Óscar Rodríguez. 5 marzo
El Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional cubre cubre a 101.502 docentes, de los cuales la mayoría son funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Foto: Adrián Soto.
El Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional cubre cubre a 101.502 docentes, de los cuales la mayoría son funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Foto: Adrián Soto.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) no aceptó el estudio independiente que reveló un hueco actuarial en el fondo de jubilaciones de los maestros y profesores del país.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) confirmó a La Nación que la Supén rechazó el informe y recomendó la realización de un nuevo análisis al Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).

“El estudio tendrá el mismo objetivo que el documento anterior y, atendiendo a criterios de oportunidad, se permitirá que el nuevo estudio actuarial se practique sobre la valuación actuarial con corte al 31 de diciembre de 2019”, detalló Jupema, por escrito.

Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, corroboró la afirmación de Jupema de que no aceptaron la Auditoría Actuarial de la Evaluación Actuarial al Régimen de Capitalización Colectiva, 2018, de setiembre del 2019.

La razón del rechazo fue que Rodrigo Arias, quien efectuó el estudio, no está afiliado en el colegio profesional respectivo.

“La Superintendencia se vio obligada a no aceptar el informe de la auditoría actuarial debido a que, al no estar el profesional que la elaboró afiliado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, esto significaba que no se cumplía con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión”, confirmó Ramos.

Por su parte, Arias dijo que ni Jupema, ni Supén le han notificado formalmente la decisión de no aceptar el trabajo realizado.

Este especialista es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta con una maestría en Matemática Actuarial de la Universidad de Concordia de Canadá. Además, junto con otros profesores, fundó la carrera de Ciencias Actuariales en la UCR.

“La Superintendencia se vio obligada a no aceptar el informe de la auditoría actuarial debido a que, al no estar el profesional que la elaboró afiliado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, esto significaba que no se cumplía con los requisitos legales”. Álvaro Ramos, jerarca de Supén.

Asimismo, Arias fue, por 13 años, jefe del Departamento Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por ocho años, dirigió la Dirección Actuarial del Instituto Nacional de Seguros (INS).

El actuario fue el coordinador del estudio independiente contratado por la Caja que propuso elevar la edad de jubilación en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de 65 a 70 años, y subir la cotización para darle sostenibilidad al sistema.

El informe realizado por Arias reveló un déficit actuarial de ¢413.331 millones en el RCC una vez que se incluye el costo futuro del seguro de salud.

Este fondo de pensiones cubre a 101.502 docentes. La auditoría acturial rechazada mostró que el sistema iniciará un proceso de deterioro a partir del 2032, que lo llevará a la insolvencia en el 2065.

El déficit actuarial del RCC se produce al incluir el costo futuro de la atención medica de los maestros. Jupema no incorpora en sus estudio internos la contribución patronal del régimen al Seguro Enfermedad y Maternidad (SEM), lo cual genera un costo futuro en el fondo.

De hecho, en el análisis actuarial efectuado por la Junta, de marzo del 2019, se afirmó que el régimen más bien tenía un superávit actuarial de ¢12.865 millones.

La diferencia entre este estudio actuarial y la posterior auditoría externa, es que esta última sí incorporó el pago futuro del seguro de todos los miembros del régimen, tanto los trabajadores activos como los jubilados.

Origen del rechazo

Los cuestionamientos contra Arias iniciaron luego de que la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas enviara un oficio a Jupema indicando que tenían abierta una investigación por supuesto ejercicio ilegal de la profesión, según consta en el acta de la Directiva de la Junta 107-2019, del 23 de setiembre del año pasado.

El oficio del Colegio se recibió una semana antes de que Arias expusiera los resultados de su estudio ante los directivos de la Junta de Pensiones, la cual se realizó el 26 de setiembre, según el acta de la sesión extraordinaria 001-2019.

Jupema remitió ese mismo día el estudio a Supén, e informó de la situación con el Colegio de Ciencias Económicas.

José Francisco Matamoros, fiscal del Colegio, confirmó a La Nación que tramitan una investigación por un presunto ejercicio ilegal contra Arias, la cual está en fase de instrucción.

“Por la confidencialidad que por Ley debe revestir las actuaciones que tramite nuestra fiscalía dentro de este expediente nos vemos legalmente imposibilitados a referirnos en el caso”, explicó Matamoros.

El vocero destacó que la ley orgánica del Colegio establece que los graduados universitarios en una carrera o especialidad afín al actuariado deben estar incorporados.

“La Fiscalía se encuentra tramitando una investigación por un presunto ejercicio ilegal contra Rodrigo Arias la misma se encuentra en fase de instrucción”. José Francisco Matamoros, fiscal del Colegio de Ciencias Económicas.

Rodrigo Arias explicó que desconoce la investigación en su contra, pues no ha sido notificado.

El especialista está inscrito ante el Colegio de Licenciados y Profesores de Costa Rica (Colypro).

Pese a la decisión de la Supén, Jupema sí tomará en cuenta las recomendaciones técnicas del informe de Arias, para darle sostenibilidad al fondo, pero primero deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la entidad.

La Junta de Pensiones tiene como fecha límite el 31 de marzo para entregar a la Superintendencia un nuevo análisis actuarial interno, según consta en el oficio SP-189-2020, del pasado 5 de febrero.

En tanto que, al 30 de junio próximo, se deben entregar una nueva auditaría actuarial, como la rechazada. Este tipo de informes son estudios independientes que constatan la salud de los fondos de pensiones y revisan los análisis internos hechos por los administradores de un régimen de jubilación.