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El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) estableció un procedimiento que permitirá a las autoridades judiciales, como el Ministerio Público, obtener información sobre sociedades anónimas y personas físicas del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
El nuevo trámite se implementó, desde el pasado 11 de octubre, con el objetivo de agilizar las pesquisas contra el crimen organizado, confirmaron Sergio Rodríguez, director del ICD, y Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de dicho Instituto.
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Chavarría explicó que la extracción de información del registro de accionistas se efectuará bajo estrictas medidas de seguridad y amparado en las razones legales que permiten al ICD utilizar dicha base de datos.
“La entidad judicial puede hacer un requerimiento de la información, pero la condición que cambia aquí, es que la extracción de la información se hace en un documento donde fungimos como un intermediario de la fuente primaria para ponerla en conocimiento del ente judicial”, dijo el funcionario.
Chavarría agregó que en estos nuevos informes se detallará, por ejemplo, en cuáles sociedades aparece determinada persona o empresa investigada, y con cuáles servicios financieros cuenta en el sistema bancario costarricense.
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Registro de accionistas será utilizado en investigaciones sobre lavado de dinero. El ICD suministrá la información de esta base de datos a autoridades judiciales para las pesquisas que realizan contra personas o empresas. (Shutterstock para EF)
La UIF efectúa de manera habitual informes de inteligencia y de análisis de transacciones que requieren un estudio más profundo y puede tardar varias semanas. Con el nuevo procedimiento se espera brindar respuesta en un plazo de 48 horas.
El Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales (RTBF) es una base de datos confidencial, resguardada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la cual las personas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal, deberán proporcionar el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva en cada sociedad.
El registro fue creado en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal aprobada en diciembre del 2016, en la Asamblea Legislativa.
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El Ministerio de Hacienda y el ICD son las únicas entidades públicas que tienen acceso a la información aglutinada en dicha base, para labores de control fiscal y de combate al lavado de dinero, respectivamente.
Acelerar procesos
El director del ICD y el jefe de la UIF destacaron que el país tiene una necesidad de agilizar las indagaciones sobre casos sospechosos de lavado de dinero.
Los datos de la organización muestran que se recibieron un total de 78 reportes de operaciones sospechosas (ROS), entre enero y agosto de este año, por parte de las entidades financieras por montos de $41 millones y ¢1.178 millones.
En el mismo periodo del 2020, hubo 66 reportes por $21,5 millones y ¢386 millones, según los boletines estadísticos elaborados por el ICD.
“Se ha dicho que en las investigaciones de lavado de dinero son inalcanzables y es imposible llegar a buen puerto. La idea con esta nueva herramienta es aprovechar que lCD tiene la comunicación con todo el sistema financiero para impulsar las investigaciones”, afirmó Rodríguez.
El fiscal general interino, Warner Molina, fue una de las personas que criticó la eficacia del país para detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero de origen ilícito.
La nueva posibilidad de obtener información del registro de accionistas se une al mecanismo administrativo, habilitado el año pasado para investigaciones judiciales, que permite a la UIF aplicar un congelamiento inmediato de fondos en el sistema financiero, para recursos que no tienen una explicación de su procedencia y que aparecen de forma sospechosa y sin respaldo de una actividad lícita.
La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo avala al ICD a congelar cuentas bancarias por un plazo de 10 días cuando hay sospecha de lavado de dinero, como medida preventiva.
