En Costa Rica, además del comercio y la exportación ilegal de arte prehispánico, está prohibida la posesión de piezas en manos de particulares que no hayan probado su propiedad antes del año 1938. La tenencia solo se permite si la persona registró su colección ante el Museo Nacional durante los seis meses de amnistía que dio la ley hace 34 años.
Por esa razón, el Museo Nacional y el OIJ van tras la pista de quienes aun conservan estas antigüedades. Lo han hecho, primordialmente, en San José, Heredia y Guanacaste.
Eso ocurrió en una vivienda en San Rafael de Heredia, donde por tres décadas se ocultaron dos secretos. En ella vivía, por temporadas, Harry Mannil, un empresario de Estonia que resguardaba en su residencia una colección de artículos de piedra precolombina.
Falleció en enero de 2010, seis meses antes de que el OIJ le decomisara los 108 objetos que adornaban la cava, recámaras y jardines.
Un día después, el 24 de julio de 2010, La Nación tituló: “Fiscalía realizó el mayor decomiso de piezas arqueológicas en la historia”, en el reportaje destacaba una foto de Patricia Fumero, directora del Museo Nacional. En realidad, la más grande incautación ocurriría un mes después y estaría relacionada con familiares de Fumero. Dos denuncias anónimas condujeron a la colección de sus tíos, donde había 3.192 bienes de hasta dos milenios de antigüedad.
La cantidad de objetos era tanta que exigió a las arqueólogas del Museo Nacional y a los agentes del OIJ trabajar cuatro días hasta avanzada la noche para registrarlas. “Una levantaba una planta o una piedra y encontraba un metate, una vasija”, recuerda la arqueóloga Cleria Ruiz.
El caso finalizó en 2013, cuando un tribunal sobreseyó a la tía de Fumero, quien, según las autoridades, no actuó con dolo. Sus abogados siempre alegaron que el Museo Nacional sabía de esa colección, aunque sus autoridades no tenían registro de ella. Dos años antes, también se desestimó que la exdirectora del Museo hubiera usado su cargo para proteger a sus parientes.
El chofer y la caja
El remezón del llamado caso Dada-Fumero fue tal que una mañana, antes de terminar agosto de 2010, un chofer dejó en el Museo Nacional, en San José, dos cajas de cartón con un rótulo: colección Dada. No había señas de quién las enviaba, pero una cámara de vigilancia delató al remitente.
Leidy Bonilla, arqueóloga del Museo, abrió las cajas y descubrió en ellas 17 reliquias. Destacaban metates de piedra de la Gran Nicoya, de entre el año 1 al 500 después de Cristo, cubiertos de musgo y en mal estado. Pidió el video de la cámara de seguridad y anotó el número de placa del auto del chofer. Minutos después, se reveló al propietario del vehículo: Henning Jensen, actual rector de la Universidad de Costa Rica.
El Museo los denunció, pero el caso terminó en diciembre de 2011 sin condena para los dos. El juez no halló delito.
"Un miembro de la familia Dada me obsequió un conjunto de piezas arqueológicas de su colección. Al no considerarme legalmente legitimado para tenerlas en mi custodia, las entregué voluntariamente al Museo Nacional, con el fin de preservar un bien jurídico y proteger una muestra de nuestro patrimonio arqueológico", afirmó Jensen.
La mayoría de los procesos judiciales contra coleccionistas no conlleva condenas. En siete de cada 10 casos se dictó el sobreseimiento o hubo conciliación con el Estado. Los demás han sido desestimados por falta de pruebas. Lo que sí es un hecho es que los bienes incautados siempre regresan al Museo Nacional.
En decenas de estantes de sus bodegas se conservan 10.000 piezas rescatadas desde 1982. A todas ellas les falta lo esencial. Quienes alguna vez las poseyeron, por su belleza o su valor monetario, les arrancaron la historia que contaban sobre los costarricenses más antiguos. Les borraron la memoria.