La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prepara una reforma al cálculo de las pensiones mínimas del IVM que tendría como consecuencia una reducción en el monto mensual del beneficio, la eliminación de los ajustes automáticos y que la actualización se haga solo una vez al año, en lugar de dos.
El propósito de dichas medidas es aliviar la presión financiera de las jubilaciones más bajas sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Esta propuesta fue presentada por Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, y Carolina González, cabeza de la Dirección Actuarial y Económica, en la sesión 9.378 de la Junta Directiva de la CCSS, el pasado 27 de octubre.
En la actualidad, la pensión mínima del fondo de jubilación es de ¢153.192 por mes y es percibida por el 46% de los 353.657 beneficiarios del sistema, es decir, 162.682 personas, según los datos de la Caja.
El modelo actual de ajuste en las pensiones más bajas establece que estas no pueden ser inferiores al 50% de la base mínima contributiva (BMC) al fondo de jubilaciones que se actualiza semestralmente.
El vínculo del ajuste de la pensión mínima a la BMC se estableció en la reforma del 2005 al IVM, pues previamente la cuantía más baja del régimen era muy reducida, dijo Barrantes. Pero luego se consideró necesario adaptar dicho ligamen a la realidad del fondo.
La BMC es el monto mínimo sobre el cual la CCSS cobra las cargas sociales a los patronos y trabajadores; hoy está en ¢306.383 en el IVM. El Seguro de Salud tiene un monto mayor, es de ¢327.337.
Con la propuesta de nuevo cálculo que está bajo análisis, la intención es que la cuantía sea equivalente al 40% del salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo, lo cual hoy día ubicaría el beneficio en ¢140.865 por mes. Además, la actualización del monto se revisaría de forma anual en vez de cada seis meses.
Si se aprueba la reforma este monto se otorgaría a los futuros pensionados con la jubilación mínima, quienes hoy reciben ¢153.192 al mes mantendrían dicho monto.
El gerente de Pensiones de la institución explicó a La Nación que el ajuste automático se mueve de una manera más acelerada a la realidad de los ingresos del sistema, lo cual ejerce un estrés sobre las finanzas del sistema.
“Al hablar del salario mínimo estaríamos definiendo un porcentaje menor, del 40%, respecto al 50% de la base mínima. (La idea) es establecer un piso más manejable para la institución”, aceptó Barrantes.
Además, agregó que muchos de los jubilados con la cuantía mínima no cotizaron lo suficiente para recibir el beneficio de ¢153.192, por lo cual se debe subsidiar un porcentaje del monto.
| ¿Qué es la base mínima contributiva? |
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| La base mínima contributiva (BMC) es el nivel mínimo de cotización a los sistemas de pensiones y salud administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El objetivo de la Caja es que la BMC sea equivalente al salario mínimo legal del trabajador en ocupación no calificada establecido por el Ministerio de Trabajo, hoy en ¢352.164. Para lograr este fin, la Caja estableció una escala de ajuste anual para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y para el Seguro de Salud, pero el ascenso se frenó a raíz de la pandemia. En el IVM, la BMC está en ¢306.383 y, en el sistema de salud, en ¢327.337. Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, reconoció que desligar la pensión mínima del IVM a la BMC, permitiría ajustar el monto de cotización al régimen y mejorar los ingresos. Sin embargo, agregó que ese eventual cambio no se analiza por ahora, pues si el monto de cotización mínima se eleva muy rápido puede tener un efecto contrario, generar evasión en vez de elevar ingresos. |
Barrantes añadió que el Estado se había comprometido a financiar el subsidio a este grupo de jubilados. Sin embargo, señaló que los atrasos en el pago del Gobierno afectan las finanzas del IVM. Para el cierre de este año, la Caja prevé que la morosidad estatal ascenderá a ¢600.000 millones.
Los directivos de la CCSS aprobaron que la Gerencia de Pensiones y la Dirección Actuarial presenten los eventuales escenarios de reforma al artículo 29 del Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual establece el vínculo de la pensión mínima con la BMC.
La normativa de la Caja estipula que las jubilaciones más bajas del régimen se actualizarán, en los próximos años, hasta alcanzar el salario mínimo legal que es de ¢352.164, según el Ministerio de Trabajo.
Medida polémica
No es la primera vez que la institución analiza una opción de cambiar el cálculo de las pensiones más bajas. La Directiva debatió el tema entre el 2017 y el 2018, pero no se tomó ningún acuerdo.
Mientras, en agosto del 2021, la Dirección Actuarial propuso que la pensión mínima fuera el equivalente al 45% de la BMC, en vez del 50%. Sin embargo, tampoco se tomó una decisión en firme. Pero el gerente de Pensiones dijo que la propuesta podría retomarse.
Barrantes manifestó que la actual metodología de revalorización de las pensiones mínimas provoca, eventualmente, crecimientos más acelerados a la inflación.
Durante la exposición hecha a la Junta Directiva, a finales de octubre anterior, se detalló que el incremento hecho este año fue del 6,62%. A los jubilados con un monto de jubilación por encima de la mínima se les aprobó un ajuste a finales de octubre pasado, pero no recibían ninguna modificación desde el 2021.
Édgar Robles, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), recalcó que la CCSS insiste en modificar el ajuste a la pensión mínima porque es el elemento más oneroso para la institución, pues concentra la mitad de los jubilados y la mayoría del subsidio del régimen.
“Para mí es una gran irresponsabilidad histórica porque, todo lo que no hicieron en el pasado, se lo quieren cobrar a los más pobres. Hace 15 años decían que no hacían falta reformas al IVM”, criticó Robles.
Pero agregó que la realidad del régimen obligó a la CCSS a empezar a hacer cambios como aumentar la cotización, eliminar la pensión reducida y la jubilación adelantada; y ahora retoman la urgencia de hacer más cambios al sistema.
“El objetivo es salvar las pensiones y atender a los más pobres, no salvar la Caja”, enfatizó Robles.
La Superintendencia informó, por escrito, de que desconocen el detalle de la propuesta de la Gerencia de Pensiones. Pero destacó que el plan a discutir debería guardar relación con el esfuerzo contributivo de los afiliados, así como mantener un nivel de suficiencia o capacidad de pago mínimo que asegure una vejez digna.
La entidad recalcó que si desaparece el criterio de equivalencia de la pensión mínima al 50% de la BMC, se debe definir un parámetro adecuado, y podría ligarse con la línea de la pobreza total o extrema.
La Supén reconoció que el mecanismo actual de revalorización sí presiona las finanzas del IVM, por lo cual consideró necesario efectuar un rediseño a la metodología.
La entidad fiscalizadora consideró pertinente que las pensiones mínimas del régimen cuenten con financiamiento independiente a las contribuciones obrero-patronales.
El IVM es el sistema de jubilación más grande de Costa Rica. A agosto pasado, contaba con 353.657 beneficiarios. Al sistema cotizan 1,7 millones de trabajadores y 75.498 patronos. El sistema contaba con una reserva de ¢3,33 billones, según los estados financieros del fondo.
Actualmente, la contribución al régimen es equivalente al 10,66% del salario de cada trabajador. El patrono aporta 5,42%, la persona 4,17% y el Estado 1,57%.