EscucharManagua. El gobierno de Daniel Ortega y la oposición rompieron el ‘impasse’ en sus conversaciones en busca de una salida a la crisis política en Nicaragua, al definir una hoja de ruta para negociar, con los jerarcas católicos y evangélicos como testigos.
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NI3001- MANAGUA (NICARAGUA) 08/06/15.- Un grupo de personas del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) forcejean con la policía nacional de Nicaragua durante una protesta en Managua, hoy miércoles 08 de julio del 2015. Agentes antimotines de la Policía Nacional replegaron hoy con gases lacrimógenos una marcha de integrantes del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), quienes se manifiestan para exigir elecciones libres y transparentes en noviembre de 2016. EFE/Mario López (Mario López)
El acuerdo fue alcanzado tras cinco rondas de diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con la participación del nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, como testigo.
“Se aprobó la hoja de ruta”, anunció el nuncio en una rueda de prensa en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), 15 km al sur de la capital, donde se desarrollan las negociaciones desde el pasado 27 de febrero, y que deberán finalizar el 28 de marzo.
Como parte del acuerdo, las partes invitaron al nuncio a continuar como “testigo y acompañante internacional” del diálogo, y al cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y al pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores evangélicos, como “testigos y acompañantes nacionales”.
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Brenes informó a la prensa que este viernes dará una respuesta a la invitación, después de reunirse con los 10 obispos de la jerarquía católica en Managua.
El secretario y portavoz del CEN, el obispo de Estelí, Abelardo Matta, dijo a la AFP que analizarán la participación de la Iglesia católica, que sirvió de mediadora en el primer diálogo que el gobierno abrió con la oposición en medio de las protestas que estallaron el año pasado, y que colapsó en junio por la represión a las manifestaciones.
La represión a la ola de protestas antigubernamentales que estalló en abril dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos, según organismos de derechos humanos.
La Alianza había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, a lo cual el gobierno se opuso. Las partes resolvieron que designarán a los garantes “una vez aprobada la agenda” del diálogo.
Los garantes internacionales tendrían como misión velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.
"Necesitamos la presencia de organismos que le den confianza y transparencia al diálogo, tanto a los participantes como a la población”, porque “se van a discutir temas cruciales para el futuro de país y los acuerdos que se tomen no pueden quedar en papel mojado”, afirmó a la AFP el delegado de la alianza opositora Ernesto Medina.
La Alianza reiteró que su objetivo en estas negociaciones es exigir la liberación de los presos políticos y restablecer las libertades y garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información.
Demandarán también “reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes”.
El jefe de la delegación de la ACJD, Carlos Tünnermann, dijo que se mantiene en pie la propuesta opositora de adelantar los comicios presidenciales del 2021.
El tribunal electoral de Nicaragua es controlado desde hace una década por funcionarios afines al partido de gobierno sandinista, igual que el resto de instituciones del Estado.
El gobierno de Ortega apunta, por su lado, a restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación económica, golpeada por el clima de protestas y por las sanciones internacionales.
Estados Unidos aprobó en diciembre pasado una ley denominada NICA Act, que restringe el acceso a Managua de créditos de organismos multilaterales que ayudaban al gobierno de Ortega a financiar su presupuesto.
Uno de esos organismos es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual, según reportes de la prensa local, facilitó a Nicaragua préstamos por el orden de los 1.035 millones de dólares entre el 2014 y 2017.
A eso se añade el colapso de la ayuda venezolana, que entre 2008 y junio de 2018 suministró al gobierno de Ortega más de 4.800 millones de dólares en cooperación petrolera e inversiones.
La proyección para este año es de una caída del PIB de 11% y más desempleo, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un ente independiente. El gobierno, en tanto, prevé una contracción de 1% para este año.
Ortega aceptó volver a la mesa con sus opositores en medio del aislamiento internacional que enfrenta su gobierno y la crisis que envuelve a su aliado venezolano Nicolás Maduro.
