Cali. Disidentes de la extinta guerrilla colombiana FARC ponen en jaque la celebración de la COP16 sobre biodiversidad de 2024 en Cali. El aumento de atentados con bombas y ataques armados cerca de la ciudad por parte de los insurgentes encendió las alarmas de las autoridades locales.
A cinco meses de la conferencia de la ONU, prevista del 21 de octubre al 1 de noviembre, concejales de Cali advirtieron que el evento está “en riesgo” debido a la escalada de violencia de los insurgentes. Solo la semana pasada, los disidentes mataron a cuatro personas e hirieron a más de una decena en la región.
Los departamentos de Valle del Cauca, del cual Cali es la capital, y Cauca, ambos en el suroeste del país, se convirtieron en el centro de operaciones de los disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
El Gobierno desplegó unos 6.000 soldados en la zona desde la semana pasada para tratar de frenar la ola de violencia.
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Uno de los municipios afectados fue Jamundí, ubicado a unos 18 kilómetros de Cali, donde fue detonada una motocicleta cargada con explosivos.
En Morales, a unos 80 km al norte de Cali, una estación de policía fue destrozada con ráfagas de disparos y explosivos, en una escena similar a los ataques de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la década de 1990 y principios de este siglo.
Pese a la amenaza latente, el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro asegura estar firme con la gran cita internacional para avanzar en la protección de la riqueza medioambiental del mundo.
“Por ahora mantenemos el propósito de la COP, pero obviamente estamos evaluando muy de cerca la situación y esperamos que podamos superar todas las situaciones, entendemos que el contexto no es fácil”, dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, a esta agencia.
‘A las puertas de Cali’
Tras la arremetida, algunos concejales de Cali manifestaron en una sesión que la sede de la COP16 “está en riesgo” si continúan “los atentados terroristas que se registran en la zona”, donde hay miles de hectáreas de narcocultivos, el combustible del conflicto.
El 16 de abril, el gobierno comunicó que alias Iván Mordisco, comandante de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC), se apartó del proceso de paz que inició a finales de 2023.
Diez días antes, cuando ya se rumoreaba su salida de la mesa, sus hombres detonaron explosivos junto al Cantón Militar Pichincha en Cali, el más importante del suroeste del país.
La disidencia “estaba anunciando que ya estaba a las puertas de Cali, que su expansión es real” y “que estaba buscando llegar a estos territorios urbanos”, asegura Mónica Castillo, coordinadora de la oficina del Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, reconoce que se trata de niveles de violencia “no vistos hace por ahí cinco o diez años”.
¿En firme?
“Francamente no puedo creer que estamos en este punto otra vez”, expresó Eder a la emisora La FM, refiriéndose al deterioro de la seguridad seis años después de la firma del acuerdo que desarmó al grueso de las FARC. La oposición culpa al gobierno por no tener mano dura con los disidentes.
“Lo que está pasando en el suroccidente de Colombia es inaceptable (...) Están reviviendo fenómenos como el reclutamiento de menores, se tiene que buscar un actuar contundente de la fuerza pública”, añadió el alcalde, quien espera recibir unos 12.000 visitantes de todo el mundo durante la COP entre diplomáticos, expositores y turistas.
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En Valle del Cauca y Cauca están sembradas casi 29.000 hectáreas de hoja de coca, el componente activo de la cocaína, según un balance de la ONU de 2022.
Para la analista Castillo, los atentados son una muestra de la disputa por el territorio, además del desafío al Estado por parte de Iván Mordisco: “Fue decir ‘bueno, no estamos negociando, pero nos expandimos’”, afirma.
Tras la arremetida de las disidencias, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, prometió “no permitir” que “estos grupos terroristas acorralen” a los colombianos.
El alcalde Eder anticipó que solicitará un refuerzo de 2.000 uniformados para la ciudad y afirmó que no “se ha discutido” la posibilidad de quitarle a Cali la sede de la COP16.
Cuestionada sobre esa eventualidad, la ministra Muhamad respondió: “No hay ninguna decisión al respecto”.