La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) utiliza cada vez más las ganancias producidas por las inversiones de la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para pagar las jubilaciones en curso de 330.000 personas.
Durante los últimos seis años, la institución autónoma destinó ¢623.897 millones de los intereses del portafolio del fondo de pensiones, porque las cotizaciones fueron insuficientes a raíz del alto desempleo y la mayor morosidad estatal, patronal y de los trabajadores independientes y voluntarios con el sistema.
La situación descrita se detalla en el informe AFINPE-116-2022, elaborado por la Auditoría Interna de la CCSS. El análisis revisó la situación financiera del periodo comprendido entre 2017 y 2021.
La Gerencia de Pensiones confirmó a La Nación que, en el 2022, el mayor uso de los intereses de las inversiones continuó y los estados financieros del régimen confirman el ascenso en el impago al sistema.
Las ganancias de las inversiones son importantes porque dichos recursos se destinan para el pago de los futuros jubilados. Sin embargo, utilizar los fondos para costear las pensiones actuales implica un desfinanciamiento del régimen.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, afirmó que ya se sabía que este fenómeno iba a pasar y que ahora lo relevante es hacer un nuevo estudio actuarial al IVM para tener claridad sobre los efectos de la pandemia, la informalidad y los nuevos modelos de empleabilidad. El último informe es del 2018, previo a la crisis sanitaria.
“Todas las pensiones que se pagan no tienen suficiente respaldo en cuotas futuras, por eso es que se usan los intereses y, si se agrava, será la reserva. Aquí lo más importante es tomar decisiones porque en pensiones, conforme más tiempo se demore, más duras serán las acciones”, advirtió Aguilar.
Caja vs. Hacienda
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, comentó que los ajustes al porcentaje de cotización tripartita, para los próximos años, junto con la reforma en las condiciones de retiro favorecen el sistema. Sin embargo, indicó que el rápido ascenso de la cantidad de nuevos pensionados opaca el efecto.
“El problema es que el aporte del Estado (al IVM) no ha sido el oportuno, entonces esto ha tenido el impacto en el uso de intereses, porque al no ingresar la cuota completa hemos tenido que echar mano a los intereses de las inversiones”, manifestó el jerarca.
Barrantes confirmó que, para este año, utilizarán más recursos de las ganancias de las inversiones porque el Gobierno destinó menos transferencias para el régimen. En el Presupuesto Nacional 2023 hubo un recorte de ¢54.000 millones en contribuciones estatales a la Caja.
“En el escenario más crítico, si del todo no llega el financiamiento del Gobierno, se usarán todos los intereses y una parte de la reserva (para pagar pensiones)”, advirtió el gerente.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que el Estado costarricense pasa por una situación fiscal complicada que impide cumplir con sus obligaciones con el régimen de jubilaciones.
“Aquí la presunta es, ¿para pagarle a la Caja cuántas personas tengo que echar, o qué cosas no tengo que hacer, o cuánto no debo asignar al (Ministerio de) Educación? Aquí todo el mundo quiere que haga todas las cosas al mismo tiempo. Sí, hay una estrechez fiscal importante por el alto endeudamiento y la carga de intereses”, subrayó Acosta.
El funcionario añadió que su labor está centrada en lograr la sostenibilidad del endeudamiento gubernamental.
Al cierre del 2022, el fondo de jubilaciones contaba con 330.670 pensionados de los cuales el 57% eran por vejez.
A este régimen, el más importante de Costa Rica, los 74.000 patronos inscritos aportan el 5,42% del salario de sus empleados, mientras que 1,7 millones de trabajadores contribuyen con el 4,17% de su sueldo, y el Estado con el equivalente al 1,57% de toda la masa cotizante.
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Fenómeno en ascenso
El informe de la Auditoría de la Caja, del pasado 14 de diciembre, muestra que el uso de los intereses registraba una disminución en la primera mitad de los últimos seis años. En el 2018, se usaron ¢89.747 millones y, para 2019, fueron ¢36.975 millones. Dicho monto representó el 3,8% y 1,4% de la reserva del IVM, respectivamente.
Sin embargo, la pandemia de la covid-19 modificó la dinámica a raíz del incremento del desempleo, la suspensión de contratos de trabajo y el cierre de empresas. En el peor momento de la crisis, la tasa de desocupación llegó al 24,4%, en el trimestre móvil finalizado en julio del 2020. El indicador se redujo desde entonces, pero actualmente está estancado en el 12%, según la Encuesta Continua de Empleo.
El efecto en el fondo de pensiones fue que, en el 2020, la Caja usó ¢171.833 millones de los intereses, es decir, el equivalente al 6% de la reserva. Al año siguiente, bajó a ¢109.367 millones, según la fiscalización.
Sin embargo, la Gerencia de Pensiones confirmó a La Nación que, en el 2022, se utilizaron ¢150.000 millones, o sea, el equivalente al 4,78% de la reserva de ¢3.136.356 millones.
En promedio, las inversiones del IVM producen una utilidad anual de ¢200.000 millones.
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“De la información del flujo de efectivo se observa que los ingresos ordinarios totales (cotizaciones) del IVM cubren el 91,08% de los gastos ordinarios totales, por lo que el restante 8,92% es financiado con los intereses devengados por las inversiones del portafolio de IVM”, se detalla en el informe de Auditoría.
El documento establece como ejemplo que, en el 2021, solo en cuatro meses las contribuciones sociales fueron suficientes para pagar el gasto promedio mensual de ¢90.000 millones en pensiones.
Barrantes explicó que en el resultado del 2020 y 2021 hubo una influencia de los efectos adversos de la crisis sanitaria. Para el 2022 esperaban una mejora a raíz de que la actividad económica se aceleró, pero la tendencia de impago continuó.
El último dato disponible de cuentas por pagar al IVM, de agosto anterior, muestra que el saldo pendiente del Estado, patronos y trabajadores ascendió a ¢871.831 millones, es decir, un alza del 12% frente a los ¢777.296 millones a diciembre del 2021, según los estados financieros del régimen.
La morosidad estatal es la que reporta, a partir del 2017, el crecimiento más acelerado como consecuencia de la estrechez fiscal del Gobierno Central.
Barrantes subrayó que el Estado, como patrono, sí efectúa los aportes a tiempo.
La Auditoría Interna de la CCSS recomendó a la Junta Directiva y a la Gerencia de Pensiones continuar con las gestiones que sean necesarias para la recuperación de la totalidad de los recursos provenientes de pagos estatales, de patronos privados y trabajadores.
Además, señaló la necesidad de diseñar acciones o reformas que impacten en la sostenibilidad del IVM y de agilizar el proceso para la conformación de un órgano técnico que brinde propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones costarricense.
