Los programas sociales que ayudan a 800.000 beneficiarios de familias pobres se encaminan hacia meses complicados.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno, los efectos de la emergencia por el covid-19 sobre las empresas y los empleos producirán una ola que pone en riesgo entre el 10% y 20% de los recursos que entran cada año al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Esa es la estimación que hizo el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, aunque según el jerarca del ramo, Juan Luis Bérmudez, son porcentajes conservadores, pues el impacto podría ser mayor.

¿Por qué una epidemia viral podría infectar la asistencia para los pobres? Porque Fodesaf se financia de los aportes mensuales de todos los patronos (públicos y privados).

La ley que regula el Fondo establece que los patronos deben pagar el 5% del total de sueldos que cancelan a sus trabajadores cada mes. Al existir una crisis que afecta las empresas y obliga a suspender contratos de empleo y reducir las jornadas laborales, el resultado inevitable es la merma de los aportes y por lo tanto, la recaudación del Fondo.

Hasta este miércoles, según el Ministerio de Trabajo, 348 empresas habían gestionado la suspensión temporal de contratos laborales; la mayoría vinculadas al comercio (239). Además, 89 firmas más tramitaban la autorización de reducción de jornadas.

Solo el sector turismo, por ejemplo, estima que el 80% de sus empleados, unos 172.000, se verían afectados con algún cambio el contrato o incluso despido.

Además de la contribución de los empleadores, el Ministerio de Hacienda debe realizar una transferencia anual equivalente a 593.000 salarios mínimos del Poder Judicial.

Según la liquidación presupuestaria de Fodesaf para el 2019, sus ingresos reales fueron de ₡669.000 millones y en 2018 de ₡638.000, lo cual equivale a un incremento del 4,95% entre un año y otro. Esos montos suman la recaudación hecha mes a mes.

Al hacer un cálculo con la recaudación del 2019, un golpe del 20% significaría restarle unos ₡133.800 millones a las becas de estudiantes, comedores escolares, Red Nacional de Cuido, atención de adultos mayores y asistencia para personas con discapacidad.

También amenaza los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái), al Patronato Nacional de la Infancia, a las formaciones para mujeres en condición de pobreza que imparte el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), infraestructura para zonas indígenas y construcción de vivienda para hogares de escasos recursos, entre otros.

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Por ejemplo, en el país 400.000 estudiantes de primaria y secundaria reciben becas de los programas Crecemos y Avancemos y 60.000 niños son cobijados por la Red Nacional de Cuido.

Si se debilitan esas políticas sociales, la consecuencia inmediata es el incremento de la pobreza, tal y como lo advirtió el Programa Estado de la Nación en el informe publicado del 2018.

Los cálculos de los investigadores del Estado de la Nación indican que eliminar las transferencias monetarias a hogares pobres y la ayuda en especie o servicios como la Red Nacional de Cuido o los comedores escolares hubiese elevado la pobreza extrema, para ese año, de 5,1% a 9,8% y la pobreza total del 20,3% al 24,2%.

¿Existe la posibilidad de excluir a personas pobres de los programas de asistencia social?

“No. Las previsiones que estamos tomando son para optimizar los recursos que tenemos hasta el día de hoy garantizados (...) No quisiéramos para nada disminuir el número de beneficiarios en momentos que, más bien, sabemos que la demanda de ayuda aumenta, nuestro esfuerzo en este momento está centrado en la búsqueda de recursos y optimizar los que tenemos”, respondió el ministro Bérmudez.

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que en Costa Rica hay 336.000 hogares en condición de pobreza, lo cual equivale a un 21,1% del total de hogares. Esas familias tienen ingresos inferiores a ₡103.766, lo cual les impide cubrir sus necesidades diarias.

Plan del Gobierno

Bérmudez aseguró que el Poder Ejecutivo busca fuentes complementarias de financiamiento para no dejar a los más necesitados sin asistencia.

Las esperanzas están puestas en un paquete de proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa la semana pasada, los cuales incluyen moratorias en el pago de impuestos para reducir daños en empresas, obtener aportes solidarios provenientes de las pensiones de lujo, empréstitos internacionales y echar mano de fondos originados por el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Entre ese naipe, la carta del INS se presenta como la más novedosa para conseguir efectivo en los próximos meses.

Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS, explicó que la idea es titularizar los flujos futuros provenientes del impuesto a las utilidades por los próximos 12 años y elevar la carga impositiva de esa entidad.

¿Y eso qué quiere decir? La forma más sencilla de explicarlo es la siguiente: el Estado, en medio de una crisis, le pide a un gran contribuyente que le adelante 12 años de impuestos, pero, además, le pide que pague un poco más de tributos.

En la actualidad, el INS paga entre 50% y 55% de impuestos sobre la utilidad bruta y si se aprueba el proyecto de ley pasaría a cancelar cerca de un 65%.

Con esa titularización, el Estado pretende generar ₡252.000 millones, de los cuales el propio INS aportaría con la compra de una emisión subordinada de bonos por ₡75.000 millones.

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Villegas explicó que esa compra se hace para transmitir confianza a los inversionistas. La colocación de los bonos se realizaría por medio de un fideicomiso administrado por un banco estatal.

La planificación de las autoridades es generar recursos por medio de ese mecanismo antes de finalizar el primer trimestre del 2020.

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“En la medida de contar con estas nuevas fuentes de financiamiento buscaríamos ampliar (los beneficios) a los grupos más afectados por esta crisis. No obstante, somos moderados a la hora de plantear los diferentes escenarios porque se trata de recursos que no tenemos hasta que los señores diputados y señoras diputadas concluyan su análisis en este periodo de sesiones extraordinarias”, añadió Bérmudez.

Subrayó que la aprobación en la Asamblea Legislativa de esos proyectos es clave, pues no existe “un plan C”.

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“No sabemos, al día de hoy, cuánto nos va a impactar esta emergencia, pero además tiene el agravante de que está afectando a todos los países del mundo, no es algo exclusivo de Costa Rica. Entonces, aquí la recuperación no depende solo del país, sino del resto del mundo. Los pronósticos son muy inciertos, pero la experiencia nos dice que en época de crisis la política social se vuelve aún más relevante”, expresó Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación.

Aunque el origen de la crisis es diferente, Morales recordó que en la década de los ochenta se cometió el error de recortar la inversión en educación y salud para salir adelante.

“Ya sabemos las implicaciones que puede tener el mal manejo de las políticas sociales”, enfatizó la investigadora.

En Costa Rica, la inversión social ronda el 24% del producto interno bruto si se toma en cuenta los programas sociales, lo destinado a Educación y Salud, entre otros.

A este miércoles, el nuevo virus respiratorio sumaba en el país 201 enfermos, al tiempo que las autoridades claman por el distanciamiento social y establecen mayores medidas para que las personas se mantengan en sus casas con tal de evitar la propagación.

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Sin embargo, según advierten las autoridades de Salud, el proceso podría tomar hasta 12 semanas, durante las cuales el impacto económico será inevitable.

Colaboró el periodista Óscar Rodríguez