La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) consideró que la propuesta del Gobierno que obligaría al sector de la micro y pequeña empresa a pagar el 30% de sus ganancias en concepto de impuesto sobre la renta, las empujaría a la informalidad o las obligaría a desaparecer.
El vicepresidente de Cacia, Mario Montero, indicó que el 55% de la industria alimentaria está conformada por empresas de menos de cinco trabajadores. “En una situación como la que estamos atravesando, que venimos saliendo de varias crisis, prácticamente esta propuesta reventaría a muchas empresas o haría que la gran mayoría sigan operando en la informalidad”, señaló.
Actualmente, el segmento de la micro y pequeña empresa paga con base base a porcentajes escalonados que van desde 5% a 20%, de acuerdo con su nivel de utilidades .
Este viernes en un comunicado de prensa, Cacia manifestó que identifica un efecto aplastante sobre la micro y pequeña empresa a raíz de dicha carga tributaria. “Nos parece que de entrada esa es una idea que debería ser abortada de primera instancia por los legisladores”, agregó Montero a La Nación.
El pasado jueves 18 de mayo, el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa cinco propuestas de ley de cambios tributarios. Las iniciativas incluyen, además, reformas en el impuesto a la propiedad de vehículos, la eliminación de exoneraciones fiscales y un proyecto para dar más potestades a Hacienda para el cobro de impuestos, entre otros.
El proyecto de reforma a la Ley de Impuesto de Renta indica que se fijará una tarifa única, “con independencia de los ingresos brutos que haya tenido la persona jurídica, uniformándose así el tratamiento para este tipo de contribuyentes y eliminándose el enanismo fiscal que se ha dado en la actualidad, originado por la escala progresiva dispuesta para personas jurídicas”.
Para la especialista en impuestos, Silvia Castro, la medida estaría generando un golpe económico importante para las micro y pequeñas empresas que durante el período fiscal no sobrepasan los ₵122.145.000 de ingresos brutos, que es el rango que actualmente le indica a una persona jurídica que su impuesto a las utilidades se determinará con la tarifa del 30%.
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El miércoles 24 de mayo, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves calificó las críticas sobre la propuesta dirigida a las pyme como “otra mentira enorme porque no entienden los números ni la lógica económica”.
Dijo que el 60% de este sector declara cero utilidades “no es que van a pagar porque no existe ni siquiera la generación de utilidades para pagar impuestos” y que pueden seguir en el régimen simplificado donde no van a pagar impuesto sobre la renta. A su vez justificó la medida para frenar la elusión fiscal que estaría ocurriendo para evitar o disminuir el pago de impuestos.
Las reglas del juego
Por otro lado, el vicepresidente de Cacia, se refirió al proyecto de Ley de Fortalecimiento del Control Tributario que propone la reforma de varios artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Montero indicó que el desconocimiento del debido proceso, o la importancia de la intervención de un juez previo al inicio de procedimientos administrativos, son algunos de los aspectos que mantienen en análisis de la propuesta.
“Nuevamente vamos a entrar en un debate de discusión sobre las reglas del juego en materia de procedimientos tributarios, no sabemos qué es lo que se pretende, pone nuevamente a Costa Rica en un clima en el cual cualquier inversionista, desde el más chiquitito hasta una transnacional, ven a Costa Rica como un país donde nunca se sabe lo que va a pasar en materia de reglas tributarias”.
Señaló que en 2018 el país pasó por un “trauma” social, económico y político con la discusión de la última reforma tributaria, que a su juicio fue el preámbulo de una recesión que se agravó con la emergencia por la pandemia de la covid-19.
Al respecto, Chaves justificó que desde hace 40 años no se revisa el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. “Lo único que estamos haciendo es pidiendo mecanismos para los grandes evasores, los mega evasores”, expresó en su conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Refirió que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que los instrumentos del país para luchar contra la evasión son obsoletos.
Como alternativa a las recientes propuestas de reformas, Montero sugiere que la estabilidad fiscal del país podría asegurarse con la reforma estructural del Estado, la revisión del sistema de pensiones y de las transferencias a instituciones públicas.
Dijo que continuarán con el análisis de las iniciativas para verificar en qué nivel se está incrementando la carga tributaria y revisar los temas de seguridad jurídica, concluyó Montero.
Cámara de Turismo rechaza nuevos impuestos
Este viernes la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), por medio de un comunicado, hizo pública su oposición al aumento o la creación de cualquier tipo de impuesto.
”En términos generales, no estamos de acuerdo con ningún aumento o nuevo impuesto, el sector turismo requiere de incentivos y facilidades para acelerar la recuperación, pero, el anuncio de estas medidas fiscales son pasos en la dirección opuesta”, señaló Rubén Acón, presidente de Canatur.
Los empresarios señalan que el enfoque correcto debe estar dirigido a que el Gobierno y, particularmente, el Ministerio de Hacienda combata, de forma eficiente la evasión y mejore su eficacia a la hora de recaudar los impuestos existentes.
La organización se refirió al aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los tiquetes aéreos. De acuerdo con el texto presentado, la tasa pasaría del 4% sobre la base imponible del 10% del valor total del boleto, a un 13% calculado sobre el 100% del valor total del tiquete.
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Posteriormente, el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que impulsará una moción para hacer un ajuste, de forma que se cobre el 13% sobre el 10% del valor del boleto aéreo.
”Esperamos que a partir del reconocimiento que ha hecho el ministro de Hacienda del error de redacción que tiene el texto presentado y que dista mucho de la intención que ha manifestado el Poder Ejecutivo, se corrija, a la mayor brevedad, para acabar con la incertidumbre creada y poder determinar la verdadera dimensión del impacto de dicha propuesta”, concluyó Acón.
