
Promulgada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, la ley de Texas prohíbe el aborto desde el momento en que se puede detectar un latido del embrión, que generalmente ocurre a las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Solo hay una excepción: en caso de peligro de la salud de la mujer.
Más del 85% de los abortos realizados hasta ahora en Texas han sido posteriores a las seis semanas de gestación, según organizaciones de planificación familiar, que desde el miércoles han tratado de derivar mujeres a estados vecinos.
“No se debe subestimar el impacto de esta odiosa ley: ataca principalmente a personas negras y latinas, de bajos ingresos o que viven en zonas rurales”, que no pueden viajar, subrayó la presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson.
Now is not the time to feel hopeless or helpless. Now is the time to act.
— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 1, 2021
All across Texas, grassroots organizers have been protecting their neighbors and the right to choose.
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Antes de Texas, doce estados aprobaron leyes similares, aunque todas fueron derogadas en los tribunales porque violaron la jurisprudencia de la Corte Suprema que garantizaba el derecho al aborto siempre que el feto no sea viable fuera del útero, esto es, alrededor de las 22 semanas de embarazo.
Sin embargo, Texas ha redactado su ley de manera diferente: no le corresponde a las autoridades hacer cumplir la medida, sino “exclusivamente” a los ciudadanos, que son alentados a presentar denuncias civiles contra organizaciones o personas que ayudan a las mujeres a abortar.
El texto establece que estos demandantes recibirán al menos $10.000 en “indemnización” en caso de condena. Los críticos lo ven como un “bono” por denunciar, aunque sus partidarios ya han creado sitios para recopilar cualquier “información anónima”.
La normativa explota un vacío legal y complica la intervención de los jueces federales. Esta es la razón por la que la Corte Suprema se mantuvo al margen.
El presidente del tribunal, generalmente conservador, John Roberts, votó en contra junto a los tres jueces progresistas. Para él, habría sido necesario bloquear esta ley “sin precedentes” en espera de un examen de fondo.
Esta primera prueba para la nueva Corte Suprema pronto será seguida por otra: debe examinar en las próximas semanas una ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo, excepto en casos de emergencia médica o una anomalía fetal grave.
“Espere la misma mayoría” en ese caso, predijo la historiadora del derecho al aborto Mary Ziegler.