Natasha Cambronero. 2 octubre, 2018
La Corte Suprema de Justicia. Foto: Diana Méndez

La Fiscalía General investiga a nueve magistrados y nueve exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber aprobado un plus salarial que elevó, en cuestión de dos años, sus propios salarios y los de otros altos cargos del Poder Judicial, entre un 26% y un 96%.

A ellos se les indaga por el presunto delito de administración en provecho propio, desde el pasado 12 de setiembre y la causa se tramita bajo el expediente N°. 18-000176-033-PE.

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sanciona con prisión de uno a ocho años al funcionario que "participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo”.

La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación e indicó que “no es posible brindar la identidad de la persona denunciante”.

“Los hechos denunciados refieren a la aprobación presuntamente irregular de un aumento salarial para las clases gerenciales del Poder Judicial. La causa se encuentra en investigación dentro de la etapa preparatoria, de recolección y análisis de pruebas, la cual es privada para terceras personas, según el artículo 295 el Código Procesal Penal”, indicó ese despacho en un correo electrónico, ante una consulta de La Nación.

En la causa figuran como denunciados los magistrados Fernando Castillo Víquez, Carmenmaría Escoto Fernández y José Paulino Hernández Gutiérrez (suplente), de la Sala Constitucional; Jesús Ramírez Quirós, de la Sala III; Eva Camacho Vargas, Orlando Aguirre Gómez y Julia Varela Araya, de la Sala II; y Luis Guillermo Rivas Loáiciga y Román Solís Zelaya, de la Sala I.

Además, los exmagistrados Ernesto Jinesta Lobo, Ana Virginia Calzada Miranda, Gilbert Armijo Sancho y Adrián Vargas Benavides, de la Sala IV; Alfonso Chaves Ramírez, Carlos Chinchilla Sandí, Magda Pereira Villalobos y José Manuel Arroyo Gutiérrez, de la Sala III; y Rolando Vega Robert, de la Sala II.

A ellos se les cuestiona el haber aprobado, entre el 2008 y el 2010, ese beneficio salarial que privilegia a una cúpula de 46 funcionarios que ostentan los puestos de más alto rango de la Corte y, por consiguiente, los salarios más costosos.

En el 2008, la creación de ese incentivo significó un aumento para la cúpula del Poder Judicial de entre un 10% y un 58%, dependiendo del cargo.

Dos años después, ese plus dejó de ser un sobresueldo y se convirtió en un componente del salario base con lo que los sueldos subieron otra vez pero un 25%, pues los pluses están concatenados a esa remuneración base.

No todos los 18 denunciados participaron en las dos votaciones, algunos solo apoyaron uno de los dos ajustes.

Además de los 22 magistrados, ese incentivo lo reciben 24 jerarcas más como el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); el jefe y el subjefe de la Defensa Pública; el fiscal general y los directores y subdirectores administrativos; así como los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial.

Entre el 2008 y 2017, el pago de ese plus le costó a la Corte más de ¢2.000 millones. Si bien en tan solo dos años la cúpula judicial recibió aumentos entre el 26% y el 96%, en promedio, el alza es de un 60%.

En defensa de los ajustes

El magistrado Luis Guillermo Rivas asegura que él votó a favor de crear ese beneficio, en el 2008, porque la Procuraduría General de la República (PGR, que funge como abogado del Estado) y la Contraloría General de la República (CGR, órgano fiscalizador) no señalaron ningún impedimento para hacerlo.

“Previamente a tomarse esa decisión, la Corte consultó a la Procuraduría y a la Contraloría, si los integrantes de Corte podíamos decidir eso, y la respuesta fue positiva, en sentido de que sí podíamos tomar esa determinación. También se hizo un estudio de mercado para comparar los salarios de otros jerarcas de instituciones, que tuvieran iguales tareas con el objeto de no exceder esos otros salarios”, expresó Rivas.

Con él coincide el expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla: “En ese momento teníamos un estudio del tema y se había consultado a la Procuraduría y Contraloría y ellos dieron dictamen favorable a que la Corte decidiera (...).

Por su parte, Fernando Castillo aseguró que en 2010 lo único que se hizo fue un ajuste de categorías salariales.

“Lo que ocurrió ahí básicamente fue que, a solicitud de un estudio del departamento de personal, ustedes pueden ver los acuerdos que están ahí, se dijo que era necesario aprobar unas categorías y la Corte por unanimidad aprobó esa decisión, ya eso se había aprobado, en el 2008″, dijo Castillo.

Una similar postura expresó Carmenmaría Escoto, quien votó a favor en 2010, pero en contra en 2008. Mientras, José Manuel Arroyo dijo no recordar si votó afirmativamente en 2010.

"Hasta donde yo me acuerdo, yo estuve en contra de ese aumento y tiene que haber un acta donde consta el asunto, yo me opuse al tema (...). Es probable que en 2010 estuviera de acuerdo con el tema del salario base, pero no me acuerdo”, declaró Arroyo.

Eva Camacho, de la Sala II, votó en favor del ajuste del 2010 porque afirma, existía un sustento contable y se trataba de una decisión tomada años atrás: “Me acuerdo que cuando a mí me tocó resolver el asunto ya había sido conocido por la Corte mucho antes, fue una reiteración de acuerdos ya tomados antes por la Corte y había un informe contable de que eso se había realizado así".

Rolando Vega dijo no tener conocimiento de la denuncia y que necesitaba “sacar el ratito para para ver el asunto”, pero que “hoy lo tengo complicado”. A Orlando Aguirre y Julia Varela se les consultó por correo electrónico, pero al cierre de esta edición no habían contestado.

Los magistrados consultados afirmaron desconocer la denuncia y las investigaciones del Ministerio Público.

La primer alza del 2008

El 11 de agosto del 2008, en la sesión N.° 26 de la Corte Plena, los magistrados aprobaron la creación del beneficio, como un sobresueldo que aumentaría los salarios de la clase gerencial entre un 10% y un 58%, según el cargo.

El alza se aprobó luego de que la Corte Plena y el Consejo Superior solicitaron al Departamento de Personal realizar el Informe para la definición del estrato gerencial en el Poder Judicial y su correcta ubicación salarial.

En esa oportunidad, alegaron que sus salarios no eran competitivos en comparación con los que se pagaban en el sector privado y en otras entidades públicas. También se argumentó que sus ingresos eran muy inferiores a los de sus homólogos en América Latina y Europa.

De los 18 magistrados presentes en la sesión, 11 votaron a favor de la aprobación del índice gerencial, mientras que siete se manifestaron en contra.

Uno de los salarios base que creció en hasta un 58% fue el del director del OIJ, el cual pasó de ¢753.000 a ¢1.187.000 mensuales.

El segundo ajuste, aprobado por unanimidad

Dos años más tarde, en el 2010, los magistrados engrosaron un poco el índice gerencial.

En aquella ocasión, el argumento fue que recién se habían otorgado incrementos a otros sectores del Poder Judicial, lo cual acercaba los sueldos de la clase gerencial con los de otros estratos.

Para los magistrados resultaba desequilibrante que sus salarios se equipararan a los de jueces, fiscales, defensores públicos y jefaturas del sector administrativo y por ello, decidieron adjudicarse un nuevo incremento.

Esa vez lo hicieron no como un sobresueldo, sino agregando el índice gerencial como un componente del salario base. Con esto, se garantizaban que el resto de pluses recibidos también se incrementaran, pues estos están concatenados al salario base.

Los 16 magistrados presentes votaron a favor, en forma unánime, y la decisión se vio reflejada en un incremento salarial del 25% para los 46 altos mandos.

Con el nuevo ajuste, el salario base del director del OIJ subió a ¢1.479.000, lo que implicó un aumento de un 96% en cuestión de dos años.

Para el magistrado presidente de la Corte, el sueldo base subió en un 68% entre el 2008 y el 2010. Pasó de ¢1,3 millones a casi ¢2,2 millones.

Colaboraron con esta información los periodistas Gustavo Arias Retana y Christine Jenkins.