El gobierno propondrá eliminar la contribución del Estado a los fondos de pensión básicos y usar ese dinero para crear una jubilación básica universal en Costa Rica.
Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, confirmó a La Nación que esta será la propuesta que presentarán en el grupo técnico que la Caja Costarricense de Seguro (CCSS) convocó para discutir el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones.
“Tenemos que ir pensando cuál es la función subsidiaria del Estado en el tema de pensiones. Nosotros creemos que deberíamos avanzar a una pensión básica universal que no tenga relación con el salario (...) será parte de nuestra propuesta”, recalcó Acosta.
Sobre el financiamiento del nuevo beneficio, agregó: “Yo cogería el 1,57% que le doy a todos (los sistemas básicos) y lo doy a una pensión nada más y el aporte no es sobre el trabajador, sino sobre cada costarricense”, dijo.
Posteriormente, se consultó por un mensaje si la medida implicaría destinar a la pensión básica universal el aporte estatal que hoy se hace al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), del Magisterio Nacional; y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
“Se dejaría de cotizar con el aporte estatal en todos los regímenes”, aclaró Acosta.
La iniciativa que planteará el Poder Ejecutivo provocó cuestionamientos de los administradores de pensiones sobre el efecto que tendría en la sostenibilidad de los sistemas de jubilación.
La CCSS fue la que convocó al grupo técnico cuyo objetivo será discutir y plasmar propuestas para reforzar el sistema de pensiones.
Además de representantes de la institución autónoma y el Gobierno, participarán los sectores empresariales y de trabajadores, la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
El gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes Espinoza, espera que la primera reunión del órgano técnico se dé entre finales de marzo e inicios de abril.
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La Supén también apoya la pensión básica universal pues, desde finales del año anterior, la entidad confirmó que entre sus objetivos del 2023 está impulsar esta nueva jubilación.
La iniciativa de la entidad tendría matices respecto a la gubernamental. La superintendente, Rocío Aguilar Montoya, mostró su reticencia a suprimir en su totalidad el aporte estatal a los tres regímenes básicos.
Ella se decanta por trasladar parte del porcentaje al nuevo beneficio, pero sin dejar de contribuir a los regímenes del IVM, Poder Judicial y Magisterio Nacional.
Aguilar consideró que se debe buscar un punto medio durante el proceso de discusión nacional.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, explicó que no es posible eliminar en su totalidad la contribución estatal a los regímenes básicos.
“De acuerdo con la Constitución Política, solo debe haber un régimen (de pensión) que es el de la Caja y el sistema es tripartito, punto”, recalcó el especialista.
Hernández Valle comentó que la norma constitucional no establece el porcentaje específico de contribución, con lo cual sí sería posible distribuirlo entre los sistemas básicos y la pensión básica universal.
Contribución estatal a fondos básicos
El Gobierno planteará trasladar el aporte estatal de los fondos básicos a la nueva pensión básica universal. Estos son los montos cotizados.
Así funciona
La pensión básica universal tiene como objetivo garantizar un ingreso mínimo a todas las personas durante la vejez.
La cuantía se establecería con base en la línea de pobreza, monto que actualmente es de ¢120.136, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En el 2019, un estudio de la Academia de Centroamérica planteó implementar esta nueva pensión en el país y suprimir solo el aporte al IVM.
Édgar Robles Cordero, exjerarca de Supén, fue quien redactó dicho informe. Él explicó que esta jubilación se creó en los países europeos, como Noruega o Países Bajos, y es un sistema de reparto puro, es decir, sin un fondo de reserva, financiado por el presupuesto de cada Gobierno.
Robles recalcó que claramente debe existir un compromiso en la contribución estatal y un mecanismo efectivo de cumplimiento.
En caso de avanzar la propuesta gubernamental será necesario el aval de la Asamblea Legislativa porque los aportes estatales a los regímenes básicos están dictados por ley.
Actualmente, el Gobierno contribuye cada mes el equivalente al 1,57% de la masa salarial de cada fondo, es decir, sobre el total de remuneraciones reportadas por los trabajadores.
En el 2022, la contribución estatal ascendió a ¢153.345 millones de los cuales el 85% se trasladó al lVM porque cuenta con la mayor cantidad de cotizantes, en total son 1,7 millones. En el Magisterio Nacional son 105.676 docentes y, en el Poder Judicial, 13.500 funcionarios.
La contribución hecha por las instituciones públicas, en su calidad de patrono, y la realizada por cada trabajador se mantendrá en los tres regímenes.
Actualmente, estos fondos cuentan con 345.000 jubilados.
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Cambiar el diseño
El jerarca de Hacienda enfatizó que es necesario evaluar el diseño del aporte estatal a los fondos básicos pues, en la estructura actual, privilegia al trabajador formal, principalmente, al empleado público.
“El Estado aporta el mismo porcentaje para el pobre y para el rico. Si hay una persona que gana ¢10 millones se aporta el 1,57% y a una persona que gana ¢300.000 se le aporta el 1,57%. ¿Quien lo necesita más? Ese diseño hay que repensarlo”, subrayó Acosta.
Recalcó que el sistema de pensiones actual no es justo porque el 40% de las personas mayores de 65 años no tienen pensión.
La jerarca de la Superintendencia de Pensiones adelantó que la institución propondrá transformar el aporte estatal en un monto fijo, en vez de un porcentaje del salario del trabajador; pero no eliminarlo.
“Al convertirse el aporte del Estado en un monto fijo, el resto (de la contribución) iría a la nueva pensión. Esto implicará reajustes en los sistemas. Será un tema de diseño, nada está escrito en piedra y es parte de las opciones en construcción”, dijo Aguilar.
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Añadió que previo a acordarse una decisión será necesario hacer los estudios actuariales a los fondos.
Los administradores de los tres regímenes básicos mostraron sus reservas en eliminar el aporte estatal, pero no en crear la pensión básica universal.
Para Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), recalcó que en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) la medida tendría un impacto directo en la solvencia.
“El régimen pasaría de una situación de equilibrio –en la última valuación se observaba un superávit actuarial cercano a los ¢74.000 millones–, a una situación deficitaria de -¢212 865 millones. Esto porque la cotización tripartita pasaría de un 16,32% a un 14,75%”, subrayó Arias.
Enfatizó que, para compensar el desequilibrio, se tendría que elevar la cotización obrera o rebajar el monto de pensión.
La Junta Administradora del régimen del Poder Judicial destacó, por escrito que, si la propuesta del Gobierno avanza, se rompería el esquema de aporte tripartito establecido desde la concepción del sistema de seguridad social.
El gerente de Pensiones de la Caja reconoció que en la creación de la pensión básica universal hay consenso. Pero destacó que, el fin de la discusión, es fortalecer el IVM dentro del Sistema Nacional de Pensiones al ser el fondo más grande del país.
“Se deben poner en la mesa ajustes estructurales (de financiamiento) entre cargas sociales, impuestos y qué se hará con los recursos de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional conforme vaya cayendo el gasto”, subrayó Barrantes.
Reestructurar los pilares
El Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica está constituido por cuatro pilares de fondos de jubilación.
Los principales son los regímenes básicos en los cuales los principales son el IVM, el Poder Judicial y el Magisterio Nacional.
El sistema complementario es administrado por las operadoras de pensiones complementarias (OPC). Aquí están el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Las OPC también tienen bajo su tutela los fondos voluntarios de pensiones.
El último pilar del sistema es el Régimen No Contributivo (RNC), creado en 1974 y administrado por la CCSS. Su objetivo es brindar una pensión a las personas que no hayan alcanzado el derecho de jubilación o no cotizaron del todo a ningún fondo básico.
Este sistema se financia mediante Presupuesto Nacional. Sin embargo, las dificultades fiscales del Gobierno generan atrasos en la transferencia de recursos. Por ejemplo, este año se inició con un hueco de ¢14.700 millones, el cual el Poder Ejecutivo aún está pendiente de tapar, según la Caja.
La jerarca de la Supén explicó que el planteamiento será hacer converger la pensión básica universal con el RNC y que prevalezca solo el primer beneficio. El fin único será brindar un ingreso mensual a todas las personas mayores de 65 años.
La propuesta de la Superintendencia será que la Caja asuma la administración de la nueva jubilación.
