Sector público puso el freno a la compra de vehículos nuevos

La información de la Contraloría General de la República (CGR) y el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) registra una disminución sostenida de la compra de vehículos durante los últimos cinco años, así como de repuestos y mantenimientos de unidades.

La baja más significativa ocurrió en las instituciones que componen el Gobierno Central. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) efectuaron, en conjunto, una compra de unidades por ¢4.475 millones, en el 2017. Sin embargo, a partir de ese año no registra más contrataciones.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, confirmó que realizaron una solicitud a las entidades públicas de disminuir la adquisición de vehículos a raíz de la situación fiscal del Poder Ejecutivo.

“Hicimos ver a los distintos ministerios que no era conveniente pensar en la renovación de flotillas. Eso tiene una consecuencia evidentemente, pues los vehículos empiezan a depreciarse y generar problemas. Y sabemos que el mantenimiento puede volverse caro, pero es mejor esperar mejores tiempos”, aseguró Villegas.

El funcionario añadió que más adelante puede evaluarse la posibilidad de efectuar el cambio de vehículos, pero ahora no es el momento idóneo.

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Una situación similar ocurrió en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), uno de los mayores demandantes de bienes del sector público. La entidad pasó de adjudicar contratos en promedio de ¢1.000 millones anuales en vehículos nuevos, entre el 2017 y 2019, a efectuar la adquisición solo de servicios de mantenimiento y repuestos, en el 2020 y 2021, por ¢200 millones anuales, en promedio.

Sin embargo, en los dos últimos dos años, la CCSS concentró sus procesos de contratación administrativa principalmente en atender la crisis sanitaria generada por la pandemia de la covid-19.

En contraste, el Poder Judicial fue prácticamente la única entidad pública que mantuvo el otorgamiento de contratos para la renovación de la flotilla vehicular, por encima de los ¢800 millones anuales, según el registro de la CGR y Sicop.

La actividad automotriz (venta de vehículos, repuestos y mantenimiento) del país reportó, entre agosto del 2017 y marzo del año anterior, una fuerte contracción. El negocio es un componente del índice mensual de actividad comercial, elaborado por el Banco Central, y al analizar sus datos se observa que en abril del año pasado volvió a números positivos con una variación interanual del 40% a raíz del efecto rebote generado por su paralización, en el mismo periodo del 2020.

Sin embargo, desde ese momento comenzó un proceso de desaceleración de su actividad y, para noviembre anterior, el crecimiento de este sector comercial fue del 17%, según los datos que desagrega el Banco Central.

Efecto por empresas

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Todas las empresas que venden vehículos y servicios a instituciones públicas sufrieron por la reducción en la adjudicación de contratos. Sin embargo, la más afectada por el recorte estatal en la adquisición de carros fue Grupo Purdy Motor, que comercializa marcas como Toyota, Hino, Ford, Volkswagen, Subaru y Lexus.

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Los registros de adjudicaciones administrativas muestran que, en el 2017, esta empresa obtuvo contratos por ¢13.283 millones. Sin embargo, a partir de ese año los montos anuales se redujeron hasta que, el año pasado, ascendió a ¢2.340 millones, es decir, una caída del 82% en cinco año.

“Como empresa proveedora de productos y servicios de movilidad tenemos claro que es parte de la dinámica comercial que se den recortes o ajustes del presupuesto, de todo tipo de clientes, desde particulares a comerciales e instituciones públicas y Gobierno”, informó Grupo Purdy por escrito.

La empresa añadió que para este año vislumbra un crecimiento de la economía, a un ritmo mesurado. “Esperamos en el corto plazo recuperar los números que teníamos antes de la irrupción de la crisis global”, destacó Grupo Purdy.

Grupo Danissa fue la otra compañía que sufrió una contracción en la compra de carros nuevos y servicios durante los últimos cinco años. El año pasado, la empresa obtuvo contratos por ¢596 millones, es decir, una reducción del 78%, respecto a los ¢2.674 millones del 2017, registrados en la CGR y Sicop.

Ana Lucrecia Vargas, directora de Mercadeo de dicha empresa, confirmó la baja en la compra de vehículos nuevos principalmente por parte del Gobierno Central, aunque lograron compensarlo con otros clientes.

“La compra de vehículos siempre es relevante para cualquier empresa, y en estos momentos muchas instituciones públicas, sin incluir el Gobierno Central, le han dado un gran impulso al mantenimiento de las unidades, mediante contrataciones directas, ya que según los estudios que han realizado se ha determinado que la vida útil del vehículo se puede alargar dependiendo del mantenimiento”, destacó Vargas.

La vocera de Grupo Danissa (distribuidora de Nissan) añadió que conforme el país recupere su actividad económica se fortalezca la venta de vehículos nuevos a instituciones públicas.

En Grupo Q y Veinsa también se redujo, en los últimos cinco años, la adjudicación de contratos estatales. Ambas empresas declinaron referirse a los efectos percibidos por la caída en las ventas de vehículos al sector público.