La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aceleró este año las inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en bonos de deuda del Gobierno Central.
En los primeros seis meses del 2023, la entidad destinó ¢148.284 millones, de un total de ¢175.954 millones, para adquirir títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda, más del doble si se compara con ¢60.051 millones en el mismo periodo del año pasado.
Así se desprende del Informe y Evaluación del Presupuesto de la CCCS, del cual tiene copia La Nación, donde se indica que el semestre pasado la Caja destinó el 84,2% del total del dinero del IVM disponible para invertir, en comprar títulos de Hacienda, cuando en el mismo periodo del 2022, esa proporción fue del 60,5% del total de recursos.
Los recursos usados para comprar emisiones de Hacienda corresponden a vencimientos de inversiones previas de la reserva del IVM. Este régimen de pensiones solo reinvierte el monto del principal porque destina las ganancias por intereses para pagar la pensión a 349.451 personas beneficiarias del sistema.
“Con relación al 2022, se presenta un aumento de 146,9% (en las inversiones en Gobierno) debido a un incremento en la compra de títulos valores, en el primer semestre de 2023, por una mayor participación (...) de largo plazo en subastas del Ministerio de Hacienda”, se explica en el documento.
Por otra parte, de las inversiones restantes del primer semestre (15,8%), la Gerencia de Pensiones destinó solo ¢27.670 millones a valores del sector privado, bancos principalmente; y ¢3.500 millones a la colocación de nuevos créditos hipotecarios, según el documento mencionado.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) destacó que los fondos con alta concentración, como el IVM, se exponen a pérdidas en periodos de caídas de los mercados. El principal riesgo, agregó la entidad, es si el Gobierno como emisor de valores no logra cancelar sus obligaciones.
Aunque remarcó que, en los últimos tres años, el riesgo crediticio de Costa Rica medido por el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes para América Latina (EMBI, por su siglas en inglés), de JP Morgan, registra una disminución.
“La concentración en cualquier cartera de activos se relaciona directamente con los riesgos financieros del emisor constituidos por el riesgo de mercado, crédito y liquidez, que se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento, el cual tendría consecuencias negativas directas en el fondo administrado”, argumentó la Supén.
En contraste, los portafolios de inversión diversificados reducen los efectos de la fluctuación en los precios de los títulos valores, según la Superintendencia.
Édgar Robles, exjerarca de Supén, destacó que el IVM entró en un periodo de riesgo de liquidez en el que empezó a utilizar la reserva del régimen. “Si tiene todo invertido en Gobierno el nivel de criticidad aumenta considerablemente. Pero además, hay que ver las concentraciones por plazo”, resaltó.
El economista añadió que ante la necesidad de recursos, la Caja tendría que vender bonos de largo plazo en el mercado secundario (donde se compran y venden valores después de su primera colocación). “Estamos atravesando una época complicada para ello pues las tasas de interés han venido subiendo y la venta anticipada materializará las pérdidas de valoración”, explicó Robles.
Javier Cascante, exsuperintendente de Pensiones, subrayó que los fondos de pensiones tienden a invertir en títulos gubernamentales, pero no lo hacen en un solo gobierno. “En la medida que se abran los abanicos de oportunidades de inversión es necesario que se cuente con una estructura sofisticada de análisis de opciones”, afirmó.
Este especialista criticó que a la Caja le haya tomado un periodo tan extenso la preparación para adquirir valores invertidos en el extranjero.
El ascenso en la adquisición de bonos del Gobierno, entre enero y junio de este año, implicó una mayor concentración del portafolio de inversiones del IVM en este emisor. Al finalizar ese periodo, el 92,3% de los ¢2.347.224 millones en títulos valores a largo plazo que administra el IVM estaban colocados en instrumentos de Hacienda, muestran los estados financieros del régimen.
La Caja tiene cinco años consecutivos de elevar las inversiones en bonos del Gobierno.
Los estados financieros del IVM indican que, a junio del 2019, el 83% de las inversiones de la reserva estaban en bonos de deuda gubernamentales, es decir, esa porción se elevó casi en 10 puntos porcentuales desde entonces.
Una alta concentración en las inversiones implica un problema para los fondos de pensiones porque los recursos están más expuestos a riesgos, situación que se puede mitigar con la diversificación.
Por ejemplo, el portafolio del IVM sufrió el año pasado por la alta inflación pues, a mitad de año, los rendimientos reales de las inversiones cayeron a -0,44%.
Este año el resultado mejoró, pero como consecuencia de que la economía local registra un proceso temporal de deflación, según las proyecciones del Banco Central.
Los mayores riesgos a los cuales están expuestas las inversiones del régimen ocurren a pesar de que, desde abril del 2016, la Gerencia de Pensiones recibió autorización de la Junta Directiva para adquirir títulos valores en el extranjero.
Sin embargo, a casi ocho años de tal decisión, la institución sigue sin adquirir bonos en los mercados internacionales.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, comentó que destinar la mayoría de las reinversiones del fondo a bonos del Gobierno es un reflejo de la estrechez del mercado de valores local.
“Las opciones en el sector privado son más limitadas. Además, la unidad de riesgos nos mandó a ser más preventivos en las inversiones. Entonces, eso hizo que se elevaran las inversiones en Hacienda”, reconoció el jerarca.
Financiar al principal deudor
La alta dependencia del IVM a la adquisición de bonos de deuda del Poder Ejecutivo resulta contradictoria dado que el Gobierno es el principal moroso con la Caja por el impago en las cotizaciones estatales.
“Es una situación (la falta de pago) producto de las mismas características del mercado nuestro, donde a veces se deben analizar las opciones. Es un escenario no solo para el IVM, sino para el resto de los fondos, de acudir a un emisor (Hacienda) con rendimientos atractivos, pero con limitaciones en sus pagos”, reconoció Barrantes.
El saldo pendiente de pago, según los estados financieros del régimen, es de ¢568.680 millones y la proyección de la Dirección Actuarial es que ascienda a los ¢600.000 millones al cierre de este año.
La falta de esta contribución implicará que la Gerencia de Pensiones deba usar ¢51.000 millones de la reserva de lVM para pagar beneficios este año.
Si Hacienda no transfiere los recursos pendientes, la entidad autónoma los obtendrá de vencimiento de títulos valores que no serán reinvertidos.
Mirar al exterior
El gerente de Pensiones comentó que, para el próximo año, la Caja tiene previsto iniciar el proceso de inversiones en el extranjero.
Barrantes comentó que la autorización es destinar el equivalente al 3% de la reserva del IVM, es decir, ¢106.00 millones. Sin embargo, el proceso será paulatino, aceptó el funcionario.
El paso previsto por los administradores del fondo de jubilaciones llegará ocho años después de que se recibió la autorización para invertir en los mercados internacionales.
En abril del 2016 fue cuando la Junta Directiva de la entidad aprobó una nueva política de inversiones que dio luz verde a la adquisición de instrumentos emitidos fuera de Costa Rica.
A partir de ese momento, se empezó un proceso de análisis que culminó con la aprobación, a finales de julio del 2021, del nuevo Reglamento de Inversiones del IVM.
Barrantes comentó que recientemente la Directiva de la Caja autorizó la incorporación de dos miembros externos al Comité de Inversiones de la institución quienes tienen experiencia en mercados internacionales.
Según el funcionario, tal medida facilitará la adquisiciones de emisiones externas por parte del régimen.
A junio pasado, el portafolio de inversiones del IVM registró un rendimiento interanual real (descontada la inflación) de 9,5%, según los estados financieros.
El resultado de este año implica una mejora pues la alta inflación en el 2022 hizo que el rendimiento real de las inversiones fuera de -0,44% en junio del año pasado.
Ahora, cuando se comprara con otros fondos de pensiones, el resultado del IVM a mitad de este año es favorable.
El fondo de pensiones del Poder Judicial registró una rentabilidad real de 6,62% a junio pasado.
Mientras que Popular Pensiones, la operadora con mayores inversiones en el extranjero, el rendimiento real anual fue de 0,44%, según la Superintendencia de Pensiones.