Carlos Patiño, en representación de una alianza de organismos de la Iglesia Católica y sectores comunitarios, dijo a Tierramérica que la iniciativa impone por primera vez la convocatoria de plebiscitos para que la ciudadanía decida si acepta o no cualquier proyecto de exploración minera en el distrito que habita.
También establece un aumento de los impuestos municipales de uno a dos por ciento de lo obtenido por este concepto.
El diputado Donaldo Reyes Avelar, del gobernante Partido Nacional, se manifestó confiado en que la propuesta sea aprobada a mediados de este año para poder así regular una actividad productiva que genera un promedio de $223 millones por año en divisas para el país.
Hasta el presente hay unas 250 solicitudes de exploración estancadas por falta de una legislación clara y reglamentada.