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El ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, reconoció que el Gobierno se reunió a última hora, el domingo 23 de agosto, ante presiones de los arroceros, y acordó posponer la liberalización del precio del grano sin descartar esa medida a futuro, aunque no dio fechas.
La liberalización de los precios del arroz se puso de nuevo en la discusión ante recomendaciones de la Organización para la Coooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países con el cual Costa Rica realizó un proceso de adhesión.
A raíz de la agenda de adhesión, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y coordinadora del Consejo Económico, Pilar Garrido, reconoció a La Nación, a inicios de agosto pasado, que el Gobierno analizaba propuestas para liberalizar ese precio.
Pese a lo dicho por la ministra Garrido, el ministro Alvarado aseguró, este lunes, que el Gobierno firmó un acuerdo con el sector arrocero para dejar muy clara su posición en este tema y en otros, ante confusiones generadas durante las últimas semanas.
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Con la presencia de cuatro ministerios, el Poder Ejecutivo se comprometió con el sector arrocero a mantener la fijación de precios mediante decreto, tanto para el productor como para el consumidor, y a realizar programas e impulsar varias leyes de apoyo.
Además del MAG y Mideplán, estuvieron los ministerios de la Presidencia y de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Producto sensible
El arroz es el único producto en el país con valor fijado mediante decreto. Esta cotización la emiten los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC), de Comercio Exterior (Comex) y el MAG, luego de un estudio de mercado basado en otro que aporta la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Se fija el valor para la calidad 80-20 (con 20% de grano quebrado), que es la de más consumo.
Actualmente está en ¢608 el kilo pilado (sin cáscara) empacado en bolsa plástica, según la página de Conarroz.
El valor fijado para el productor se encuentra en ¢22.324 el saco en granza (con cáscara) seca y limpia de 73,6 kilogramos.
El precio del arroz es muy sensible en el país pues de acuerdo con un estudio económico sobre Costa Rica, presentado por la OCDE en julio pasado, cerca del 70% de la población consume este cereal.
Adicionalmente, su valor tiene un peso importante en el gasto de los hogares más pobres.
Según la Encuesta de Ingresos y Gastos del 2013, mientras que un hogar promedio destina 2,5% de sus ingresos totales a la compra de arroz, en uno dentro del 20% más pobre ese porcentaje sube a 10,7%.
Es por esta razón que varios estudios nacionales e internacionales han reiterado que la política arrocera del país, caracterizada por altos impuestos a la importación y precios fijados por ley, tiene un impacto negativo sobre los consumidores, especialmente en los más pobres, informó este diario, el 11 de agosto.
Así lo han señalado estudios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, del Banco Interamericano de Desarrollo, del economista e importador Bernal Jiménez y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en estudios publicados en los años 2013 y 2014.
Esta es la segunda vez que, a último momento, fracasa un intento por dejar libre el valor de este cereal, el de mayor consumo en el país, con 19.685 toneladas métricas mensuales promedio, según Conaroz.
El anterior fue al final del Gobierno de Laura Chinchilla, en el primer trimestre el 2014, cuando antes de terminar su periodo la administración abortó una decisión anunciada.
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De última hora
Renato Alvarado, reconoció que este pacto con los arroceros se tomó en una reunión de última hora, el domingo a las 7 p. m., ante las amenazas de manifestaciones en San José por parte de ese sector productivo.
Explicó que por la situación de la pandemia, los ministerios actuaron para evitar, en lo posible, aglomeraciones en la capital, las cuales podrían generar un aumento del contagio, aunque recordó que con los arroceros se viene negociando desde mayo pasado.
El jerarca del sector agrícola consideró que las declaraciones de la ministra Garrido, en el sentido de que se realizan estudios en algunos mercados –incluido el arrocero– para aumentar la competencia, causaron “confusiones” en varios sectores.
Garrido dijo en un conversatorio virtual de la universidad LEAD, que el MAG y el MEIC realizaban estudios para liberalizar el mercado de algunos productos, en un contexto en el que la OCDE recomendó a Costa Rica elevar la competencia interna, entre ellos, en el arroz.
Según Alvarado, las recomendaciones de la OCDE se atienden y se realizan los estudios, pero “no están escritas en piedra”.
“La OCDE hace una serie recomendaciones y de observaciones que si bien hay que observarlas para ir mejorando el funcionamiento del Estado y su operatividad, no necesariamente están escritas en piedra”, reafirmó el jerarca agrícola.
Liberalización sin fechas
La asociación Consumidores de Costa Rica rechazó tajantemente el acuerdo del domingo 23 de agosto.
Mediante un comunicado emitido este lunes, denunció que se hizo a espaldas de los consumidores y mientras ese grupo había solicitado, desde el 14 de agosto, a la ministra del MEIC, Victoria Hernández, que lo incorporaran a la mesa de deliberaciones.
“La ministra (Hernández) responde con este acuerdo, en el que condena a la población consumidora nacional a continuar pagando la protección de la que goza el sector”, aseguró este grupo.
Para Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica, “es impactante como el Ministerio de Economía, el Ministerio que debe velar por el consumidor, sencillamente hace la vista a un lado de la cantidad de informes y opinones técnicas, incluyendo la de la OCDE que advierten sobre el impacto negativo de la fijación del precio del arroz”.
Erick Ulate, presidente de la organización, agregó: “El Gobierno de la República por medio de la Minsitra de Economía, le ha metido una puñalada a los conusmidores exponiéndonos a la imposibilidad de conseguir precios más bajos en arroz, perjudicando con ello a las familias más probres.”
A pesar del documento rubricado este domingo, el ministro Alvarado no descartó del todo la liberalización del precio del grano (aunque no especificó un plazo), algo que para el sector arrocero aumentaría el precio y llevaría a la desaparición de productores.
Mientras, quienes apoyan el precio libre prevén valores más bajos del alimento para el consumidor, ante la competencia en el mercado.
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Para el ministro de Agricultura se debe apoyar a la producción, no solo a la arrocera, para prepararla ante las medidas de liberalización de precios y apertura de mercados.
Al 1.° de enero del 2025, por ejemplo, ya se podrá importar arroz libremente de Estados Unidos sin pagar el arancel del 35% vigente, de acuerdo con la agenda de desgravación para este producto, incluida en el Tratado de Libre Comercio (TLC), con ese país.
En ese sentido van los demás proyectos de ley que, la noche del domingo, el Gobierno se comprometió a impulsar, explicó el jerarca del MAG. Uno de ellos es para autorizar a que la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) se convierta en operador financiero del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Eso le permitiría obtener recursos procedentes del SBD y prestarlos con condiciones especiales a productores y organizaciones del sector.
El segundo proyecto autorizará al SBD a condonar deudas viejas del anterior Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), donde hay no solo arroceros sino también otro tipo de productores.
Otro de los proyectos, recordó Alvarado, es la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para Productores Arroceros (Fonaproarroz).
Para ello, se usarán recursos de un fondo que ya tiene Conarroz con sus ingresos, pero se extiende el eventual uso a préstamos, además del ya existente, para asistencia e investigación.
Colaboró en esta información la periodista Patricia Leitón.
