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Líderes de organizaciones criminales que dirigen sus bandas incluso desde Máxima Seguridad, frecuentes estafas desde las prisiones o tráfico de teléfonos en el que hasta se usan gatos, son parte de las razones que llevaron a los diputados a aprobar un proyecto de ley que ordena el bloqueo de señal de los celulares en las cárceles del país.
Sin embargo, la solución no es así de sencilla y las primeras voces en advertirlo se elevan desde el sector telecomunicaciones, para el cual, la normativa aprobada en primer debate y de forma unánime por los diputados el 24 de mayo, es un traslado de responsabilidades por parte del Ministerio de Justicia y Paz.
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"El proyecto aprobado busca simplificar una solución técnica que es compleja, trasladando enteramente a los operadores la responsabilidad y obligación de bloquear la señal, ante la imposibilidad de las autoridades penitenciarias de atender su deber de evitar el ingreso de terminales (teléfonos celulares) a los centros de reclusión", indicó la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
La organización manifestó su disconformidad con la normativa que obliga a los operadores a aplicar soluciones técnicas para impedir el uso de celulares en las prisiones.
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La molestia surge, en primera instancia, porque consideran que el problema debe ser resuelto por el Ministerio de Justicia y no por acciones técnicas en manos de operadores de telefonía, las cuales podrían además afectar a usuarios sin ninguna relación.
"El método 100% efectivo para eliminar llamadas desde los centros de reclusión es evitando que ingresen los teléfonos celulares, y eso es obligación de las autoridades penitenciarias", indicó Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Infocom, que agrupa a las operadoras del país.
Para Ramírez, el proyecto parte de la premisa de que seguirán entrando dispositivos a las cárceles y por eso traslada la responsabilidad a los operadores, para que bloqueen las señales. Ese modelo se ha utilizado en El Salvador, Honduras y Guatemala.
"No existe un solo caso exitoso bajo este enfoque", aseveró la directora.
Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, rechazó que este plan se haya promovido porque Justicia no quiera seguir detectando el ingreso de celulares a los centros penales.
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Al año, dijo, decomisan 4.000 celulares en las prisiones. Según él, eso demuestra "los enormes esfuerzos" que hacen para evitar los aparatos en los centros de reclusión pero, reconoció que no es suficiente, de ahí que haya reos incluso dirigiendo grupos delictivos, gracias al acceso que tienen a teléfonos.
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"Lo que pasa es que lamentablemente no logramos frenarlo del todo porque los reos, las visitas, y hasta los funcionarios, aprovechan oportunidades para meterlos. Para nosotros es más fácil encontrarlos en los módulos que al momento de su ingreso.
"Hay un tema que se debe entender y es por qué se da el ingreso. ¿Por qué? Porque hay señal celular", señaló Bertozzi, al explicar la razón de la iniciativa de trasladar la responsabilidad a las operadoras, puesto que, a su criterio, son las empresas las que pueden dar una solución tecnológica a la problemática.
El funcionario recalcó: "nosotros no tenemos forma tecnológica ni técnica para inhibir la señal. Entonces, acabada la señal, acabado el problema".
Además, estima que se trata de una contribución a la seguridad ciudadana, que debe estar por encima de los intereses comerciales.
Marvin Atencio, diputado del Partido Acción Ciudadana en la pasada legislatura, admitió que durante el análisis del proyecto no se tomó en consideración el punto de vista de las operadoras.
"No sabría decirle por qué no se hizo, pero hubiera sido importante conocer detalles más técnicos de este proyecto", indicó el congresista, quien fue parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que discutió la iniciativa.
Sin puntos claros
Más allá de cuestiones técnicas, Infocom apuntó que hay muchos aspectos que aún no tienen claros. Por ejemplo, no se establecen las obligaciones del Estado.
"¿Quién dará el eventual mantenimiento o reposición de los equipos que puedan ser dañados? En otros países, la misma población penitenciaria logra identificar y dañar los equipos con frecuencia”, mencionó Ramírez.
Para Bertozzi, el tema se resolverá con la creación del reglamento, cuya elaboración estará a cargo de Justicia, del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Adelantó, eso sí, que el mantenimiento también estaría a cargo de las operadoras.
"No es solo el bloqueo. Esto no es una acción de una vez y nada más. Es una acción sostenida en el tiempo mientras se necesite", advirtió.
'Afectación segura'.
Pese a que la iniciativa indica que las operadoras deben garantizar que no se afectará el servicio de las personas que viven en los alrededores de las prisiones, Infocom señaló que eso no se puede asegurar y resaltó que, en otros países, este modelo ha conducido a "masivas afectaciones" de poblaciones aledañas.
"Difícilmente una solución pueda ser inocua para zonas aledañas. O, por el contrario, para asegurar que no haya afectación a la población, la solución de bloqueo u otra que se implemente probablemente tendrá zonas a lo interno de los recintos (especialmente aquellas colindantes con calles y poblaciones) en los que habrá posibilidad de establecer comunicaciones, aunque sea esporádicamente", apuntó.
Bertozzi descalificó esas afirmaciones y aseguró que, basándose en experiencias de otras naciones, la afectación que se da en poblaciones vecinas es “muy baja, si es que hay”.
“Decir que hay afectación es tergiversar la realidad (...). Hay bloqueos que son focalizados y que tienen un rango específico y es posible hacerlo”, aseveró el director de la Policía Penitenciaria.
No obstante, la directora de Infocom insistió en que no es posible confinar el bloqueo de señal con absoluta precisión y añadió que decir lo contrario sería una "muestra de desconocimiento del funcionamiento de las redes móviles, especialmente en espacios abiertos".
"Bloquear la señal celular es, en esencia, introducir un ruido en las bandas de espectro en la que opera esta señal. No es cierto que se pueda delimitar con total precisión el área que se verá afectada y aquella que no", apuntó Ramírez.
Explicó que las redes móviles modernas están diseñadas para maximizar la posibilidad de conexión de todo aquel que tenga un teléfono y acceso a la red, por lo tanto, bloquear la señal en un área determinada es justamente el proceso inverso a la tecnología móvil. Por esa causa, no es posible garantizar que se pueda evitar toda comunicación saliente sin afectar a usuarios aledaños..
En un recorrido que hizo La Nación en las cercanías del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, los vecinos se mostraron molestos por el posible bloqueo celular.
Varios dijeron entender que es necesario frenar la comunicación de los reos con el exterior, pero reprochan la afectación que esto tendría en el servicio.
Infocom mencionó que sostuvo reuniones con Justicia desde meses atrás para exponer las preocupaciones y explicar que, con este modelo, las operadoras incumplirán con la cobertura y calidad que deben darle a sus usuarios.
"Tal cual está planteado, (el proyecto) se convierte en un obstáculo para cumplir dichos compromisos y les expone a ser sancionados", explicó Ramírez.
Bertozzi admitió que ellos mantuvieron citas con Infocom pero que la posición de la Cámara fue insistir en que el plan de ley no debía presentarse.
"Nunca hubo una preocupación oficiosa (de operadoras) a partir de noticias que se han generado desde la cárcel. Las veces que se han sentado a conversar con nosotros es para decirnos que el proyecto no tiene que pasar", apuntó.
'Seré una reclusa más'
"Hoy poy hoy, la señal aquí es bien malita. Ahora, imagínese usted cuando implementen este bloqueo celular; nosotros vamos a quedar incomunicados y por eso no vamos a tener chance ni tan siquiera de atender una emergencia, porque, diay, no podemos avisarle a nadie".
Mary Cambronero es una de las personas que viven cerca del complejo de La Reforma, en San Rafael de Alajuela y que se oponen al bloqueo de la señal celular en este lugar debido a la afectación que eso representaría, según estiman, en el servicio que reciben.
Ella vive justo al lado del Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora, que es parte de ese complejo, y aseguró que, cuando el plan sea puesto en marcha, ella será "una reclusa más".
"Yo estoy muy de acuerdo con que se tomen medidas para frenar la comunicación de los muchachos presos con el mundo exterior. Me parece que es un bien para la sociedad. Lo que yo no entiendo es por qué tenemos que pagar justos por pecadores", apuntó.
'Nadie se tomó la molestia de pensar en nosotros'
Albert Rivera vive y trabaja a escasos metros del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, y aseguró que no sabrá qué hacer si aprueban el bloqueo celular.
Su trabajo, según dice, le exige estar en contacto telefónico con sus clientes, por lo que se vería "terriblemente" afectado.
"Nadie se tomó la molestia de pensar en nosotros. Los diputados pensaron que 'salados' nosotros por vivir cerca, que nos tenemos que aguantar. Pero las cosas no son así, aquí nosotros nos ganamos la vida y no le debemos nada a la ley", reprochó.
También lamentó que ninguna autoridad se acercara a conversar con los lugareños.
"Hasta hoy yo no sé cuáles efectos tendrá sobre nosotros. Y es bastante molesto que nadie se tomara la molestia de informarnos nada", reiteró.
