Managua. Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de un paro de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al movimiento promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica por la Justicia y La Democracia (ACJD) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la vía Panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica.

Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital, aunque con escasa demanda.

Hacia la tarde, el reporte en ciudades del interior y la capital es de una “sumatoria masiva” al movimiento, pues aunque hubo negocios que abrieron tuvieron poca afluencia de clientes, aseveró el líder estudiantil Max Jérez.

“El paro es un éxito” porque a diferencia de los tres realizados en el 2018, se hace en medio de una crisis económica que golpea a todos los sectores y de intimidación a empresarios, añadió.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación, sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El miércoles, el gobierno había tratado de frenar la medida opositora al proponer un plan en el cual se compromete a liberar, sin cargos judiciales, a todos los opositores presos “a más tardar el 18 de junio”, incluyendo a los que están fuera del país y que tienen procesos judiciales pendientes.

En esa fecha vence el plazo de 90 días en que el gobierno prometió excarcelar a los opositores de las cárceles como parte del diálogo que inició en febrero con la oposición, y que ha cumplido a medias con el pase de 336 detenidos a prisión domiciliaria.

Necesidad de subsistencia

“Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes.

También se veían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital.

En el Oriental, donde funcionan más de 20.000 negocios, la mayoría se mantuvieron cerrados por la mañana, aunque muchos vendedores ambulantes, verduleros y pequeños talleres y tiendas de servicios abrieron sus puertas, comprobó la AFP.

Algunos de los que fueron a trabajar, según contaron, lo hicieron por la crisis económica que agobia al país, y no por apoyo al gobierno.

“La gente ya no quiere este gobierno”, afirmó Juan González, conductor de un taxi, quien como otros colegas pasó horas manejando por la ciudad en busca de pasajeros.

Socorro Arteaga vendía rosquillas en el mercado Roberto Huembes. Este jueves no pudo sumarse a la medida de fuerza: “Tenemos muchas deudas, estamos de acuerdo con el paro, pero no podemos participar”, explicó apenada."La solución a la crisis es un cambio de gobierno", sentenció.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la Alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. Los alumnos de las escuelas estatales asistieron normalmente a clases."Los profesores amenazaron (a los alumnos) con quitarles puntos si no iban" a la escuela por el paro, aseveró un hombre de la comunidad escolar que pidió no ser identificado.

La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas “amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran”.

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense, ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó e que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”.

El miércoles, el gobierno advirtió de que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional.

La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde el 2006.

“El banco es concesionario de una licencia bancaria que ha sido otorgada por el Estado de Nicaragua, la cual debe ser acatada fielmente para beneficio de todos los nicaragüenses”, advirtió Siboif en un comunicado.

De acuerdo con estimaciones del sector privado, el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta $20 millones.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega.

El estudio, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora, vinculada al gobierno.