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07/09/2015. El tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condeno al gobierno por un sobreprecio al arroz,y ordeno devolver el dinero cobrado de mas a los consumidores. Fotos ilustrativas en el Mercado Central de San José en el tramo Magallanes, el vendedor Henry Antonio Reyes Chavarri vende arroz por kilos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) pidió explicaciones a la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, acerca del porqué se mantienen fijados por decreto los precios del arroz.
Ese grupo acudió a la figura de emitir una “opinión” o “criterio”, establecida en la nueva Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.
La legislación obliga al jerarca aludido a contestar el cuestionamiento en los siguientes 30 días naturales, luego de la notificación.
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Los comisionados aprobaron, en un voto unánime, el pasado 8 de setiembre, una “opinión”, la cual justifican en un documento de 50 páginas, del cual tiene copia La Nación.
En ese acuerdo concluyen que no existen elementos para justificar la permanencia de la regulación del mercado arrocero, conforme con la legislación y las políticas de competencia.
Empero, los presidentes de la Asamblea de Productores de Arroz, Luis Corea, y de los industriales, Eduardo Soto, denunciaron que la Coprocom está invadiendo campos que no le corresponden, pues tiene una estrategia orquestada en contra del sector arrocero.
Un ejemplo de eso, afirmaron, es que abrió una investigación contra un acuerdo de la junta directiva de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), aprobado de manera unánime por cinco productores y cuatro industriales. El criterio de la Comisión, dijeron, es estimar que ese acuerdo perjudica al productor, así que quienes lo aprobaron se estarían autoperjudicando.
El abogado de los industriales, José Pablo Sánchez, recordó que la posición de la Comisión no es nueva y que ahora se aprovecha del momento para volver con ese “refrito”.
Corea y Soto afirman que el sector tiene una ley especial que los ampara y que si se quieren cambios se debe reformar esa legislación.
Acuerdo unánime
El acuerdo firme de la Coprocom fue aprobado de forma unánime por los comisionados Mariana Castro Sotela, Rodolfo Jiménez Solé, Víctor Pérez Pérez y Carlos Herrera Amighetti.
“La regulación de precios no considera los principios básicos de la regulación económica eficiente, constituyendo barreras injustificadas al proceso de competencia en una economía de mercado como la costarricense”, concluyen los comisionados.
El documento fue remitido al despacho de la ministra Hernández el 22 de setiembre. El jueves 1.° de octubre, la jerarca del MEIC solo respondió, por medio de su oficina de prensa, que el documento se encuentra en revisión, por lo que no se puede referir.
Al final del documento, los miembros de Coprocom recuerdan la obligación de responder. Con ese fin aluden al artículo 21 de la nueva ley Nº. 9736: “Aquellas entidades públicas que se aparten de estas opiniones referentes a la promulgación, modificación o derogación de reglamentos, acuerdos, circulares y demás actos y resoluciones administrativas, vigentes o en proceso de adopción, quedarán obligadas a informar, a la autoridad de competencia correspondiente, sobre sus motivaciones, en un plazo no mayor a treinta días naturales”.
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Los miembros de Coprocom emiten esta opinión en un contexto en el que el Gobierno acordó con los arroceros, el domingo 23 de agosto, a las 7 p.m., mantener el esquema de fijación de precios para este grano, único producto con valor fijado y el de mayor consumo en el país.
Argumentos
De acuerdo con las conclusiones del documento, la fijación de precios del arroz no cumple con los requisitos de una regulación eficaz en el mercado: que sea transparente, necesaria y proporcional.
Ninguno de esos tres elementos se presentan en este caso, dicen los comisionados en el documento.
Tampoco se logra justificar en la existencia de un monopolio u oligopolio y, más bien, se sustenta en los problemas de productividad de ese sector económico en Costa Rica, según el documento.
Pero en este caso de la productividad, Coprocom cuestiona que desde el 2013 el gobierno firmó un acuerdo con los arroceros, en el cual uno de los compromisos centrales era el aumento de la productividad.
Siete año después, concluye la opinión, no se ha mejorado ni en este campo ni en la preparación de la industria arrocera para asumir la apertura de mercados acordada en el Tratado de libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.
Advierte, también, que el mencionado TLC dio 20 años de plazo para hacer ese cambio, plazo que vende el 31 de diciembre del 2024.
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El documento critica que desde el acuerdo del 2013 se fijó un precio mínimo, una situación que –concluye- perjudica en lugar de beneficiar al consumidor.
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), consideró que no existe justificación legal ni técnica para mantener esta política.
Dijo desconocer la motivación del gobierno para sostener algo que es jurídicamente y técnicamente insostenible, pero señaló que el tema ya no está en el ámbito técnico sino en el político.
Igual que la Coprocom, Elizondo recordó que estudios de la CCCR, del Instituto de Investigaciones Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la propia comisión para la competencia concluyen en el perjuicio económico de esa política.
