El Fondo Monetario Internacional (FMI) fiscalizará que el Gobierno haya incorporado en el 90% de los puestos del Poder Ejecutivo la estructura de salario único, esto entre los requisitos previos para efectuar el quinto desembolso por $274 millones del acuerdo del Servicio Ampliado del FMI (SAF).
Esta meta de reforma estructural junto con el fortalecimiento de la autonomía y gobernanza del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estarán entre los objetivos que se monitorearán en la quinta revisión del pacto, en octubre próximo.
Así lo afirmó Santiago Acosta Ormaechea, representante residente en Costa Rica del FMI, quien subrayó que también se revisarán el cumplimiento de objetivos cuantitativos, especialmente el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento público.
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Sin embargo, enfatizó que Costa Rica cumplió de manera significativa los indicadores económicos y financieros acordados, durante las últimas revisiones, y prevé que se mantenga de esa manera.
Para este año, la proyección del Fondo es que se cierre con un déficit fiscal de 3,4% del producto interno bruto (PIB) y una deuda del Gobierno Central del 62,4% de la producción.
El vocero del organismo explicó que la implementación de la Ley Marco de Empleo Público tuvo un retraso, pero se acordó con el Gobierno subdividir el cumplimiento en etapas.
“Vamos a mirar la incorporación del 90% de los puestos del Poder Ejecutivo a la estructura del salario único. No vemos ningún riesgo de que esto se demore, no tenemos ninguna percepción de que no se pueda cumplir”, afirmó Acosta Ormaechea.
En la más reciente revisión, anunciada la semana pasada, se corroboró que ya se había comenzado la incorporación.
En el caso de la parte monetaria y financiera, enfatizó que está pendiente el plan de fortalecer la gobernanza del BCCR y la verificación se hará en conjunto con el personal técnico del FMI.
“También vamos a monitorear el envío a la Asamblea Legislativa del proyecto de ley de resolución bancaria y garantía de depósitos. El objetivo final es que a diciembre del 2023 se haga. Las fechas finales siempre dependen de la agenda de las autoridades (de Gobierno)”, afirmó el representante del Fondo.
En este caso se trata de una reforma a la Ley de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros (9816), para fortalecer el marco de gestión de crisis bancaria.
Otro de los compromisos estructurales que se analizará, pero no será obligatorio para la quinta revisión, será la implementación de la ventanilla única de atención social para los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El compromiso es que, a febrero del 2024, este objetivo esté superado. “Vamos a discutir, durante la próxima misión, el progreso para garantizar que esto (la ventanilla única) se cumpla”, afirmó.
Compromisos no vinculantes
El Fondo Monetario Internacional aprobó, el 1. ° de marzo del 2021, el programa de apoyo con un crédito de $1.778 millones, del cual ya giró $1.121 millones, y que finaliza exactamente en un año, en julio del 2024. Precisamente, quedan pendientes los últimos dos desembolsos.
Cuando el SAF se pactó, durante el Gobierno de Carlos Alvarado, en el memorando también se incorporaron otras reformas como una ley de renta global, la eliminación de exoneraciones y un aporte temporal de utilidades de empresas públicas.
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El representante del FMI explicó que muchos de estos compromisos de Costa Rica del acuerdo son una meta estructural para realizar un giro de recursos.
“Muchas de estas cuestiones (reformas legales) pueden estar en el memorando de entendimiento, pero sin que estén incorporadas a una meta. Las metas que tenemos, hoy por hoy, son esas (incorporación de salario único, fortalecer BCCR y la ventanilla única)”, aseguró.
Acosta Ormaechea confirmó que esos compromisos gubernamentales iniciales no son vinculantes ni afectan el programa.
“Las metas cuantitativas y las estructurales sí son vinculantes para los desembolsos. Esos otros objetivos más genéricos no son vinculantes, pero sí los monitoreamos”, confirmó.
Otra fiscalización
Además de la revisión de metas del SAF, el Fondo también hará la segunda verificación de metas del acuerdo de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) con el objetivo de aprobar un segundo giro de $245 millones.
La semana anterior, el Directorio del FMI avaló el primer desembolso por la misma cantidad. Sin embargo, la Asamblea Legislativa aún no ha aprobado este programa, por lo cual aún no es posible para el Gobierno utilizar los recursos.
Acosta Ormaechea explicó que la vigencia del Servicio de Resiliencia será la misma que la del SAF, con lo cual en julio del próximo año vence el periodo de uso de los recursos.
