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“Vamos para cuatro años. Uno no entiende cómo funcionan las leyes en este país. Siempre nos dicen, a ustedes serán los primeros en pagarles. ¿Cuándo? Todas las responsabilidades siguen y hay que seguirlas pagando”. La afirmación la hace Miguel Marín, de 50 años, quien trabajó como encargado de soporte técnico en la Corporación Yanber, durante 18 años.
A quienes laboraron por décadas en la empresa, añade, les era difícil creer las informaciones que se publicaban sobre lo dueños originales de la compañía, liderada por Samuel Yankelewitz. “Con el cierre, tuvimos que superar, de alguna forma, una especie de luto como si se hubiera ido casi un familiar cercano”, cuenta sobre el cierre definitivo.
Marín es parte del grupo de 80 extrabajadores de la Corporación Yanber que aún está a la espera del pago de su liquidación laboral, pese a que la empresa fue declarada en quiebra, el 28 de setiembre del 2018, por el Juzgado Concursal. A ellos se les debe ¢600 millones y aún no hay claridad de cuándo recibirán el pago de cesantía, vacaciones o el último salario.
Miguel Villegas, curador en en el proceso judicial y encargado de la liquidación de los últimos bienes de la compañía, espera que este mismo año se le pueda pagar a las personas. “Las cosas que más preocupan es el pasivo laboral. A los empleados no se les ha pagado y todavía esperan algunos el pago de sus derechos laborales. La mayoría llegó a legalizar sus créditos a la vía concursal y otros fueron al Juzgado Laboral”.
El curador enfatizó que el dinero de los exempleados está garantizado y depositado en las cuentas del Juzgado Concursal. Sin embargo, acepta que los trámites se atrasan por las apelaciones presentadas por acreedores. En total son 96 entre entidades financieras, locales y extranjeras, y proveedores.
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“Este es un expediente con tanta gente involucrada que, cada vez que pasa algo, hay apelaciones las cuales deben ir al tribunal superior para ser resultas y cada uno lleva su tiempo”, aseguró.
Villegas dijo que a las tres últimas propiedades a nombre de la compañía, dos en Limón y una en Guanacaste, se les efectuó el avalúo para proceder con el remate. Pero los terrenos tienen hipotecas.
Gigante derrotado
La sensación para los exempleados es agridulce. Muchos trabajaron por décadas en la compañía y, precisamente, dicha continuidad les permitió lograr metas personales y familiares, pero nunca se imaginaron el desenlace de Yanber.
Alonso Sequeira, de 61 años, estuvo 38 años y seis meses como analista químico en el laboratorio. “Uno se ve muy golpeado psicológicamente, saber que una compañía tan poderosa le pasara esto. A veces me quedo pensando cómo pasó. Ahora estamos en esto y a la espera que se nos reconozcan los tantos años de servicio”.
Me duele haber visto a 150 personas, representantes de 150 familias, en una migración masiva de cartas de despido. Eso me dolió, me chocó”.
— Luis Alberto Solano, exempleado
El contador Luis Alberto Solano, de 59 años, no olvida los viernes negros en la empresa, cuando cientos de personas iban a recoger su carta de despido. Él trabajó los últimos tres años de funcionamiento de la empresa.
“Me duele haber visto a 150 personas, representantes de 150 familias, en una migración masiva de cartas de despido. Eso me dolió, me chocó. Ver como una empresa con un ambienta laboral bonito porque así era Yanber. A uno le duele ver como un gigante se fue desmoronando y al final lo más afectados es la primera línea de ataque, que son los empleados”.
Los problemas de la empresa dedicada a la industria del plástico se hicieron públicos, en junio del 2015, cuando la Corporación acudió al Juzgado Concursal a solicitar un convenio preventivo para evitar la quiebra. Samuel Yankelewitz, entonces propietario de la compañía, entregó las acciones de la empresa en pago de la deuda con 18 bancos privados, en febrero del 2016.
En octubre de ese mismo año, los empresarios Francis Durman y Allan Rodríguez asumieron la dirección de la Corporación, la cual finalizó con el cierre debido a que se descubrió un maquillaje contable, después de hacerse una auditoría forense en la Corporación.
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Precisamente, por dicha situación a Yankelewitz y a otras cinco personas se les investiga por cuatro supuestos delitos de estafa contra entidades financieras. Al momento de decretarse la quiebra, la compañía tenía 65 años de operar en Costa Rica. Además, mantenía sociedades en Guatemala, en Puerto Rico, en Nicaragua, en Panamá y en Colombia.
Solo el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR) lograron recuperar parte del dinero prestado a Yanber. Sin embargo, la porción fue insuficiente para cubrir la totalidad del financiamiento dado a la compañía.
La empresa aún arrastraba una deuda con entidades financieras y proveedores por $70 millones. El pasivo está compuesto de $56 millones con entidades financieras y los restantes $14 millones con proveedores, el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Mientras que a los abogados del proceso y al curador son $2 millones, según la sentencia de la quiebra de la empresa.
Calvario judicial
Josué Mora, de 38 años, laboró durante 17 años en Yanber. Su último puesto fue de jefe de servicio al cliente. Él ha liderado, desde la quiebra de la empresa, a un grupo de trabajadores para intentar obtener información sobre el proceso de pago de la liquidación, tanto en el Juzgado Concursal como en el Laboral, pues algunos presentaron demandas en dicha vía.
Sin embargo, obtener información del estado de los procesos ha sido tedioso. “En las notificaciones de cada fallo y ver la cantidad de acreedores, como bancos y proveedores, todos tienen un ejército de abogados luchando por lo que se les debe. Pero nuestra pregunta es, a los exempleados quién nos representa”.
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“Siempre nos dicen que seremos los primeros en pagarnos, pero nos gustaría que algo nos garantice eso, porque en realidad nosotros no estamos luchando por el dinero, porque no podemos. Nos dicen que debemos presentar escritos para incluirnos en el proceso (concursal), pero básicamente lo que hacemos es intentar estar en nuestros trabajos, quienes logramos uno nuevo. Recursos ni hablar, no tenemos dinero para pagar un staff de abogados que nos represente”, recalcó Mora.
Para Alexa Narváez, abogada especialista en temas concursales, los empleados de una empresa en un proceso de liquidación se convierten en la parte desprotegida.
“Claramente los trabajadores siempre se van a considerar la parte ‘débil’ en una relación de ‘poder’, por decirlo de alguna forma, o proceso judicial y precisamente por esta razón la legislación costarricense siempre ha provisto una protección especial a los trabajadores en general. Desafortunadamente, en casos tan complejos como el de Yanber o Aldesa, al haber tantos acreedores y tener que legalizar tantas acreencias, el proceso se torna más lento”, comentó la especialista.
Narváez recordó que, la nueva Ley Concursal, establece plazos más cortos y busca precisamente erradicar las dificultades señaladas en casos complejos. Sin embargo, la norma entró a regir hace seis meses, y dichas reglas no aplicaron para el caso de Yanber.
Para los trabajadores, la manera más efectiva de lograr una representación en la vía judicial es unirse, consideró Bernal Ríos, abogado laboralista. “El trabajador individualmente es una fuerza muy débil, por eso, lo mejor es que se organicen. Hay que orientar a la persona, porque no está sola”, recalcó.
A pesar de la alta incertidumbre, Willy López, de 64 años, no pierde la fe de recibir el pago de su cesantía, vacaciones y el último salario. Él era encargado de personal en la planta. Laboró durante 28 años y 11 meses en Yanber.
