La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó abrir una mesa de trabajo para discutir nuevas reformas destinadas a asegurar la sostenibilidad de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La discusión empezará en el 2024 e incluirá a distintos sectores de la sociedad civil, debido a que las reformas que entran a regir el 11 de enero próximo son insuficientes para equilibrar el IVM. A partir de enero, se eliminará la pensión anticipada para los hombres y se reduce el monto de la jubilación entre un 3% y un 12%.
Un primer grupo técnico ya ha puesto sobre la mesa algunas propuestas iniciales que se podrían adoptar, explicó Jaime Barrantes Espinoza, gerente general de Pensiones de la CCSS.
Se han analizado medidas de equilibrio actuarial, entre las cuales está la implementación de cuentas nocionales, que funcionan como un sistema de reparto, igual que el IVM.
La diferencia, según Barrantes, es que los aportes del trabajador se van acumulando, de manera ficticia o como una “noción”, con la idea de que al final de su vida laboral la persona reciba un monto de pensión acorde con su esfuerzo contributivo mediante una fórmula que acumula esas cotizaciones.
Suecia es el modelo de referencia para la aplicación de un sistema de pensiones basado en cuentas nocionales.
Tampoco se han descartado otros ajustes paramétricos, que son los que se han venido haciendo. Consisten en variar la edad de retiro, el monto de los beneficios y los aportes de la persona cotizante.
Otro de los planteamientos tiene que ver con la utilización de fuentes de financiamiento no tradicionales para generar ingresos al fondo del IVM a partir de la colocación de inversiones del dinero disponible en sectores tecnológicos, en recursos naturales o en la construcción de carreteras.
También se ha hablado de la posibilidad de implementar una pensión básica universal, con la cual se garantizaría un ingreso mínimo a todas las personas durante la vejez. Según Barrantes, aproximadamente un 35% de adultos mayores en el país no tienen pensión.
Un proyecto de ley del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias, por ejemplo, propone utilizar cinco fuentes de financiamiento para crear una pensión básica universal de ¢82.000 para todos los adultos mayores que hayan vivido en el país al menos por 40 años.
El plan propone usar, por ejemplo, el 50% de los aportes patronales sobre el salario que actualmente se destina al Banco Popular, así como los recursos del actual Régimen No Contributivo (RNC), fondos del impuesto a los licores y cigarrillos, y rentas de las loterías nacionales.
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Asimismo, sobre los ajustes paramétricos, también se ha discutido la posibilidad de incluir ajustes paramétricos para condiciones especiales de empleo.
Por ejemplo, considerar el mayor desgaste que algunas actividades puedan producir, en comparación con el resto, o tener en cuenta las labores de cuido que realizan muchas mujeres y que no les permite cotizar tanto como los hombres.
Hasta la fecha, diversas propuestas han sido objeto de análisis y diálogo en el seno de un grupo técnico compuesto, principalmente, por entidades estatales y la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Sin embargo, la Junta Directiva de la CCSS concluyó que, a partir del 2024, la conformación se ampliaría para incluir a sectores de la sociedad civil, iniciando por las representaciones de los trabajadores y la parte patronal.
“Yo creo que, más que un comité o una comisión, es una mesa de trabajo a nivel país, con todos los sectores que se pueda y que quieran aportar, con el fin de ver hacia adónde se mueve el país en materia de pensiones”, indicó Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, a la Junta Directiva de la institución, en la sesión del 9 de noviembre.
Las instituciones que han estado involucradas en el proceso de análisis, junto con la OIT, son la CCSS, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
La integración del grupo de trabajo se concretaría una vez que la Junta Directiva conozca, a más tardar en diciembre, los resultados del estudio actuarial del IVM, que se encuentra en proceso de elaboración.
Reformas de 2024 son insuficientes
Martha Rodríguez González, representante de los trabajadores, planteó dudas sobre la pertinencia de iniciar la discusión de nuevas reformas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), considerando que las últimas modificaciones, aprobadas en agosto de 2021 entrarán en vigor el 11 de enero del 2024.
Ante el cuestionamiento, el gerente de pensiones, Jaime Barrantes, explicó que la visión de la Junta Directiva de la CCSS, desde su acuerdo en 2021, era avanzar en los cambios que están por aplicarse para sostener al fondo, mientras se ponía en marcha una segunda etapa de reformas, más lenta y más compleja.
“Esta reforma (2021) tiene un impacto limitado en el tema de la sostenibilidad en el largo plazo; no nos va a resolver todo el problema”, indicó.
De acuerdo con el funcionario, la siguiente etapa conlleva la toma de “decisiones país”, que deben pasar por otras instancias, como la Asamblea Legislativa.
Esquivel también defendió la posición de elevar la discusión, más allá del marco de la CCSS, con el fin de ordenar las distintas propuestas que existen en la actualidad.
“Hay muchos proyectos, muchas propuestas, pero cada una anda como independiente y creo que sí vale la pena darle un seguimiento importante a este tema”, señaló.
Mencionó el caso de las iniciativas relacionadas con “quitar o dar” recursos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y los efectos que tales decisiones podrían tener en todo el sistema de pensiones, incluido su eventual debilitamiento.
Los cambios que empezarán a regir en 2024 incluyen la eliminación de la pensión anticipada para los hombres; en las mujeres el beneficio se mantiene, pero la edad para anticipar el retiro se eleva de 59 años y 11 meses, con 450 cuotas actuales, a 63 años con 405 cuotas.
De igual forma, los hombres pasarán de jubilarse a los 61 años y 11 meses (con 462 cuotas), a recibir su pensión hasta los 65 años (con al menos 300 cuotas).
A su vez, se disminuiría el monto de la jubilación futura entre un 3% y un 12% porque la Gerencia de Pensiones planteó cambiar las dos principales variables de la fórmula, es decir, el sueldo promedio cotizado por la persona y el cálculo del monto de la pensión.