De acuerdo con la defensora Ofelia Taitelbaum, son constantes los ejemplos en los que el Estado ha cedido a entes privados las decisiones sobre temas que afectan los derechos de los ciudadanos.
Uno de ellos, dice la Defensoría, es lo inconveniente que es que "en relación a la ruta 27 (San José-Caldera) no haya una verdadera fiscalización y contabilidad de lo que pagan los costarricenses en los peajes, más aún cuando se sabe que esa concesión fue dada a una empresa privada en función de lo que se recaude", explicó la defensora.
También llamó la atención de que en el tema de vivienda social "el Estado ha dado esa labor a la empresa privada, que es la que decide sobre los proyectos", dijo Taitelbaum.