El fondo de pensiones que cubre a 96.019 docentes del Magisterio Nacional comenzará un proceso de deterioro a partir del 2032, que lo llevará a la insolvencia en el 2065, a pesar de que en una primera evaluación se había determinado que este sistema gozaba de un superávit.
El déficit actuarial (a largo plazo) del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) se calcula en ¢413.331 millones, el cual se produce al incluir el costo futuro de la atención medica de los maestros, según se detalla en la Auditoría Actuarial de la Evaluación Actuarial al Régimen de Capitalización Colectiva, 2018.
El estudio critica a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) por no incorporar en sus estudios internos la contribución patronal del régimen al Seguro Enfermedad y Maternidad (SEM), lo cual genera un costo futuro en el fondo.
De hecho, en el análisis actuarial efectuado por la Junta, de marzo anterior, se afirmó que el régimen más bien tenía un superávit actuarial de ¢12.865 millones.
La diferencia entre este estudio actuarial y la posterior auditoría externa, es que esta última sí incorpora el pago futuro del seguro de salud de todos los miembros del régimen, tanto los trabajadores activos como los jubilados.
En tanto, el informe de Jupema solo incorpora el aporte al SEM de las personas una vez que estas adquieren el derecho de pensión.
Ambos estudios realizan una proyección de los ingresos y gastos del régimen, para un plazo de 100 años, y traen los resultados del análisis a valor presente de diciembre del 2018.
“Es pertinente enfatizar que la inclusión del pasivo de aportes al SEM es la observación fundamental, ya que con ella el Fondo resulta actuarialmente no solvente”, se revela en el análisis del cual tiene copia La Nación.
El estudio señala que, a partir del 2032, la cotización al régimen será insuficiente para pagar las pensiones y se comenzarán a usar los intereses de las inversiones de la reserva.
“En el año 2042 deben tomarse recursos de la reserva, la cual se agotaría en el año 2065; es decir, el régimen entraría en bancarrota”, se detalla en el informe.
Para lograr el equilibrio del régimen, la cotización del trabajador, el patrono y el Estado debería elevarse, de forma inmediata, al 19,02% desde el 15,99% actual, se detalla en el informe elaborado por el actuario-matemático Rodrigo Arias.
Sin embargo, este especialista recomendó aplicar un ajuste escalonado en la contribución al régimen, a partir del 2020, para elevarla en 2,87 puntos porcentuales (p. p.), aunque no establece un plazo para dicho aumento.
Para materializar una opción como esta, la Junta de Pensiones debe acudir a la Asamblea Legislativa a promover una reforma legal, pues no tiene la potestad de modificar los aportes, a diferencia de la Caja Costarricense de Seguro Social con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La auditoría también advirtió que las inversiones del fondo deben generar un rendimiento anual real del 5%. Si es inferior a dicho porcentaje, el déficit actuarial puede elevarse; por ejemplo si el rendimiento real de las inversiones es del 4% al año, el hueco del sistema se elevaría hasta los ¢1,8 billones en el periodo de estudio.
Actualmente, por ley, Jupema solo puede invertir en instituciones públicas y en instrumentos de oferta pública negociados en la Bolsa Nacional de Valores. El régimen tiene prohibido destinar recursos a proyectos de obra pública o en el mercado internacional.
Hasta ahora se incluyó
La Junta de Pensiones informó, mediante correo electrónico a La Nación, de que por primera vez se recomendó, en una auditoría externa, tomar en cuenta el pasivo futuro del seguro de salud.
“A partir de la valuación actuarial del primer trimestre del 2020, Jupema tomará en cuenta (el costo del SEM) para determinar la razón de solvencia real del fondo bajo el registro adecuado de este gasto futuro”, confirmó la entidad.
Al cierre del 2018, el 74% de los cotizantes del régimen laboran en el Ministerio de Educación Pública, el 14% son de universidades estatales y el restante 12% de docentes pertenece a instituciones educativas privadas.
En la actualidad, casi el 60% (58.000 personas) del total de docentes tiene 10 años o menos de cotizar para el régimen. El restante 40% de los trabajadores, es decir, 38.500 personas, se comenzarán a jubilar a partir del 2030, lo cual genera la aceleración del gasto desde esa fecha en adelante.
El régimen contaba, al cierre del 2018, con 1.700 jubilaciones quienes recibían, en promedio, una pensión de ¢299.000 y la reserva del régimen era de ¢2,4 billones.
Resultado de la omisión
El RCC aporta, en calidad de patrono, la contribución del 8,75% al seguro de salud y los pensionados contribuyen de su bolsillo con el 5%.
La auditoría actuarial revela que los estudios de Jupema no consideraron la contribución al SEM, la cual explica el 96% del déficit del régimen.
El estudio prevé que, para este año, el aporte al seguro de salud represente el 7% de los casi ¢10.000 millones en egresos del régimen para pagos de beneficios.
En los próximos años, dicho porcentaje se elevará y se estabilizará en el 7,46% del total del gasto anual del régimen, en el 2041.
La Junta de Pensiones argumentó que todos sus análisis incluyen el aporte al seguro de salud, pero solo el de la población que actualmente está jubilada.
“El registro de este aporte (al SEM) se hace solamente para las pensiones en curso de pago, no incluye a la población trabajadora activa como lo hizo el auditor externo, que es donde radica la diferencia”, explicó la institución.
Asimismo, Jupema argumentó que el fondo de pensiones de los maestros es solvente y pude cubrir el pago de las jubilaciones presentes y futuras; pese a que el estudio contratado revela un déficit actuarial.
“La razón de solvencia del fondo según el estudio externo actual, incluyendo el gasto total del SEM para la población activa y pensionada es de 0,92, la cual cumple la Política de Solvencia del fondo”, afirmó la entidad.
La razón de solvencia mide la capacidad de un fondo de jubilaciones para que con su activo (reserva y bienes) puede hacerle frente a sus pasivos (pensiones).
Para establecer que un sistema está equilibrado, el activo se divide entre el pasivo y el resultado debe ser igual a 1.
En el caso del RCC, la política de Jupema establece que el indicador del fondo debe ser superior al 0,90. El resultado del estudio actuarial externo fue de 0,92.
En un eventual caso de que sea menor a 0,90, la Junta tiene un plazo de cinco años para lograr el equilibrio, mediante modificaciones en sus inversiones.
De no conseguirlo, la entidad debe considerar tomar decisiones sobre modificaciones al perfil de beneficios de los jubilados, explicó la institución.
“Los ajustes paramétricos (cotización, edad de retiro y monto de pensión) se pueden dar durante toda la vida de un fondo de pensiones (...) nuestro modelo permite que cuando los resultados de las auditorías internas y externas así lo determinen, se planifiquen las medidas y ajustes necesarios”, sostuvo la entidad.
Jupema informó de que trabajan en la presentación de un proyecto de ley para diversificar las inversiones y mejorar los rendimientos.