Atrasos en ley contra lavado entrabaría acceso a créditos

Así lo indicaron el abogado de la Asociación Bancaria Costarricense, Mario Gómez y la directora de la Cámara de Bancos, Anabelle Ortega.

De acuerdo con Gómez, si se encarece el financiamiento externo, las afectadas serían las familias que pagan actualmente créditos en dólares.

“Afectaría el financiamiento del país con los bancos extranjeros por el riesgo país. Esta limitación afectaría a su vez a los bancos y a las empresas clientes (...) que realizan compras o ventas en el extranjero, por las dificultades de realizar las transferencias internacionales”, explicó Ortega.

El proyecto. Se trata de la reforma a varios artículos de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 19.951.

Su aprobación es parte de las acciones que el país debe cumplir para no ser parte de la lista de países no cooperantes de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales).

Gómez detalló que Costa Rica dará cuentas, el próximo 10 de mayo, de los pasos dados en ese sentido.

En febrero pasado, la GAFI dio una prórroga hasta junio próximo para cumplir medidas y evitar entrar a la llamada “lista gris”, entre ellas el proyecto que se discute y que exige a profesionales y actividades que administren fondos de terceros, a reportar situaciones sospechosas y a cumplir con los requisitos de “Conozca a su cliente”, aseveró Gómez.

Para el abogado, esto puede generar incomodidad entre algunos sectores pero es menos de lo que ya hacen los bancos.

Algunos profesionales que tendrían que cumplir esos cambios son abogados, contadores y notarios que administren fondos de terceros, así como algunas actividades, entre esas casinos, agentes inmobiliarios, ventas de joyas y administradores de fideicomisos, dijo Ortega.

Reacciones. Dunia Zamora, fiscal del Colegio de Contadores Públicos, comentó que diferentes colegios profesionales se reunieron ayer con diputados y miembros del Gobierno para precisaron algunos asuntos.

Por ejemplo, el tema de multas y de cuáles contadores quedarían cubiertos por el plan.

El presidente del Colegio de Abogados, Froylán Alvarado, confirmó la cita con los legisladores, en la cual, dijo, presentaron sus observaciones para que no se afecte el ejercicio liberal de la profesión. Afirmó que el Colegio apoya la iniciativa de ley.

Este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y se encuentra en el plenario legislativo.

Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, informó ayer de que hay posibilidades de que el proyecto reciba la votación hoy mismo.