EscucharSiguiendo con el análisis del proyecto legislativo que busca modificar nuestro sistema de impuesto sobre la renta; mucho se ha comentado sobre la intención de establecer una sola tarifa para todas las empresas, sin importar su tamaño o el volumen de sus utilidades.
En el modelo actual, la norma general es que las personas jurídicas tributan un 30% de su renta imponible; pero si se trata de pequeñas empresas cuyas rentas no superen los ¢122 millones, existe una tarifa progresiva que va del 5% al 20% dependiendo de sus utilidades anuales.
El proyecto pretende eliminar estas diferencias y que todas las empresas paguen el 30% sin distinción ni beneficio alguno.
Aquí no parece existir justificación razonable para romper el principio de progresividad en relación con empresas pequeñas o medianas cuyos ingresos no son altos.
El gobierno ha esgrimido tres argumentos: que algunos empresarios grandes dividen su operación en varias empresas pequeñas para pagar menos; que son muy pocas las pequeñas empresas que pagan renta y que en todo caso este sería un incentivo para que las empresas aumenten su eficiencia y sus utilidades.
En cuanto a lo primero, si una compañía grande opera a través de varias sociedades pequeñas para no superar los límites de renta y pagar menos; se trataría no de un problema de la ley sino de una maniobra irregular que debe ser perseguida a través de una correcta y oportuna fiscalización de las autoridades tributarias.
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Pero no resulta una solución racional acabar con esas maniobras a través del mecanismo de suponer que todas las pequeñas empresas están en dicha situación irregular y que por ello deben eliminarse los beneficios del tratamiento fiscal del que ahora gozan las que realmente constituyen pequeños o medianos emprendimientos.
La frase “pagarían justos por pecadores” resulta ilustrativa para descartar este primer argumento; esto aparte de que elevar las tarifas del impuesto con dicha justificación, no es ni más ni menos que reconocer la incapacidad del sistema para controlar a los evasores a través de los medios de fiscalización actuales.
No podemos aceptar algo como “si no podemos controlar esa evasión, aumentemos las tarifas para que nadie evada”. ¿Y las empresas pequeñas que no son evasoras y apenas sobreviven? Seguiremos.
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Ricargo González, abogado.
