Manifestantes exigen liberación de exfiscala antimafias en Guatemala

“Estamos presentes en apoyo a Virginia Laparra, una fiscal (...) que fue criminalizada por haber hecho lo correcto”, declaró el activista Saúl Interiano en la sede de tribunales en el centro capitalino. Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la ciudad de Quetzaltenango, fue detenida por abuso de autoridad y usurpación de funciones acusada de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución.

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“Está detenida injusta y arbitrariamente ya desde hace más de tres meses y estamos aquí para pedir su pronta libertad”, agregó Mayra Rodríguez, integrante del Sector Interreligioso Centinelas. La exfiscala acudió este martes a una audiencia donde un juez podría ordenar el inicio del juicio.

En la cita también estaba previsto que la defensa de Laparra solicite cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliar. Organizaciones han denunciado que a la jurista solo se le permite “ver la luz del sol” pocas horas al día. La petición de captura fue hecha por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada el año pasado por Washington que la incluyó en un listado de personajes “corruptos”.

Porras es señalada de dirigir un plan de persecución contra exfiscales de la FECI y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), adscrita a la ONU, que ventilaron importantes casos de corrupción.

En febrero también fueron arrestados cinco abogados de dichas instancias. Algunos han salido bajo fianza y a otros se les desestimaron los cargos, principalmente por abuso de autoridad. Pese al rechazo de la comunidad internacional por las decisiones de de Porras, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la reeligió en mayo para otros cuatro años.

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“Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”, señaló tras la reelección el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken.

Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI y considerado como un “campeón anticorrupción” por Washington. Sandoval, exiliado en Estados Unidos, dijo en marzo que su separación del cargo ocurrió tras conocerse que contaba con información “de un posible soborno de empresarios” rusos al presidente Giammattei para operar un puerto sobre el Caribe.