El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) iniciará el 2022 con un hueco de ¢20.011 millones que hará “imposible” cumplir la meta del Gobierno de entregar 5.000 nuevas jubilaciones y obligará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administrador del fondo, a reducir la cuantía mensual para 128.000 de los 133.000 beneficiarios actuales.
Así se detalla en el estudio Política Presupuestaria del RNC para el Ejercicio 2022, elaborado por la Dirección Actuarial de la CCSS, que expone el problema financiero del fondo. La solución para el desequilibrio es que el Ministerio de Hacienda realice la transferencia de los recursos mediante un presupuesto extraordinario, durante el próximo año, de lo contrario se afectará a los jubilados.
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El desequilibrio se origina porque el sistema tendrá ingresos por ¢170.159 millones el próximo año, pero gastos por ¢190.170 millones. Dicho egreso tiene previsto la entrega de nuevas pensiones.
“El programa del RNC para el ejercicio presupuestario 2022 no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos totales, ni está en la capacidad financiera de otorgar pensiones nuevas, ni reasignaciones por cancelaciones, ya que en caso contrario sería imposible el financiamiento”, se concluye en el informe actuarial del cual tiene copia La Nación.
El estudio advierte que sin los recursos adicionales, sería necesario disminuir la cuantía actual de ¢82.000 a ¢73.700 para adultos mayores en pobreza. El monto para las personas con parálisis cerebral profunda se mantendría en ¢316.798, partiendo de que no se entregaría ningún nuevo beneficio.
La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) explicó que los programas con cargo al Fodesaf y el RNC en particular, se están viendo afectados por el cumplimiento e interpretación del cumplimiento de la regla fiscal de la Contraloría General de la República.
“Para este 2021, existen recursos adicionales a los presupuestados originalmente, producto de una mayor recaudación por concepto de la contribución sobre las planillas, gracias a que la economía está creciendo más de lo previsto. Estos recursos podrían trasladarse al Régimen no Contributivo u otros programas sociales.
“Sin embargo, dado que la Contraloría General de la República interpretó que la evaluación del cumplimiento de la regla fiscal se hace sobre el gasto ‘ejecutado’, la incorporación y traslado de estos recursos adicionales no podrá ser posible a menos que se reduzcan en la misma cuantía para otros programas sociales”, agregó.
El Régimen No Contributivo fue creado en 1974 y su objetivo es brindar una pensión para las personas que no hayan cotizado a ningún fondo básico como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Poder Judicial y el del Magisterio Nacional.
Hasta setiembre pasado, el sistema contaba con 133.285 beneficiarios, de los cuales el 96% (128.554) son adultos mayores en situación de pobreza. El restantes 4%, es decir, 4.731, son personas con parálisis cerebral profunda.
Origen del descalce
El desajuste ocurre porque las instituciones públicas encargadas de financiar el sistema de pensiones enfrentan sus propias dificultades. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) vio reducidos los ingresos que perciben por los aportes patronales sobre planillas, y el Gobierno también resultó afectado por los problemas fiscales, reconoció Isaac Castro, viceministro de Hacienda.
Por ejemplo, las transferencias de Fodesaf al sector público, a programas como el RNC, serán de ¢398.5732 millones, es decir 3,1% menos frente a los ¢411.415 millones, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2022.
“La afectación del año pasado y este, por la pandemia, ha impedido completar la totalidad de los recursos. Entonces, se ha tenido que echar mano a recursos adicionales a los que inicialmente estaban establecidos. Eso porque buena parte del programa se financia de las cargas sociales relacionadas a las planillas”, explicó el viceministro.
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Adicionalmente, ambas entidades deben cumplir con la regla fiscal, lo cual obliga a una reasignación de recursos para financiar las pensiones, pero sin incumplir el tope del gasto. La reforma fiscal, aprobada en el 2018, establece una excepción en gastos en pensiones a la Caja, no a Hacienda ni a Fodesaf, dijo el jerarca.
Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, contó que los atrasos en la transferencia de recursos se iniciaron desde el año anterior, pero se agudizaron este 2021. Para no afectar a los beneficiarios, se empezaron a usar recursos de la reserva del RNC, que acumulaba dinero para garantizar el pago de un mes.
“Antes de la pandemia, manteníamos en esta reserva ¢11.500 millones. El 2021 también inició con un presupuesto de ¢20.000 millones menos, con lo cual nos redujo la reserva que teníamos. El tema de fondo es que el RNC ha venido arrancando con un presupuesto por debajo de lo que actuarialmente se requiere. Para el 2022 vamos igual”, recalcó Carrillo.
El funcionario recordó que, durante el año pasado, se vieron obligados a suspender la entrega de nuevas pensiones a raíz de los efectos de la crisis sanitaria en los ingresos del régimen.
Riesgo de incumplimiento
El director de Pensiones explicó que, durante este año, el Gobierno solventó la falta de recursos mediante presupuestos extraordinarios aprobados en el Congreso. Precisamente con el último, de agosto pasado, se garantizó el dinero faltante para cerrar el 2021, incluido el aguinaldo de los pensionados.
“Las veces que los diputados han pedido información hemos ido y los presupuestos salen porque son adultos mayores en condición de pobreza. Pero para el Ministerio de Hacienda le es muy difícil financiar al RNC con el 100% de los recursos, no sé si por la regla fiscal o el comportamiento de los ingresos”, explicó Carrillo.
El funcionario enfatizó que esta situación implica un alto riesgo para el régimen porque puede afectar la entrega de nuevos beneficios y no contar con los recursos de los pensionados actuales. La meta del Gobierno es que cada año se entreguen 5.000 jubilaciones adicionales, pero en la realidad se otorgan más debido a las personas que fallecen. Entonces, entre las nuevas y las reposiciones se pueden dar hasta 10.000 anuales.
La dinámica de crecimiento de beneficiarios implica al Poder Ejecutivo el aporte de más recursos, pues mientras no se acelere la generación de empleo formal, Fodesaf no contará con los ingresos necesarios para transferir más dinero. Adicionalmente, sin lograr un equilibrio en las finanzas gubernamentales, los apuros en la transferencia de dinero se mantendrán, reconoció el viceministro de Hacienda.
“Conforme se aumente la base de beneficiarios implica la exigencia de más recursos en los futuros presupuestos. Por eso es necesario lograr el proceso de sostenibilidad fiscal para asegurar los recursos de este programa (Régimen No Contributivo). Pero mientras no logremos reducir el tamaño de la deuda, el techo de crecimiento del gasto corriente continuará limitado (por la regla fiscal)”, explicó Castro.
El funcionario reconoció que sobre el financiamiento al sistema también existe el riesgo político, pues los recortes exigidos en el Congreso, durante la discusión del presupuesto ordinario y los extraordinarios, pueden afectar el fondo.