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El régimen de jubilaciones de maestros y profesores contará con un fondo especial destinado a cubrir el pago del seguro de salud de los docentes cuando se pensionen.
La medida busca cerrar un hueco actuarial de ¢413.331 millones revelado, en setiembre del año pasado, en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).
La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) confirmó a La Nación que ya efectuó los cambios necesarios para comenzar a realizar la provisión y evitar costos futuros al régimen.
Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, explicó que el financiamiento del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) saldrá de las cotizaciones al régimen y las ganancias generadas de la inversión de la reserva.
“Se modificó la metodología para hacer un registro devengado del SEM en función del tiempo de cotización o aportes de la membresía, afectando el gasto de manera gradual durante todo el periodo del cotizante activo”, detalló Arias, mediante correo electrónico.
Jupema acordó el cambio luego de una recomendación realizada en el estudio actuarial hecho al RCC por parte de la Dirección Actuarial de la Junta de Pensiones. El estudio fue hecho en marzo anterior.
Además se reconoce que el régimen incorpora la obligación del pago del seguro de salud hasta cuando el docente se pensiona.
“Se reserva el 100% del SEM en las pensiones en curso de pago, pero no se acredita nada de la obligación en las pensiones futuras”, se detalla en el informe del cual tiene copia La Nación.
Ahora se hará la contabilización y la provisión del costo futuro del SEM durante la vida laboral de los docentes.
El RCC aporta, en calidad de patrono, la contribución del 8,75% al seguro de salud y los pensionados contribuyen de su bolsillo con el 5%.
La polémica con el financiamiento del seguro de salud se generó después de que una auditoria, hecha por el actuario Rodrigo Arias, revelara un faltante actuarial por la forma en que se contabilizaba el gasto del SEM.
Previo a setiembre del 2019, ningún informe había mostrado un desequilibrio en las finanzas del sistema de jubilación.
El trabajo realizado por Arias incluso fue rechazado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), en marzo pasado, por no estar afiliado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.
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El nuevo estudio actuarial se hizo con datos al 31 de diciembre pasado, momento en que la reserva ascendía a ¢2,8 billones.
El sistema de jubilaciones del Magisterio Nacional contaba con 100.811 cotizantes activos, de los cuales el 75% son docentes del Ministerio de Educación Pública, el 14% son funcionarios de universidades públicas y del Instituto Nacional de Aprendizaje. El 11% restante de centros educativos privados.
Asimismo contaba con 2.240 personas jubiladas cuyo pago anual tuvo un costo de ¢9.667 millones.
El RCC fue creado en 1992 y cerró una serie de fondos desfinanciados, los cuales quedaron a cargo del Presupuesto Nacional.
Válido pero...
La Dirección Actuarial de Jupema argumenta en el informe que la metodología utilizada hasta ahora, contabilizar el costo del seguro de salud hasta la jubilación del docente, técnicamente es válida y aceptada por la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, el documento reconoce que el tratamiento usado hace que crezca más rápido el gasto del SEM, conforme más personas comiencen a pensionarse.
El resultado es que haya presión al alza en el porcentaje de cotización al régimen o prima media, según se detalla en el estudio.
Actualmente, los trabajadores aportan cada mes el 8% de su salario al RCC, el patrono el 6,75% y el Estado el 1,41%.
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“Un tratamiento de reconocimiento de servicios pasados (nueva metodología aprobada) puede generar un crecimiento más moderado de la prima”, se detalla en el informe.
El estudio sí señaló que, si se acuerda el cambio en la metodología, para financiar el pago del SEM se requiere que las inversiones de la reserva del fondo generen rendimientos reales iguales o mayores a 5,69% anualmente.
“El financiamiento (de la provisión) es por medio de las cotizaciones actuales de los trabajadores del magisterio nacional tal cual lo dicta la ley”, explicó el Director Ejecutivo de Jupema.
Un análisis actuarial realiza una proyección de los ingresos y gastos de un régimen pensiones, para un plazo de 100 años, y traen los resultados del análisis a valor presente.
Resultados del nuevo estudio
El más reciente estudio actuarial al RCC muestra que las cotizaciones de los docentes alcanzarán para financiar el pago de pensiones hasta el 2033.
Para dicho año, la proyección detalla un ingreso por aportes de ¢171.951 millones y un gasto en pensiones por ¢169.375 millones.
Después de ese año, el fondo requerirá utilizar parte de las ganancias de las inversiones de las reserva para financiar las jubilaciones.
Pese a esto, el informe concluyó que el sistema registra un superávit de ¢14.200 millones, para el plazo de 100 años de análisis, por lo cual se considera solvente.
Por otra parte, el informe destaca que, al cierre del año pasado, el sistema de jubilaciones contaba con un pendiente de pago de ¢10.020 millones, de los cuales el 75% corresponde a deuda estatal.
Por esta razón recomendó a la Junta de Pensiones continuar con el cobro de los recursos no pagados por el Gobierno del periodo del 2018.
Asimismo impulsar la aprobación de un proyecto de ley que permita la diversificación de las inversiones con el fin de incrementar el rendimiento real del portafolio.
Jupema tiene prohibición legal para invertir en el extranjero o en proyectos de obra pública dentro del país.
