Diferendo sobre plan para salvar a TicoFrut pone en riesgo 5.300 empleos en zona norte

BID Invest, uno de sus acreedores, pidió en mayo del 2022 declarar la improcedencia del convenio preventivo por supuestos incumplimientos de la compañía agroindustrial. Dicha petición, en caso de prosperar, implicaría la quiebra inmediata de la compañía, confirmaron por separado a La Nación, César Rodríguez, curador en el proceso judicial, y Sergio Artavia, abogado de la firma.

Ambos coincidieron en que la declaración de insolvencia de TicoFrut tendría un efecto socioeconómico adverso en la zona norte.

La compañía emplea, de manera directa, a 1.155 personas. De ellos, un grupo de 692 trabajadores laboran en las fincas de naranja y otros 463, en la planta donde se procesa la fruta, ubicada en Aguas Zarcas de San Carlos, según detalla el Dictamen del Curador sobre el salvamento de la compañía.

En el documento de 201 páginas, del cual tiene copia este diario, se indica que la empresa también brinda 2.200 empleos temporales, entre enero y mayo de cada año, cuando se realiza la recolección de las naranjas. Además, genera 2.000 puestos de trabajo indirectos en la zona, fronteriza con Nicaragua.

“La ley dice (si se acepta la petición del acreedor) que lo que seguiría es la quiebra. Pero en el dictamen que entregué al Juzgado Concursal el criterio es que la empresa sí está en capacidad de cumplir con lo que se comprometió (pagar sus deudas)”, aseveró Rodríguez.

Mientras que el abogado de la empresa calificó de infundada la petición de la entidad financiera multilateral y confirmó que solicitaron que se declarara sin lugar.

Desde el pasado 10 de enero, el Juzgado Concursal trasladó el caso para fallo, pero aún no hay resolución, confirmó Artavia.

La empresa frutera tiene cerca de 9.000 hectáreas en plantaciones propias de naranja en los cantones de San Carlos y Los Chiles, así como una planta industrial de extracción de jugo de naranja y piña. Esta última fruta se compra en su totalidad a productores independientes, al igual que una pequeña parte del volumen de naranja.

Empresa en crisis

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TicoFrut solicitó, el 11 de marzo del 2021, la protección judicial para hacerle frente a su crisis financiera.

El 4 de mayo del mismo año, el Juzgado Concursal aprobó la apertura del convenio preventivo que exime a la empresa, de manera temporal, de pagar sus obligaciones crediticias, mientras llega a un acuerdo con sus acreedores.

La empresa argumentó en la vía judicial que entró en una crisis a raíz de una fuerte caída en la demanda del concentrado de naranja a escala mundial, previo a la pandemia; a aumentos de costos de producción por el impacto de plagas; y a la crisis sanitaria.

El objetivo de la compañía es reestructurar su deuda y pagar sus pasivos en un plazo de 18 años. La firma propuso un periodo de gracia de dos años en el pago de sus pasivos, e iniciar la cancelación paulatina a bancos y acreedores no financieros, a partir del año tres.

Sus principales acreedores son entidades financieras, a las cuales se les adeuda $112,9 millones.

El Banco de Costa Rica (BCR) es la institución que más recursos prestó a la compañía, con un saldo de $37 millones. También participa en un préstamo sindicado por $27,2 millones con los bancos Global Bank, de Panamá; y Lafise.

De forma individual, al empresario Christian Jobmann se le adeudan $42,3 millones.

¿Cuál es el conflicto?

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La discrepancia en el proceso de salvamento de TicoFrut se originó porque en los estados financieros aportados por la empresa no se reconocen los intereses sobre la deuda financiera de todos los acreedores.

BID Invest, entidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pidió al Juzgado, en mayo del 2022, declarar la insubsistencia del convenio porque considera que tal situación es un incumplimiento del proceso legal.

“En este expediente no existe resolución alguna que se refiera a la suspensión del cálculo de intereses que por muchos millones de dólares se adeuda no solo al BID Invest sino a todas las acreedoras”, sostuvo el organismo multilateral en el oficio, del cual tiene copia La Nación.

Ante consultas de este diario sobre la solicitud presentada, el BID informó de que, por políticas del Banco, no pueden referirse a asuntos que están en litigio.

Mientras que el Bufete Amador, que lleva la representación legal en el Juzgado Concursal, detalló el pasado 27 de julio que no cuenta con la autorización del cliente para referirse al tema.

TicoFrut, según la legalización de pasivos, le debe $4,6 millones al BID por una operación crediticia.

El Banco Lafise, otro de los acreedores, también cuestionó la suspensión del reconocimiento de intereses de los préstamos y pidió el rechazo del convenio preventivo en noviembre del 2022. A esta institución se le adeudan $5,8 millones.

Sin embargo, el pasado 28 de julio, la entidad financiera renunció a su petición de declaratoria de insubsistencia y solicitó al Juzgado Concursal convocar a la Junta de Acreedores a la mayor brevedad, según el recurso presentado por el Bufete Alta Batalla.

Desde el pasado 28 de julio, La Nación solicitó una reacción a Banco Lafise sobre este caso, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

El Código Procesal Civil establece que un juzgado puede desechar un convenio preventivo si se comprueba que quien lo pidió falseó los datos o documentos aportados o no está materialmente capacitado para enfrentar el convenio propuesto.

Alegan falta de fundamento

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En su defensa, TicoFrut argumentó que la petición de BID Invest es inadecuada. Además, sostuvo que la entidad financiera no logra fundamentar la existencia de alteración de información relevante en el proceso concursal.

“La improcedencia de la gestión del BID se hace evidente cuando no establece ninguna premisa argumentativa (...). Una modificación de los estados financieros no constituye una falsedad de datos. Estamos ante una empresa en marcha, que realiza actos de administración posteriores a la presentación del convenio”, afirmó la compañía agroindustrial al Juzgado, según documentos en poder de este diario.

Sergio Artavia, abogado de TicoFrut, explicó que el tema de los intereses de los créditos siempre se resuelve en la Junta de Acreedores. Por tanto, consideró erróneo el reproche del BID de cuestionar el registro contable en los estados financieros.

Artavia recordó que cuando una empresa recibe la protección del Juzgado Concursal los intereses de sus pasivos se dejan de pagar, para frenar el crecimiento de la carga financiera.

“Es hasta que se realiza la Junta de Acreedores cuando se determina el reconocimiento de los intereses (sobre la deuda principal); la tasa de interés a partir de tal fecha; y la amortización del principal a partir de tal fecha”, manifestó el abogado.

Artavia comentó que, en los procesos concursales, las empresas presentan un plan de pago de sus pasivos, tanto el principal como los intereses, y son los propios acreedores quienes deciden si aceptan o no.

En el plan de salvamento presentado por TicoFrut, en marzo del 2021, se planteó que los intereses de los créditos bancarios y financieros se pagarían de manera parcial o total si la empresa se vende.

Dicho planteamiento prevé que, mientras se ejecuta el plan de corrección financiera, la empresa se compromete a usar todo el flujo disponible para el pago de las obligaciones principales con las entidades financieras.