Parques Nacionales y Áreas Silvestres Protegidas cerraron desde el pasado 20 marzo hasta el 13 de abril. La entrada de turistas a Costa Rica se suspendió por 26 días desde el 18 de marzo. Fotografía: Osvaldo Calderón. (Osvaldo Calderón)
El parón en las actividades que sufren hoteles, turoperadoras, autorentistas y demás empresas vinculadas con el turismo, debido a la emergencia nacional por la pandemia, comprometen el futuro de 215.000 empleos generados por este sector económico.
Aunque todavía no hay números consolidados, porque muchas empresas están en proceso de decisión sobre sus planillas, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) estima que al menos un 80% (172.000) de los trabajadores de esta actividad sufrirán despidos, suspensión de contratos o reducción de jornadas.
Rubén Acón, presidente de Canatur, urgió al Gobierno idear un sistema de subsidios para esta población que quedará vulnerable en medio de la alerta sanitaria por la propagación del nuevo coronavirus.
“La semana pasada había una gran cantidad de empresarios haciendo fila en el Ministerio de Trabajo para suspender contratos y otra gente considerando despidos, una gran cantidad de despidos. Pero salió la ley de reducción de jornadas, eso hizo, al menos, que mucha gente reconsiderara la decisión de despedir.
“En este hay muchas empresas analizando qué cantidad de empleados despide, qué cantidad de empleados suspende y a qué cantidad de empleados les reducen las jornadas”, señaló Acón.
De acuerdo con el vocero del sector, el llamado que hacen desde Canatur es a preservar la mayor cantidad de empleos posible, tomando decisiones como reducir la jornada o, en su defecto, suspender contratos de trabajo por al menos tres meses.
“Por dar un ejemplo, si un empresario pensaba despedir a 10 personas y quedarse con otras 10, mejor sería quedarse con los 20 y reducirles las jornadas a todos”, señaló Acón.
El turismo es uno de los sectores más golpeados por las medidas para frenar la propagación del covid-19 en Costa Rica.
Una de las primeras directrices tomadas por el Gobierno durante esta emergencia nacional, fue el impedimento de entrada de extranjeros al país durante 26 días.
La medida fue anunciada por el presidente de la República, Carlos Avarado y la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, el pasado 16 de marzo. La prohibición empezó a regir dos días después.
"Sabemos que va a haber una afectación económica sumamente fuerte", afirmó Revelo al referirse a la medida.
Dada la afectación que sufrirá este y otros sectores económicos, el Congreso aprobó la Ley de Alivio Fiscal, iniciativa presentada por el Gobierno.
Dicha medida consiste en una moratoria de tres meses en el pago de cuatro impuestos al Ministerio de Hacienda, durante un periodo de tres meses.
Los diputados también aprobaron la reducción de hasta un 50% de la jornada laboral de los trabajadores, cuando, por ocasión de una emergencia nacional como esta, las empresas vean reducidos sus ingresos en un 20%.
La jornada puede reducirse en hasta 75% cuando los ingresos de la compañía bajen 60%, según establece la ley.
Para este tipo de emergencias, el Código de Trabajo también dispone de la suspensión de contratos laborales. Esa opción suspende el pago de salarios temporalmente mientras pasa la contingencia.
Los patronos deben contar con el aval del Ministerio de Trabajo para poder aplicar cualquiera de las dos medidas para hacerle frente a la emergencia nacional por covid-19.
Sector también prevé lenta recuperación de vuelos internacionales, tras superar propagación de casos del nuevo coronavirus. Fotografía: Lilliam Arce. (Lilliam Arce)
Más medidas
Los empresarios turísticos también piden apoyo financiero al Gobierno para que, una vez pase la alerta sanitaria, puedan tener acceso a financiamientos blandos para reactivar sus operaciones.
“Esto no es cuestión de tres meses y todo vuelve a la normalidad, aun abriendo las fronteras la reactivación va a ser muy lenta y va a tomar mucho tiempo, periodo en el cual el sector va a trabajar con pérdidas”, afirmó Acón.
Otra de las peticiones a los poderes Ejecutivo y Legislativo es no contemplar los ¢26.000 millones de superávit del Instituto Costarricense de Trusimo (ICT) dentro del proyecto PAGAR.
Dicha iniciativa, presentada por el Gobierno para reducir el déficit fiscal, consiste en tomar ¢226.000 millones de los superávits de 11 instituciones, para reducir el costo de la deuda.
De acuerdo con Acón, necesitarán de esos recursos para que el ICT active campañas para incentivar la visitación de turistas nacionales y extranjeros.
Por otro lado, el sector hace un llamado a los costarricenses a apoyar la economía local cuando esta crisis pase, pues la recuperación de viajeros internacionales va a ser lenta, según proyecta Canatur.
“Esta es una cosa nueva, no hay experiencia y nadie sabe cómo va a terminar. Nosotros estamos esperando una temporada cero al menos de tres meses, posterior a eso va a venir un periodo de recuperación lento, porque no solo depende de las circunstancias propias del país, sino también cómo estén los demás mercados, a parte de eso está el tema de la conectividad, pues la industria aeronáutica también está pasando por problemas serios”, sentenció Acón.
