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El gobierno socialista se limitó a indicar que dará a conocer su posición el jueves en consejo de ministros. El presidente español, Pedro Sánchez visitó en agosto Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)
Madrid. El Tribunal Supremo español revocó este martes una sentencia de hace casi dos semanas y decidió que es el cliente, y no los bancos, los que deben pagar un impuesto sobre su préstamo hipotecario.
Tras dos días de deliberaciones en sesión plenaria, los jueces acordaron por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.
El pasado 18 de octubre el alto tribunal había decidido precisamente lo contrario, y al día siguiente, coincidiendo con una caída de los valores bancarios en bolsa, suspendió su decisión.
La asociación de consumidores (OCU) pidió la dimisión inmediata del presidente de esa sesión plenaria por una decisión que perjudica a millones de consumidores, mientras que el líder de la formación de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, convocó una manifestación el sábado ante el Tribunal.
El sábado por la tarde, frente al Tribunal Supremo a las 18:00, nos vemos con la ciudadanía para defender la justicia social, la independencia judicial y la dignidad. Los partidos no debemos ser protagonistas, pero debemos estar con nuestro pueblo
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 6, 2018
El gobierno socialista se limitó a indicar que dará a conocer su posición el jueves en consejo de ministros.
Un millón y medio de personas pagaron ese impuesto desde el 2014, según Gestha, el sindicato de funcionarios del ministerio de Finanzas.
El impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5% del préstamo, según las regiones, y es más elevado que en Francia o Portugal, indicó a la AFP Rocío Albert, profesora de análisis económico de EAE Business School de Madrid.
La sentencia del 18 de octubre había generado gran inseguridad, puesto que el mercado temía no solamente el impacto sobre la firma de nuevos créditos hipotecarios, sino la posible aplicación retroactiva de la medida.
Ante la enorme repercusión económica y social del giro radical en el criterio jurisprudencial, el Tribunal suspendió la medida y anunció que volvería a debatir sobre ello.
Según un análisis de Moody’s, la aplicación de la sentencia original, contraria a los bancos, hubiera representado un coste de 640 millones de euros. Si se hubiera aplicado retroactivamente, la factura para los bancos hubiera ascendido a más de 2.300 millones de euros.
