Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén) tiene la intención de que la entidad sea un participante activo en la próxima discusión sobre la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que se prevé se inicie en el 2024.
De hecho, la institución ya cuenta con una propuesta para apuntalar las finanzas del fondo de pensiones la cual plantea, según el plan, un aumento en los ingresos del régimen, una reducción de beneficios y la creación de la pensión básica universal financiada, principalmente, con un incremento del 13% al 15% del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
Aguilar explicó a La Nación las principales medidas de la propuesta de reforma. A continuación un extracto de la entrevista realizada el 23 de noviembre.
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― ¿Tienen alguna estimación de la urgencia de la reforma al IVM?
― Hace tres años se hizo una reforma y desde entonces dijimos que era insuficiente. Ahora ya se está escuchando la necesidad de volver a sentarse en una mesa de diálogo para enfrentar el problema.
”No es solo hacer ajustes paramétricos (edad de retiro, cotización y monto de pensión), hay que hacer una reforma integral, no solo parches. Hay que redefinir de manera integral el sistema de pensiones, manteniendo el esquema multipilar.
”Primero, debemos pensar cómo generar la cobertura a toda la población en vejez (...). El diálogo es importante, pero se debe tener muy bien definido el norte, lo que se quiere lograr”.
― ¿El ajuste al IVM debe ser más riguroso, 70 años de edad retiro o más cotización?
― Evidentemente lo que hemos visto no era y no será suficiente. Nosotros nos hemos orientado a una pensión básica universal que permitiría ayudar en los problemas de sostenibilidad (del IVM), hemos hecho los cálculos porque le quitaría una de las cargas más importantes que es la pensión mínima.
”Ya no se requerirían los recursos de la pensión mínima porque la pensión básica universal serviría como una plataforma.
”Tenemos que estar claros que no podemos sostener un sistema de pensiones anclado en planillas. Hay que pensar, desde la perspectiva fiscal, cuáles son los ingresos que se requieren para lograr el objetivo de la sostenibilidad (del IVM), la universalización y un esquema que combata la informalidad.
”En la pensión básica universal el financiamiento va desde aumentar el IVA (impuesto sobre el valor agregado) del 13% al 15% para destinar dos puntos porcentuales a la pensión y redireccionar algunas cargas sociales. Por ejemplo, los recursos dirigidos al Banco Popular o el aporte estatal”.
― En el 2019, la Superintendencia propuso elevar la contribución obrero-patronal y estatal; y reducir beneficios a pensionados. ¿Debe retomarse la iniciativa?
― No es una sola cosa que hay que hacer. Es posible que esto (sostenibilidad del IVM) requiera un aumento en las cuotas. Pero debemos de buscar cómo ese aumento no incentiva la informalidad.
”Por eso hay que redireccionar cargas. Para que las empresas, los patronos, no sean los que absorban todo el costo.
“La discusión importante es cómo hacemos para que el IVM llegue a una razón de solvencia, por lo menos al 80%; hemos hecho estimaciones de un conjunto de medidas para lograrlo y es parte de los aportes que podemos hacer en la mesa de diálogo”.
― ¿Puede detallar cómo se llegaría al 80% de razón de solvencia?
― Sí, básicamente es con un aumento del IVA, creo que debemos pensar en una reforma tributaria con una orientación social.
”Segundo, podríamos pensar en subir la edad o bien el número de cuotas, que tendría el mismo efecto. Esto es porque ahora se requiere mucho más años de pago de pensión a los jubilados, frente a lo que se requería en el siglo anterior.
”La pensión básica universal liberaría a la Caja de la pensión mínima y aumentaría su razón de solvencia. Esto es un tema técnico, pero requiere de un importante consenso político (...). Creo que lo que puede gatillar mejor la reforma es lo de la pensión mínima porque implica que casi el 50% de los pensionados reciben una cuantía superior a lo que cotizaron.
― Estas propuestas son polémicas. Por ejemplo, que los pensionados coticen al Seguro de Salud.
― Sí, todas. Hoy día, en los sistemas de pensión básica del Magisterio Nacional y el Poder Judicial, los pensionados cotizan. Entonces es un asunto de equidad. Alguien tiene que financiar (la atención de salud) y si decidimos que no sean los pensionados, será el Ministerio de Hacienda.
― ¿El mecanismo de autobalance para el IVM es como en el Magisterio Nacional, que cuando no se logra la meta de solvencia el ajuste en pensiones es menor a la inflación?
― Sí. Es definir un límite al ajuste de las pensiones, si se está muy lejos a la meta de razón de solvencia y, por supuesto, lo que entra es equilibrar el tema de los principios de seguridad social con la suficiencia.
― La propuesta de la Supén es técnica, pero la percepción de las personas es que se busca salvar a la Caja, por lo no hecho por años, en detrimento del trabajador. ¿Es así?
― Esa percepción puede ser correcta, si no le agregamos la solución a la universalización de las pensiones. Si escucho el mensaje de que voy a recibir un monto de pensión digna en la vejez, con independencia de si tuve trabajo y cuotas suficientes o no, creo que todos estaríamos de acuerdo.
”Si incorporo soluciones cortoplacistas donde solo subo las cuotas y no resuelvo el tema de sostenibilidad del sistema, por supuesto que opinaré igual”.
― Sobre la pensión básica universal, ¿cómo garantizar el compromiso del Gobierno de hacer el aporte para su financiamiento, si ya hoy tiene una deuda con el IVM?
― El riesgo fiscal más importante del Gobierno y el Ministerio de Hacienda se llama el sistema de pensiones. Ya hoy en día tiene ese riesgo encima.
”Cuando la Caja hizo la estimación original de la reforma del 2014, hablaba de que tenía reservas para el 2050. Hoy día se dio cuenta que no es así. Si estuviera en Hacienda, estaría muy preocupada por la contingencia fiscal, o sea, el Estado no puede dejar de pagar las pensiones. La solución sería degradar las pensiones, pero como sociedad no podemos permitirlo”.