El Gobierno acordó con los arroceros mantener la fijación del precio de ese producto, el único que a la fecha se establece mediante decreto, en un documento firmado este domingo 23 de agosto, a eso de las 7 p. m.
El compromiso del Gobierno se acordó en una reunión de la mesa técnica para las políticas públicas del sector arrocero, realizada en la sede del Consejo Nacional de Producción (CNP).
Los ministros de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández, y de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, firmaron el documento por parte del Gobierno.
“El Gobierno seguirá estableciendo un precio de referencia al productor y el esquema de precio al consumidor como lo mencionan los decretos respectivos”, dice el compromiso firmado por los dos ministros.
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En estos acuerdos, el Gobierno también se compromete a tomar otras medidas para fortalecer al sector arrocero nacional, de cara a liberalización del comercio (eliminación de aranceles) acordada en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El proceso de eliminación de ese impuesto de entrada está en marcha y al 1.° de enero del 2025 ese producto se podrá importar de Estados Unidos, libre de aranceles.
Estos acuerdos van en sentido contrario a lo informado por la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y coordinadora del sector económico, Pilar Garrido, quien anunció estudios en marcha a cargo del MEIC y el MAG para liberalizar algunos mercados, entre ellos el del arroz.
Garrido se refirió al tema en un seminario virtual de la universidad LEAD, el pasado 22 de julio.
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Rechazo
Costa Rica solo cosecha alrededor del 40% del arroz que consume, pues el cultivo local ha venido cayendo. El Gobierno decreta cada año un desabastecimiento, mediante el cual se interna el faltante sin pagar arancales.
En caso de importarse el grano de otros mercados y fuera de ese mecanismo se tiene que pagar el arancel del 35% vigente.
“(...) el gobierno trabajará junto con el sector en una ruta de trabajo para su fortalecimiento y protección, esto con el fin de establecer los elementos necesarios para enfrentar la desgravación arancelaria CAFTA del precio que ocurrirá en el 2024″, se lee en el punto 1 del documento.
Además, se indica en el documento que dicha ruta deberá estar lista en un plazo máximo de 90 días.
Se firmó también un compromiso para explorar la aplicación del denominado requisito de desempeño no solo al arroz en granza sino también a otras presentaciones, como el pilado. Este requisito reparte las importaciones sin aranceles entre las industrias arroceras registradas en la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) conforme con sus compras de producto nacional.
Además, los ministros se comprometieron a enviar varios proyectos de ley al periodo de sesiones extraordinarias de agosto. Entre ellos está la Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción.
Incluyeron también una reforma a la ley de Conarroz, la Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante la Emergencia covid-19, y la Ley de Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros (Fonaproarroz).
La asociación Consumidores de Costa Rica rechazó tajantemente el acuerdo del domingo 23 de agosto. En un comunicado denunció que se hizo a espaldas de los consumidores y mientras ese grupo había solicitado, desde el 14 de agosto, a la ministra Hernández, que lo incorporaran a la mesa de deliberaciones.
“La Ministra responde con este acuerdo, en el que condena a la población consumidora nacional a continuar pagando la protección de la que goza el sector”, aseguró este grupo en el comunicado.
Nota del editor. Esta información fue actualizada a las 12:50 p. m. con la posición de
