La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) instó al Gobierno a liberalizar el precio del arroz, único producto con valor fijado por decreto, y atacó el acuerdo que este firmó con los industriales para mantener las condiciones de mercado.

Este grupo se refirió así al acuerdo suscrito entre cuatro ministerios, el Consejo Nacional de Producción (CNP) y representantes de productores e industriales, en el que se descarta la idea se liberalizar la comercialización del alimento.

Dicho pacto se firmó el pasado domingo 23 de agosto, a eso de las 7 p. m.

“Es tiempo que el Gobierno analice qué o a quién protege con la regulación de precios del arroz”, advierte la Coprocom mediante un comunicado.

“Esta política ha demostrado que no resuelve, ni resolverá los problemas de productividad del sector arrocero como no lo ha hecho en todos estos años que han disfrutado de ese beneficio”, agregó.

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En el comunicado, la comisión desglosa seis puntos por los cuales estima inconveniente mantener regulada la comercialización de este cereal.

Además, repitió su recomendación “vehemente” de eliminar la regulación del precio del arroz en todos los niveles comercialización.

Argumentos

Según Coprocom, integrada por comisionados independientes y encargados de regular la competencia en el mercado, la política de regulación del arroz no satisface el objetivo de incrementar la producción del grano, ni mejorar las condiciones de los pequeños agricultores que se dedican a su cultivo.

Además, advirtió de que la fijación vigente “ha generado importantes ganancias para los importadores y las industrias arroceras que se han visto beneficiadas por la diferencia entre los bajos precios del arroz a nivel internacional y los elevados precios nacionales”.

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Recordó que a los productores se les fija un precio de referencia y se les exigen varias condiciones de calidad para llevar su grano a la industria. Mientras, alega, las industrias y comercializadoras tienen un precio mínimo fijado que les asegura una ganancia y desincentiva la competencia.

A eso se agrega que los consumidores han tenido que pagar precios muy superiores que los internacionales para adquirir el producto, perjudicándose con ello a grupos especialmente vulnerables de la sociedad.

Esa última conclusión, recuerda Coprocom, se ha hecho evidente en varios estudios de mercado, incluido el último presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El grupo de miembros de la Coprocom también advierte en sus consideraciones que se deben tomar en cuenta las repercusiones eventuales de una liberalización del mercado sobre los pequeños productores del grano.

Pero, de inmediato, recuerdan el impacto de esta regulación sobre los consumidores, especialmente los hogares pobres (335.895), en los cuales el arroz representa el alimento que consume el mayor porcentaje de gasto en el presupuesto familiar.

“Debería analizarse si la mejor forma de ayudar a los pequeños agricultores de arroz es a costa de los miles de hogares pobres de este país que tienen que pagar un precio más alto por el alimento básico”, enfatiza la Coprocom.

Finalmente, le recuerda el Gobierno el compromiso de cumplir con acuerdos internacionales, especialmente el asumido con la OCDE para atender los instrumentos jurídicos de la organización, uno de los cuales es revisar los regímenes regulatorios, entre ellos y de manera prioritaria, el sector arrocero.