Un sujeto identificado como Leonel Mora Núñez, alias Gordo Leo, dirigía desde Máxima Seguridad de La Reforma una banda narcotraficante relacionada con al menos cinco homicidios y que generaba ganancias de ¢35 millones al día.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, confirmó que la organización fue desarticulada este miércoles en 14 allanamientos que permitieron la captura de siete hombres y seis mujeres.
Las intervenciones se realizaron en Desamparados, Curridabat y San Francisco de Dos Ríos, en San José; La Unión de Cartago y en Cahuita, cantón de Talamanca, Limón. Además, hubo otro allanamiento en La Reforma, donde el cabecilla cumple una pena de 10 años, también por delitos relacionados con narcotráfico.
Lo anterior porque ya Mora había dirigido organizaciones similares pese a estar tras las rejas.
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Según información del Ministerio Público, tras caer en prisión, Mora "logró recomponer la organización criminal".
Con ese objetivo, presuntamente, había puesto a una mujer de apellidos Núñez Sequeira, de 43 años, a cargo de los "puntos de venta" y la administración. Ella, considerada una pieza de confianza del cabecilla, recibía las instrucciones gracias a llamadas telefónicas que recibía desde la cárcel.
Por esta razón, Soto insistió en la necesidad de bloquear la señal telefónica celular en los centros penitenciarios, al advertir que el líder tenía toda una estructura en el exterior, con la que se comunicaba fácilmente.
De acuerdo con las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el grupo almacenaba grandes cantidades de cocaína, marihuana, y crack que luego era distribuida y comercializada en Desamparados, principalmente en Los Guido y La Capri.
Tres hijos de Nuñez, entre ellos dos mujeres, una de ellas con antecedentes por transporte de drogas, eran parte de la red.
Esos lazos familiares permitían a la segunda en el mando delegar con más confianza algunas responsabilidades de la organización.
Las hijas eran las encargadas de preparar las drogas y su control de calidad, mientras que su hijo varón tenía a cargo la recolección de las ganancias, así como las acciones para introducir estupefacientes en centros penitenciarios. Todos son de apellidos Navarro Núñez.
A ellos se suman nueve adultos más que responden a los apellidos Arias Alemán, Vaz Mc Elliot, Cambronero Barahona, González González, Montes Monge, Ramírez Rojas, Vásquez Solís, López Cascante y León Ledezma.
Ellos eran responsables del transporte y distribución de la droga, ventas y seguridad de la organización.
El ministro Soto explicó que la investigación empezó en abril del 2016 con decomisos de puntos de narcomenudeo que pertenecían a la citada estructura. A lo largo de este tiempo, la PCD se incautó de más carros, droga y dinero.
Negocio lucrativo
La banda tenía cuatro búnkeres y 10 puntos de venta en esquinas de La Capri. También habían 10 búnkeres y 20 puntos de venta en esquinas de Los Guido.
Cada búnker puede generar hasta ¢1,5 millones diarios, mientras que las ventas en esquinas generan hasta ¢500.000 por día.
"Esto es un negocio sumamente lucrativo, por eso es que se dan las muertes y por eso es que se generan las pugnas entre los grupos", dijo Soto.
El jerarca de Seguridad afirmó que van a reforzar el abordaje policial en los sitios de La Capri y Los Guido donde operaba la estructura desarticulada. Lo anterior para no perder el control de la zona donde, al quedar un hueco de liderazgo, otros grupos podrían intentar entrar en pugna por ese territorio.
En las acciones de este miércoles se decomisaron 16,7 kilos de marihuana, 1.112 dosis de crack, 1 kilo de cocaína, éxtasis, seis armas de fuego, una granada de fragmentación, cinco carros, ¢5,7 millones y $154 en efectivo.
Además la Policía se incautó de 41 pastillas de una sustancia no determinada, así como de 419 proyectiles, un chaleco antibalas, y dos cadenas de oro.
A balazos
Si un grupo pretendía entrar a la zona dominada por la banda de Mora, el mensaje era contundente y a balazos se les dejaba ver que debían alejarse.
La Policía le atribuye a esta organización un triple homicidio en Río Azul de La Unión, Cartago, donde fallecieron acribillados dos hombres dentro de un carro y otro más murió en el centro médico al que ingresó después.
Uno de los fallecidos en este hecho, ocurrido el 24 de julio del 2017, fue Luis Fernando Ayala, de 23 años.
Solo uno de los cuatro ocupantes del carro sobrevivió. En la escena los agentes judiciales encontraron 25 casquillos de una pistola 9 milímetros.
En otro caso que se les atribuye, el 8 de abril de este año, hubo 200 disparos contra una vivienda en el sector siete de Los Guido, donde resultó herido un individuo que luego perdió la vida en el hospital.
El 6 de diciembre del año pasado asesinaron a Édgar Díaz Mora, de 24 años, quien supuestamente era miembro de la organización y falleció debido a una golpiza.
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Por este caso específicamente se vincula a la mujer de apellido Núñez y a otro de los capturados este miércoles, apellidado Montes Monge. El caso se tramita bajo el expediente 16-000119-1219-PE.