En el documento, rubricado por todas las partes y por los testigos, se compromete también a aceptar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilite el proceso y se especifica que será el CICR el que propondrá a las partes la lista “actualizada” de presos a liberar.
La oposición cifra en más de 640 las personas encarceladas en el marco de la actual crisis que se inició en abril del año pasado, pero la lista del gobierno es mucho más reducida.
Las autoridades reiteraron que el plazo de excarcelación de detenidos se mantiene en los 90 días a contar desde el 20 de marzo.
El 27 de febrero comenzó esta nueva etapa de diálogo con la que se intenta cerrar casi un año de tensión que ha provocado al menos 325 muertos –según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– cientos de detenidos y más de 50.000 exiliados.
El proceso tuvo varias pausas porque la oposición consideraba que el ejecutivo no demostraba estar comprometido con las negociaciones pero se reanudó el 20 de marzo cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos.
De momento, ninguna persona ha quedado libre de todo cargo aunque en las primeras semanas de estas negociaciones 162 presos fueron excarcelados y quedaron en libertad condicional.
La administración de Ortega también anunció un “acuerdo político” que llevaría al cierre de causas judiciales de personas que tienen órdenes de captura, incluyendo a muchos exiliados.
El documento sobre derechos y garantías no se compromete al desmantelamiento de los grupos paramilitares, como lo había pedido la oposición, sino que tan solo “insta” a las autoridades a tomar medidas para el desarme de grupos armados fuera de la ley.
Ese mismo acuerdo establece que todos aquellos que abandonaron Nicaragua en el contexto de la crisis que estalló el pasado 18 de abril “podrán regresar al país con plenas garantías y seguridad personal y familiar” .
El gobierno también se comprometió a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública” , aunque las autoridades, en concreto de la policía, serán las encargadas de autorizarlas previamente. Este cuerpo es el que mantiene prohibidas las manifestaciones opositoras desde septiembre.
No obstante, el texto aclara que no requerirán permiso previo los casos de “reunión pacífica” que no afecten la libre circulación de personas y vehículos.
Las partes acordaron reconocer “plenamente el derecho irrestricto (…) a la utilización respetuosa de la bandera nacional” , emblema asociado a las protestas y cuyo uso por parte de la oposición ha sido penalizado por las autoridades.
En cuanto a la libertad de expresión, se decidió que el Estado debe garantizar el derecho a la importación de tinta y papel por parte de medios de comunicación, lo cual debería acabar con las trabas puestas en aduanas desde hace seis meses a tres diarios de circulación nacional.
El gobierno se comprometió además a “revisar” las decisiones de confiscación de bienes, activos y equipos de medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica a asociaciones no gubernamentales. Nueve ONG fueron proscritas en diciembre, señaladas de actuar en contra del gobierno.
