En Costa Rica, solamente tres de cada 100 hogares de menores ingresos tienen una deuda hipotecaria, en la cual se incluye cualquier compromiso financiero que tengan las familias sobre propiedades o bienes inmuebles, principalmente la compra de viviendas.
La información se desprende de la Encuesta Financiera de los Hogares del 2022, que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en mayo pasado. El informe recopila información de los activos y pasivos financieros de las familias en Costa Rica.
Según el estudio del INEC, apenas 2,6% de los hogares del primer estrato de ingresos, cuenta con una deuda hipotecaria en el país. En números absolutos, de las 699.202 familias que forman parte del nivel de ingresos más bajo, solo 17.949 tienen un compromiso financiero orientado a la compra de una propiedad o bien inmueble.
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En contraste, 32,8%, es decir, casi 34 hogares de cada 100 de estos hogares del primer estrato de ingresos, sí posee algún tipo de deuda, ya sea con tarjetas de créditos o préstamos personales, con almacenes comerciales, por compra de un vehículo, u otros compromisos no hipotecarios.
En este primer estrato de ingresos se incluye a los hogares costarricenses cuyos ingresos mensuales netos son de ¢400.000 o menos. De acuerdo con el informe del INEC, las familias que forman parte de ese grupo reciben, en promedio, ¢231.016 mensuales, muy por debajo de los ¢709.610 y ¢2.217.740 que promedian el segundo y tercer estrato, respectivamente.
Estos hogares del primer estrato deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para el pago de sus obligaciones crediticias. En términos generales, 30,9% de las familias que pertenecen a ese grupo destinan más del 30% de sus ingresos al pago de deudas, por encima del 26,6% para el segundo nivel, y del 23,4% del estrato más alto.
En promedio, los hogares del estrato de ingresos más bajos pagan una cuota mensual de ¢92.686 para cumplir con sus obligaciones crediticias de tipo hipotecario. Si se toma como referencia el ingreso promedio de ¢231.016 para ese grupo, solamente el pago de esa operación representa el 40% de sus ingresos cada mes; para los otros dos estratos no supera 30%.
Dificultad de acceso
La proporción de hogares del segundo y tercer estrato de ingresos que cuentan con una deuda hipotecaria es mayor, si se compara con los hogares que reciben menos dinero, lo que demuestra las dificultades de acceso a créditos para vivienda de las familias con ingresos más bajos.
En el caso de los hogares del segundo estrato, cuyos ingresos son desde ¢400.000 hasta un máximo de ¢1.187.500,10 de cada 100 familias, 10,1 tiene una deuda hipotecaria, es decir, de los 694.212 hogares que pertenecen a ese estrato de ingresos, 69.965 poseen una deuda de este tipo.
Por otro lado, en el tercer estrato, que incluye apenas al 20% de los hogares del país, los cuales tienen ingresos superiores a ¢1.187.500, 31, 31,7 de cada 100 familias cuentan con una deuda hipotecaria. En total, 110.324 hogares de este grupo poseen una deuda hipotecaria, es decir, a mayores ingresos más alta es la cifra de familias con acceso a una operación crediticia de ese tipo.
Verónica Alfaro, directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), afirma que la diferencia en la proporción de las deudas hipotecarias entre los quintiles de ingresos más bajos y los de ingresos más altos evidencia una brecha en la desigualdad en términos de acceso al crédito para vivienda.
“Las familias con ingresos más bajos pueden enfrentar barreras significativas para acceder a préstamos hipotecarios, lo que puede contribuir a perpetuar la falta de movilidad social y la desigualdad económica. No hace falta mencionar que la clase media también se está viendo afectada por este fenómeno”, comentó Alfaro.
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Además, de la brecha en términos de acceso al crédito hipotecario, también hay un margen importante entre el valor de la vivienda principal para los hogares del primer estrato respecto al tercero. Para el grupo de ingresos más bajos el precio promedio se estima en ¢29,6 millones, y en ¢75,1 millones para los segundos.
Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, manifestó que los hogares de menores recursos tienen pocas alternativas para tener acceso a vivienda digna, por lo que el Estado entra a jugar un papel fundamental con el otorgamiento de beneficios como los bonos de vivienda.
Sin embargo, tal y como informó La Nación este lunes, la cantidad de bonos de vivienda formalizados en el 2022 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), tocó un mínimo que no se veía desde 1999, cuando se otorgaron 6.621 de estos beneficios. El monto total colocado también registró dos años consecutivos en caída, con una cifra que no se veía desde el 2015.
El año pasado, el Banco formalizó 8.369 bonos, 3.059 menos que los entregados en el 2021, cuando se alcanzaron los 11.428 beneficios, es la primera vez desde el 2014 que no se sobrepasa la barrera de los 10.000 subsidios dirigidos a familias de ingresos medios, escasos recursos, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y adultos mayores.
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Aunado a esto, Trejos comentó que la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado las familias en los últimos dos años como consecuencia del aumento en los precios dificulta aún más la posibilidad de adquirir una vivienda propia para las personas con ingresos bajos.
Según la información que se desprende de la encuesta, los hogares de ingresos más bajos tienen mayores dificultades para que el dinero les alcance, pues apenas el 2,9% tiene esa percepción. En el segundo y tercer estrato esto aumenta hasta el 15,5% y el 45,2%, respectivamente.
De igual forma, Trejos añadió que se debe propiciar que los hogares con bajos ingresos tengan acceso a educación de calidad, oportunidades de empleo, así como a mejores condiciones para el acceso al mercado financiero, principalmente en los requisitos para optar por un crédito hipotecario.